Milei eliminó compensaciones a las empresas de larga distancia por los pasajes gratuitos por discapacidad

El Gobierno eliminó el régimen de compensaciones económicas que el Estado pagaba a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad y otros grupos alcanzados por la normativa vigente.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial de este martes. El texto dispone dejar “sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional” por los boletos gratuitos.

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José Busiemi

El esquema alcanzaba a los servicios de larga distancia y contemplaba el pago parcial por parte del Estado de los boletos sin cargo que las compañías debían otorgar en cumplimiento de la ley. Esos pasajes gratuitos están establecidos en distintas normas, que incluyen a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera y niños y adolescentes con cáncer.

La Resolución, de todos modos, aclara que esos derechos no se modifican. En ese sentido, establece que la medida “no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad”, el cual permanece “plenamente vigente y exigible”.

De esta manera, las empresas deberán continuar otorgando los pasajes sin costo, aunque dejarán de recibir compensaciones del Estado por ese concepto.

El texto recuerda que, a partir de la publicación del Decreto 883/2024, los transportistas pueden “determinar libremente recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios”.

También explica que el régimen anterior se había creado en un contexto de intervención estatal en tarifas y que tenía como objetivo “mitigar los desequilibrios económicos” derivados de los boletos gratuitos.

Según el texto, “la causa estructural que oportunamente justificó la implementación del esquema compensatorio ha sido superada”. A partir de ese cambio, el Gobierno concluye que la prolongación del sistema “torna innecesaria su continuidad”.

La Resolución también establece que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) deberá garantizar “el efectivo cumplimiento de las obligaciones” vinculadas a la emisión de pasajes gratuitos.

Además, incorpora una cláusula transitoria para asegurar que la medida no afecte situaciones anteriores, en cumplimiento del principio de “seguridad jurídica”.

Alarma en las empresas de larga distancia

La Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte se publicó justamente hoy martes en el Boletín Oficial y encendió todas las alarmas en el sector del transporte y las organizaciones sociales.

La jugada del Gobierno nacional es un clarísimo "traslado de costos". Lo que hizo la resolución fue dar de baja el régimen de compensaciones económicas (vigente desde 2018) por el cual el Estado les devolvía a las empresas una parte del valor de los pasajes que entregaban gratis por ley.

El escenario legal y comercial es sumamente complejo y abre un frente de conflicto enorme sobre cómo las empresas planean afrontarlo (y las trampas que ya se anticipan):

El argumento oficial: "La libertad da para todo"

Para justificar que el Estado se corra de financiar este derecho, la Secretaría de Transporte utilizó como argumento el Decreto de desregulación (883/2024) firmado el año pasado. El razonamiento del Gobierno es el siguiente: como ahora las empresas de larga distancia tienen "plena libertad" para fijar sus propias tarifas, recorridos y horarios sin intervención estatal, tienen el margen comercial suficiente para absorber (internalizar) el costo de esos pasajes gratuitos dentro de su estructura de negocios. Es decir, que los compensen cobrándole más caro el boleto al pasajero común.

Cómo lo van a afrontar las empresas

Acá es donde la teoría del "libre mercado" choca de frente con la realidad del transporte, y los empresarios ya están analizando sus opciones:

• Judicialización y amparos: el sector empresarial argumenta que la gratuidad es una carga pública impuesta por leyes nacionales (22.431 de discapacidad, 26.928 de trasplantados y 27.674 de oncología pediátrica). Si el Estado los obliga a dar un servicio sin pagarles nada a cambio, consideran que es una "confiscación" de sus ganancias. Por ende, las cámaras del sector ya preparan presentaciones judiciales y recursos de amparo contra la resolución.

• "Cerrar la canilla" de los cupos: aunque la resolución aclara enfáticamente que el derecho a viajar gratis sigue 100% vigente y es obligatorio, en la práctica las empresas van a empezar a restringir la oferta. Es muy probable que los usuarios empiecen a encontrarse con "caídas del sistema" en la web de la CNRT, o que las empresas argumenten de forma sistemática que los cupos por micro ya están cubiertos, obligando a la gente a hacer denuncias eternas.

• Traslado directo a la tarifa común: para las líneas que decidan cumplir a rajatabla y evitar multas, la única vía económica será encarecer los pasajes generales. Esto significa que el costo de la política social de discapacidad dejará de pagarse con las arcas del Estado y pasará a financiarse con el bolsillo de cualquier ciudadano que compre un pasaje de larga distancia.