Los municipales desoyen la conciliación obligatoria e inician tres días de paro

Como señal de protesta y malestar colectivo, los trabajadores municipales comenzarán hoy una medida de fuerza de tres días. Con la intención de reducir la circulación y la concentración de personas, y teniendo en cuenta las medidas sanitarias restrictivas para enfrentar el coronavirus, la determinación gremial no incluye asistencia a los lugares de trabajo. La medida de fuerza se realiza pesa a que la Provincia decretó una conciliación obligatoria.

Ante el escenario de falta de acuerdo, los representantes paritarios de Festram, dispusieron esta protesta porque rechazan las sumas fijas recibidas, y exigen una recomposición salarial.

Críticas

Hasta la fecha los intendentes insisten en imponer la política salarial que el gobierno de la provincia dispuso unilateralmente pero extendida en el tiempo: la suma no remunerativa ni bonificable de $3.000 para los meses de setiembre, octubre y noviembre. "No hay ningún compromiso de actualización de las vergonzosas Asignaciones Familiares y la protección de la salud laboral ha empeorado notoriamente, avanzando con casos de Covid-19 en el ámbito de municipios y comunas", indicó Festram en un comunicado.

"A esto se agrega la decisión de las ART, de no cubrir a los trabajadores y trabajadoras santafesinas al Covid-19 como enfermedad profesional, lo que deja expuesta la precariedad con que muchos compañeros y compañeras están desarrollando su labor", agregan y amplían: "Lamentablemente, durante el presente año y en especial en esta Pandemia, los trabajadores y trabajadoras municipales han sido gravemente vulnerados en sus derechos, debiéndose mencionar puntualmente localidades como Avellaneda, San Carlos Centro, Las Rosas, San Javier, Ceres, Carlos Pellegrini, y Cañada Rosquín. En todos los casos desconocieron al Ministerio de Trabajo y las medidas dispuestas por este organismo, con el agravante que este Ministerio provincial no actuó en consecuencia. Las decisiones de estas Administraciones, no sólo pusieron en riesgo la salud de sus trabajadores, sino también del conjunto de la comunidad".

"La obligación de hacer trabajar empleados con comorbilidades –continúan–, mayores de 60 años, despidos de trabajadores informales, quitas de suplementos y adicionales, y presiones con ayuda de fiscales y policías constituyen, además, causales suficientes para ejercer el derecho constitucional a huelga, y advertir sobre estas actitudes autoritarias de los/as titulares de municipios y comunas".

Por último cuestionan: "El Ministerio, que debería estar al servicio de los derechos de los trabajadores, se utiliza como mecanismo de presión para imponer los intereses patronales de intendentes y presidentes comunales, que abiertamente han desafiado la propia autoridad provincial. El desconocimiento por parte de los mismos a este organismo de conciliación lo hace inviable para encontrar un espacio de negociación imparcial".