Indagaron por defraudación al Estado al titular de una concesionaria local

Marcos Valentino, el actual titular de la concesionaria Nation SA, asistió este miércoles al llamado a indagatoria dispuesto por el juez federal Nº 1 de Santa Fe Reinaldo Rodríguez en el marco de la causa que investiga la defraudación al Estado por ocupar y explotar hasta 2018 un terreno fiscal ubicado en Avenida Alem y Las Heras, una de las zonas con mayor auge inmobiliario de los últimos años.

El empresario asistió a la indagatoria junto con su abogado particular, Leandro Corti, cerca de las de las 9. Allí fue imputado por el delito de "partícipe necesario del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, bajo la modalidad de administración fraudulenta". No obstante, presentó un escrito al juez donde aportó información, indicaron fuentes del caso a UNO Santa Fe.

El paso de Valentino por el juzgado de Rodríguez debería haberse dado el pasado 27 de marzo, sin embargo, tras solicitar una prorroga por diez días se llevó a cabo este miércoles.

El terreno en cuestión por el cual el empresario terminó involucrado en la causa judicial que inició el fiscal federal Nº 1, Gustavo Onel, se encuentra ubicado en la Las Heras –manzana 99– entre Eva Perón y Leandro Alem, y había sido propiedad de la ex-Estación Talleres Santa Fe del Ramal “F” hasta fines de los noventa, cuando los bienes ferroviarios pasaron a depender del Organismo Nacional de Bienes del Estado (Onabe).

Para el fiscal Onel, Valentino ocupó aquel terreno desde el 2001 hasta el 2018 sin ningún tipo de contrato y tributando un canon mensual de $500 al Estado nacional por el "alquiler" del terreno.

De igual manera, hizo lo mismo el empresario Jorge Alberto Minella, quien al igual que Valentino, administró uno de los lotes del terreno en cuestión y se los alquiló a la concesionaria "Vitacar" y el taller "Mecánica Uno".

En este aspecto, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que ambos empresarios desarrollaron una "actividad absolutamente lucrativa, siendo ilegítima su ocupación" por lo que ocasionaron un fraude al Estado por un monto  que oscilaría los 47 millones de pesos.

Minella fue indagado el 27 de marzo pasado ante el juez Rodríguez y reconoció haber abonado al Estado, entre 1999 y 2018, un monto de $450, pese haber concluido un contrato con la Nación en 2001 por la explotación del terreno.

Por el caso también se encuentran bajo la lupa judicial dos exfuncionarios nacionales que estuvieron al frente de los organismos de control de los bienes que son propiedad del Estado argentino. Se trata de Fernando Miguel Suárez, el cual se desempeñó entre el 4 de junio del 2003 y el 9 de agosto del 2012, como director del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe), quien fue imputado por "coautoría de defraudación en perjuicio de la administración pública, bajo la modalidad de administración fraudulenta, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Por otro lado, resta llevarse a cabo la indagatoria de Antonio Alberto Vulcano, que presidió la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo creado tras la disolución del Onabe, desde agosto del 2012 hasta el 21 de diciembre del 2015.

Por fuera de la indagatoria, el juez Rodríguez dispuso además inhibir los bienes de los empresarios y exfuncionarios por determinados montos. Sobre Suárez y Vulcano, el magistrado dispuso inhibirlos por $16.000.000, mientras que para Valentino por $ 8.500.000 y Minella por $ 7.500.000.