Los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales realizarán el próximo miércoles 12 de agosto un paro total de actividades durante 24 horas, en reclamo de mejoras salariales y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Paro nacional universitario el próximo miércoles: gremios reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento
Docentes y no docentes realizarán un paro de 24 horas el miércoles 12 de agosto, sin asistencia a los lugares de trabajo. Reclaman una recomposición salarial, el pago de la deuda salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno considera que la medida de fuerza es “prematura”.
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Paro nacional: docentes y no docentes universitarios paran 24 horas el miércoles 12 de agosto.
La medida de fuerza fue anunciada en el marco de la continuidad del plan de lucha que llevan adelante las organizaciones sindicales de las universidades públicas de todo el país. El reclamo incluye la actualización de los salarios, la recuperación del poder adquisitivo perdido, el pago de la deuda salarial y la aplicación de la normativa aprobada por el Congreso.
A esto se suma el pedido de mayores recursos para las universidades nacionales y el envío de fondos destinados a los hospitales universitarios.
Paro de docentes y no docentes
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvió realizar un nuevo paro nacional de 24 horas el miércoles 12 de agosto, sin concurrencia a los lugares de trabajo.
Por su parte, la CONADU Histórica ratificó la continuidad del conflicto universitario y anunció, además, un paro nacional entre el 18 y el 22 de agosto.
La organización sindical sostuvo que las medidas responden principalmente a la falta de cumplimiento de distintos puntos de la Ley de Financiamiento Universitario y al reclamo por una recomposición de los salarios del sector.
Desde la entidad también destacaron la confirmación de una medida cautelar vinculada con el conflicto universitario y la consideraron un resultado de la organización y la movilización de la comunidad universitaria.
Según el gremio, pese a las resoluciones judiciales, el Gobierno nacional continúa sin cumplir con distintos aspectos de la normativa y la deuda salarial acumulada alcanzaría el 28,5% a junio, de acuerdo con sus estimaciones.
Reclaman una nueva Marcha Federal Universitaria
En paralelo al paro, los sindicatos plantearon la necesidad de convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria, con la participación de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, investigadores y otros sectores vinculados al sistema científico y educativo.
Los gremios sostienen que el Poder Ejecutivo lleva varios meses sin ejecutar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y cuestionan que tampoco se haya aplicado la actualización salarial que reclaman a partir de distintas resoluciones judiciales.
Entre los puntos que forman parte del reclamo también aparece la falta de transferencia de un incremento del 20% destinado a los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.
Asimismo, las organizaciones sindicales reclaman el envío de una partida extraordinaria de $50.000 millones para los hospitales universitarios.
El Gobierno calificó el paro como “prematuro”
Desde el Gobierno nacional rechazaron la convocatoria y calificaron la medida de fuerza como “prematura” e injustificada.
A través del Ministerio de Capital Humano, la administración de Javier Milei sostuvo que los compromisos salariales acordados durante la negociación paritaria fueron cumplidos.
Según explicó la cartera conducida por Sandra Pettovello, el 10 de junio se firmó un acta que estableció un incremento salarial total del 24,33%, distribuido en dos tramos.
El primer tramo, equivalente al 21,33% correspondiente a junio, ya habría sido liquidado y percibido por docentes y no docentes, mientras que el 3% restante está previsto para octubre.
De esta manera, el conflicto universitario volverá a tener una jornada de protesta el próximo miércoles, mientras los gremios reclaman la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento, una recomposición salarial y mayores recursos para el funcionamiento del sistema universitario, y el Gobierno sostiene que los acuerdos salariales vigentes están siendo cumplidos.

















