A casi un mes del allanamiento a la casa del futbolista de Unión, Cristian Tarragona, la Fiscalía continúa evaluando el material secuestrado en el marco de la operación internacional “Escudo por la Infancia”, dirigida a investigar la tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (Masi).
Se cumplió un mes del allanamiento a la casa de Cristian Tarragona: cómo avanza la causa
La Justicia continúa analizando los dispositivos secuestrados en la casa de Cristian Tarragona durante el operativo internacional “Escudo por la Infancia”.
Por Ovación
Prensa Unión
El procedimiento se ejecutó el 13 de noviembre en un domicilio ubicado en la manzana 7 de Alto Verde, propiedad del jugador. De manera simultánea, se realizó otro operativo vinculado en Villa Constitución, como parte de la misma investigación global.
Qué dispositivos secuestró la PDI
Durante el allanamiento, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) confiscó 20 dispositivos electrónicos, entre ellos celulares, tablets, consolas, pendrives, tarjetas SD, relojes inteligentes e iPads. Todo ese material quedó bajo resguardo judicial para su análisis técnico. La revisión de los elementos incautados es considerada clave para determinar si existió circulación o almacenamiento de contenido ilegal, según informaron fuentes del caso.
Peritajes ordenados por Fiscalía
A días de cumplirse un mes del operativo, el fiscal Ignacio Suasnabar dispuso el peritaje completo de los dispositivos, con especial atención en los teléfonos celulares. El resultado de estos análisis permitirá establecer si corresponde imputar a alguna de las personas que residen en el domicilio allanado.
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Por qué se realizó el allanamiento
El procedimiento se enmarcó en la operación internacional “Escudo por la Infancia”, un programa que utiliza alertas tempranas, análisis de direcciones IP y cooperación entre agencias para detectar posibles redes de distribución de contenido de abuso sexual infantil.
Según el Ministerio de Seguridad, el allanamiento en Alto Verde surgió a partir de informes tecnológicos que señalaban actividad sospechosa vinculada al domicilio, lo que derivó en la intervención judicial. Mientras avanza el peritaje, la causa continúa en etapa de evaluación y no se han informado medidas adicionales.















