La fiscal Martí confirmó "presiones" por investigar una presunta corrupción policial

Lo que continúa es la evaluación de elementos de sospecha que pueden desembocar en las citaciones para audiencias imputativas con las correspondientes atribuciones respecto de las presuntas comisiones de delitos de la administración pública -aclarando de manera enfática el funcionario- que por el momento rige en términos absolutos el artículo 258 del Código Procesal Penal de Santa Fe, Ley 12.734 (los actos de la investigación y su documentación serán secretos para quienes no sean parte en el procedimiento o no tuvieran expresa autorización para conocerlos).

La causa refiere a supuestas irregularidades en la designación de horas Ospe (Orden de Servicio Policial Extraordinario), horas extras que efectivos cumplirían dentro del correspondiente horario de trabajo. En ese marco, trabajan en el caso dos fiscales: María Laura Martí y Roberto Apullán.

Esta mañana, al ser abordada por los periodistas, Martí se refirió al tema y confirmó que se investiga un "delito contra la administración pública". En cuanto a los llamados a audiencia imputativa de numerosos efectivos, la fiscala explicó: "Las mismas han sido suspendidas por superposición". "Por las medidas que se están llevando a cabo es preferible mantener reserva para que no se entorpezca la investigación", agregó.

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Ante la insistencia periodística de mayor precisión y detalles, Martí aludió: "No es fácil llevar adelante estas causas. Soy una ciudadana común, no tengo fueros. Uno vive como puede y encima investiga, hace lo que a uno le gusta por pasión. No puedo decir que recibí amenazas directas, pero sí comentarios, presiones por así decirlo y hay que saber llevarlo".

—¿Las denunció?

—No, no son concretas.