Una mirada sobre la futura reforma constitucional en Santa Fe: "Necesita una mayor participación ciudadana"

En el marco del proceso de reforma parcial de la Constitución de Santa Fe, el abogado constitucionalista Oscar Blando -en diálogo con Fabián Acosta por UNO 106.3 FM-, analizó los desafíos y falencias de este proceso, haciendo especial énfasis en la falta de participación ciudadana y en los límites que impone la actual Carta Magna provincial.

- ¿Cómo evalúa este proceso de reforma constitucional?

- Si bien es positivo que, después de muchos años, se haya logrado un acuerdo político para avanzar con la reforma, considero que ha faltado información y participación ciudadana. Los legisladores debatieron y aprobaron la ley de necesidad, y ahora los candidatos van a expresar sus posturas en el marco del proceso electoral. Sin embargo, no se ha escuchado la voz de la ciudadanía ni de las instituciones. Este proceso no solo necesita legitimidad política, que la tiene, sino también legitimidad social. La sociedad debe conocer, debatir y participar en la discusión de los cambios que se introducirán en la ley más importante de la provincia. Ojalá, después de las elecciones, este proceso pueda enriquecerse.

- ¿Cómo compara este proceso con reformas anteriores?

- Por ejemplo, en la gestión del exgobernador Miguel Lifschitz, durante un año y medio se consultó a sectores sociales, académicos y otras instituciones. Ese fue un proceso más virtuoso. En este caso, no ha ocurrido lo mismo, lo que podría reforzar la crítica de quienes sostienen que esta reforma solo responde a intereses de la política y los políticos.

Está en discusión la posibilidad de reelección del gobernador en ejercicio Está en discusión la posibilidad de reelección del gobernador en ejercicio

- Se ha reabierto el debate sobre la soberanía de la Convención Constituyente. Algunos sostienen que debería poder discutir todos los temas que considere pertinentes. ¿Qué opina al respecto?

- Es un viejo debate del parlamentarismo argentino. En la reforma de 1994 se discutieron posturas similares, con doctrinas como la de Carlos Nino. Pero la Constitución de Santa Fe es clara: en su artículo 114 establece que, tratándose de una reforma parcial, la Convención no puede pronunciarse sobre temas que no hayan sido habilitados por la ley de necesidad. Esto significa que su soberanía está delimitada por la legislación vigente.

Oscar Blando.

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

- ¿Cuáles son los temas que debieron haberse incorporado en la reforma y no fueron incluidos?

- Uno de los más relevantes es el sistema unicameral o bicameral. También la representación en el Senado, que actualmente elige un solo representante por departamento, lo que afecta la proporcionalidad y el pluralismo. Además, esto impacta en la representación de las mujeres, ya que al haber solo una banca por departamento, no se pueden aplicar cuotas ni garantizar la paridad de género. En la última elección, por ejemplo, de los 19 senadores electos, ninguno fue mujer.

- En cuanto a la reelección del gobernador, ¿cuál es su postura?

- La reforma podría habilitar una reelección, ya que actualmente el gobernador es el único cargo de elección popular en la provincia que no la tiene. Sin embargo, es clave definir si será por un solo periodo o más. También está en discusión la posibilidad de reelección del gobernador en ejercicio, lo que podría resolverse mediante una cláusula transitoria, como sucedió en la reforma nacional de 1994.

- Recientemente, el gobernador mencionó que "las penas deben ser más duras" y que esto debería reflejarse en la Constitución provincial. ¿Qué opina sobre esto?

- Es un error. La Constitución provincial no puede fijar penas, ya que es una competencia del Código Penal nacional y de la política criminal del país. Además, afirmar que esta reforma "no será garantista" es un oxímoron. Toda Constitución democrática es garantista por definición, ya que debe proteger derechos sociales, políticos y civiles. La nueva Carta Magna provincial no podrá contradecir los tratados internacionales de derechos humanos a los que Argentina está suscripta.