Condenaron a una familia entera por estafar a una empresa por 122 millones de pesos

El autor de delito fue Martín Darío Zabala, a quien se le impuso una pena de cinco años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo como autor de los delitos de lavado de activos agravado (por realizarse con habitualidad, utilizando para ello una persona de existencia ideal); estafas reiteradas (240 maniobras) y falsificación de cheque (reiterados).

Fue declarado autor penalmente responsable de estafas por un total de 122.415.805,81 pesos y falsificación de cheque.

A su esposa y a sus dos hijos, Marega y Santiago y Ezequiel Zabala, se les ordenaron penas de tres años de cumplimiento condicional por ser partícipes secundarios del lavado de activos. Además, se canceló la personería jurídica a la firma a través de la cual realizaron los ilícitos, debieron realizar una reparación económica a la empresa a la que perjudicaron, se les decomisaron bienes y deberán pagar las costas del proceso penal.

“Los imputados admitieron expresamente su culpabilidad en los hechos ilícitos”, destacó el fiscal Mai. También indicó que “tanto las personas investigadas como su abogado manifestaron su conformidad con los hechos que les atribuimos, aceptaron la calificación legal, el monto de la pena, su modo de ejecución y el procedimiento abreviado elegido”.

El representante del MPA subrayó que “a través de sus abogados, los propietarios de la empresa afectadas por la maniobras ilícitas participaron activamente para solucionar el conflicto”. En tal sentido, informó que “fueron informados de los términos del acuerdo y prestaron su conformidad en relación al juicio abreviado desarrollado”.

Reparación

El fiscal Mai refirió a la condena impuesta a las cuatro personas y explicó que “se trata de la primera pena impuesta por la Justicia provincial en el centro norte de la provincia por el lavado de activos”.

También aclaró que “la condena no solo incluye la pena de prisión”. En tal sentido, precisó que “Martín Zabala quedó alojado en dependencias del Servicio Penitenciario” y agregó que “si bien a las otras tres personas se les impusieron penas de ejecución condicional, deberán cumplir estrictas normas de conducta, entre ellas, la prohibición de salir del país y la realización de tareas comunitarias durante tres años”.

“Además, se estableció un acuerdo de reparación para indemnizar a la empresa perjudicada y reparar el daño provocado”, resaltó Mai y añadió que “incluye siete inmuebles; cuatro fracciones de terreno; una cochera; diez camiones; siete acoplados; dos camionetas; un televisor, un aire acondicionado y 84.170 pesos que fueron secuestrados en una de las diligencias investigativas realizadas oportunamente”.

Asimismo, Mai señaló que “se ordenó el decomiso de un automóvil; dos motos; una lancha; un tráiler de lancha; gran cantidad de electrodomésticos y bienes muebles”. El fiscal también adelantó que “los condenados manifestaron que desistirán de juicios ejecutivos que habían iniciado en contra de la empresa damnificada, procederán al levantamiento de los embargos trabajados y asumirán los costos que dichas medidas insuman”.

Por último, el funcionario del MPA detalló que “se le canceló la personería jurídica a la empresa Noa Logística SRL, que era la firma de la que se valían los condenados para pergeñar las maniobras delictivas” y manifestó que “deberán pagar un total de 30 mil pesos en concepto de costas a raíz del proceso penal realizado”.

Lavado de activos

“Martín Zabala trabajaba en la empresa perjudicada, que es un firma de transporte de cereales y algodón de Reconquista. Se valió de su cargo en la compañía para desplegar su accionar delictivo”, recordó el fiscal.

“Actuó en forma conjunta con su esposa e hijos para administrar y poner en circulación los bienes provenientes de ilícitos penales”, apuntó y dijo que “esta actividad, se desarrolló de forma habitual y sistemática hasta noviembre de 2020”.

“El accionar delictivo de los condenados consistió en la creación de una sociedad de responsabilidad limitada a través de la cual ponían en circulación el dinero y los bienes procedentes de las estafas, de la falsificación de cheques y de otras maniobras que causaron un perjuicio patrimonial a la empresa afectada”, continuó explicando el fiscal. Y concluyó que “lo hicieron para que esos bienes adquieren la apariencia de un origen lícito”.

Estafas y cheques

En relación a las estafas, Mai estableció que “fueron cometidas desde enero de 2019 y hasta julio de 2020”.

“Martín Zabala ingresó facturación apócrifa al circuito de pago de la firma perjudicada. Lo hizo mediante operaciones ficticias que carecían de los códigos o documentos necesarios para acreditar el transporte de granos o algodón”, relató el funcionario del MPA. En la misma línea, agregó que “también emitía facturas de servicios de fletes no prestados”.

“El perjuicio económico causado asciende a 122.415.805,81 pesos”, cuantificó el fiscal.

Acerca del delito de falsificación de cheques, el funcionario del MPA explicó que “fue cometido desde enero de 2019 y hasta octubre de este año. En este caso, Martín Zabala obtuvo de forma ilegítima cheques de pago diferido de la empresa y falsificó la grafía de las personas a las que habían sido asignados, como así también la rúbrica de alguno de ellos en favor de una empresa que había creado para fines ilícitos”.

Querellante

Aníbal Moschen se constituyó en querellante en representación de la firma Aníbal Moschen Hermanos SA. Contó con la representación legal de los abogados Andrés Ghio, Guido Ferullo y Leticia Sánchez.

Investigación

El fiscal Mai destacó que “la tareas investigativas que realizamos en el marco de este legajo fueron llevadas a cabo por personal del Organismo de Investigación (OI) del MPA y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Región IV”.