Viernes 29 de Abril de 2022
A partir de la última balacera que se produjo a la salida del Club Villa Dora, en la madrugada del Viernes Santo, más de 40 vecinos se organizaron para recurrir a la Defensoría del Pueblo, elevar una nota al intendente Emilio Jatón y solicitar un pedido de informe sobre ordenanzas y habilitaciones a la Secretaría de Control de la Municipalidad, con un único objetivo: el traslado del baile a un lugar habilitado por la legislación santafesina.
“Lo único que van a rever los funcionarios públicos es el tema de seguridad fuera del baile que, aparentemente para ellos, es lo que a nosotros nos preocupa. Por supuesto la seguridad nos preocupa, pero no es lo único. Nos preocupa la violación de las ordenanzas municipales y el descaro para seguir excusando y demorando el cumplimento de la normativa que es lo que ocasiona la inseguridad y el descontrol que perturban la tranquilidad del barrio”, explican en el comunicado publicado tras una nueva reunión con las autoridades.
A lo largo de los años se produjeron numerosas reuniones entre los ciudadanos y el Club, que manifiesta que sin el baile no podría subsistir, y siempre promete agregar más seguridad; lo que según los vecinos, dura un tiempo y luego se desvanece.
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“El problema de base es la violación y desnaturalización de la ordenanza municipal para estos eventos, y la negligencia voluntaria en su interpretación”, denuncian los vecinos, precisando que existen funcionarios municipales que argumentan que la habilitación del Club se basa en una ordenanza que tiene “grises”.
La norma es la Ordenanza Municipal 9.139, que en su momento obligó a todos los boliches de la ciudad a trasladarse a la Ruta 168, decisión que cosechó muchas críticas de los empresarios afectados e incluso de los asistentes de estos eventos bailables. “En los grises tenemos tres heridos de bala, impactos de balas en frentes de viviendas familiares, peleas entre barras, una empresa con figura de evento cultural y una connivencia entre funcionarios y directivos. Evidentemente esto no se puede sostener”.
“Esto deja ver claramente el desinterés en el cumplimiento de la normativa, mencionando la cultura, la recreación y el derecho por antigüedad, entre otras cosas, como excusas para seguir permitiendo lo que no corresponde y negando nuestros derechos como ciudadanos a la normal convivencia”, reclamaron.
Y declararon: “Seguiremos las instancias necesarias hasta que la figura de «evento cultural», como la llaman algunos funcionarios, se traslade definitivamente del barrio”.
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En el comunicado los vecinos se refieren a sí mismos como “víctimas de estas malas interpretaciones y rehenes de una situación que puede terminar con más daños y perjuicios irreparables”.
Hasta que no se efectivice el traslado del baile de Villa Dora los vecinos no van a estar satisfechos, pero en el mientras tanto, exigen las siguientes medidas de seguridad:
Finalmente, sentenciaron: “Ante el menor incidente, sea de descontrol o de inseguridad, serán pasibles de demandas civiles y penales los funcionarios públicos directamente vinculados a este evento, la Comisión Directiva del Club, el intendente de la ciudad y quien más corresponda”.
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