Consejo de la Magistratura: Martínez advirtió que si no hay tiempo para legislar habrá conflicto de intereses

El santafesino que preside el bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, se refirió en sus redes sociales al debate por la composición del Consejo de la Magistratura. En ese sentido aseguró que "hay alternativas" y advirtió que se necesita "tiempo para legislar o conflicto de poderes".

"Hoy es un día bisagra para el funcionamiento institucional de la democracia argentina. Este lunes, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) puede tomar decisiones gravísimas para la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones", dijo y aclaró: "Al expresar estas palabras no estamos «embistiendo» ni realizando una «ofensiva» contra nadie. Al contrario: estamos advirtiendo y alertando sobre la gravedad institucional del escenario que se puede configurar hoy en la justicia argentina. Lo hacemos respetando la Constitución y las leyes vigentes. Y lo hacemos convencidos de que aún hay una salida posible".

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Martínez recordó que el 16 de diciembre de 2021, luego de tener el tema en estudio durante 1.577 días, la CSJ declaró inconstitucional la ley 26.080 que en el 2006 modificó la composición del Consejo de la Magistratura. La CSJ "dijo además que el Congreso tenía 120 días para sancionar una nueva ley, que modifique la composición del Consejo de la Magistratura. A esa altura, la CSJ ya sabía que desde finales de noviembre el Poder Ejecutivo había ingresado en el Senado de la Nación un proyecto que modificaba la conformación del Consejo, llevándolo de 13 a 17 miembros".

Pero Martínez advirtió que en el fallo de diciembre de 2021 la Corte también indicó que si no se lograba una nueva ley en esos plazos, se reponía la vigencia de la ley 24.937 sancionada en diciembre de 1997.

"Esa ley de 1997, le daba al Consejo una conformación de 20 miembros y le cedía la Presidencia del Consejo al Presidente de la CSJ, por aquél entonces Julio Nazareno, un ícono de los tiempos de la mayoría automática. Claramente, en ese fallo, la Corte anunciaba que estaba dispuesta a asumir facultades legislativas. Los únicos que pueden dictar leyes son los y las diputados y senadores. El Poder Ejecutivo cuenta con la herramienta constitucional de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Pero la Justicia no puede legislar", remarcó el diputado.

Luego recordó que el Senado modificó el proyecto enviado por el Ejecutivo y le dio media sanción en noviembre del año pasado. "Pero de los 120 días con que contaba el Congreso para sacar una nueva ley, la Cámara de Diputados contó solamente con 4 días hábiles. Un despropósito. Imposible legislar en tan exiguo plazo sobre un tema tan profundo. Cumplido el plazo fijado por la CSJ en su fallo ¿qué pasará este lunes?", se preguntó.

"Si en nombre de la –derogada– ley 24.937 hoy el Presidente de la Corte asume la Presidencia del Consejo de la Magistratura, se consolidará un hecho gravísimo para la vida institucional argentina. La Presidencia de la CSJ comenzará a tomar decisiones sobre el Consejo de la Magistratura en el marco de una ley derogada hace 16 años atrás. Volvemos a la toma de decisiones hiper concentrada en una sola persona: la Presidencia de la CSJ", argumentó.

"Mientras tanto –continuó–, hay una medida pre cautelar interpuesta por el Juzgado Federal Nro. 2 de Paraná ante una solicitud realizada por el diputado nacional Marcelo Casaretto. El fiscal federal de Paraná apeló, pero el juez no le concedió la apelación. En virtud de ese fallo, los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores, cuentan con 5 días hábiles para acercar al juzgado toda la información y análisis correspondiente. Mientras tanto, se tienen que abstener de enviar al Consejo las designaciones de los potenciales nuevos miembros, de acuerdo a la ley derogada en 2006".

Luego agregó: "Las autoridades del Senado y de Diputados tienen que cumplir el fallo de la Justicia Federal de Paraná que está claramente vigente. Tal es así que dirigentes opositores evalúan solicitar un “per saltum” a la Corte. No hay ninguna contradicción entre el fallo de la justicia de Paraná con el fallo de la Corte. Lo único que se pide es agotar el trámite parlamentario, contando con el tiempo suficiente".

"¿Cómo salir de esta situación? ¿Cómo evitar un gravísimo antecedente institucional? ¿Cómo evitar este conflicto de poderes? ¿Cómo encauzar institucionalmente el tema? Con una sola palabra: tiempo. Si la CSJ le concediera al Congreso 90 días más para poder abordar con profundidad el tema, avanzando sobre la media sanción del Senado, todo se podría ordenar", aseguró.

La persona que tuvo que articular la aprobación del proyecto de acuerdo con el FMI afirma que "sobre ese nuevo plazo, la Cámara de Diputados podría ir consensuando una metodología de tratamiento de la media sanción del Senado. Y todo se podría ir encauzando. Ciertamente, la totalidad de los diputados y senadores, sin distinción de espacio político de pertenencia, deberíamos estar pidiendo lo mismo: tiempo para legislar. Para eso fueron (y fuimos) elegidos".

"Si la CSJ le concede este plazo al Congreso, es porque tiene la predisposición a encaminar el tema. Si, por el contrario, este lunes el Presidente de la CSJ avanza asumiendo la Presidencia del Consejo – en función de la ley derogada en 2006 – se configurará un escenario de enorme gravedad institucional", advirtió Martínez.

Por último señaló: "Los posibles caminos están bien definidos. Darle tiempo al Congreso para legislar. O insistir en un escenario de gravedad institucional. Esas son las opciones. Y no hace falta argumentar demasiado, porque las consecuencias de ambas alternativas son muy evidentes. Será una decisión política de la Corte. Y especialmente de su Presidente. Esperemos que prime la cordura y la defensa de las instituciones".