Fiestas clandestinas en country bajo la lupa de la Justicia

El fiscal Estanislao Giavedoni brindó precisiones acerca de las investigaciones iniciadas a raíz del incumplimiento de las últimas restricciones sanitarias con la realización de fiestas clandestinas. Detalló que fue identificada la persona organizadora del evento ocurrido en cercanías al country Aires del Llano. "Se lo identificó dactiloscópicamente y se notificaron los derechos del imputado y también a la persona encargada del lugar donde se desarrolló la fiesta". Asimismo el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que se ordenó el secuestro de la lista de invitados.

"Estamos trabajando e investigando quiénes son los posibles asistentes al lugar justamente para generar este seguimiento y eventualmente no descartamos la posibilidad de notificar derechos imputados a otras personas más". Al ser consultado sobre si podía haber más imputados por el video que trascendió de la fiesta en el country donde había un funcionario de gobierno, el fiscal dijo que "es muy probable".

A UNO Santa Fe, Giavedoni explicó: "En principio se hace un seguimiento con los listados secuestrados, y con el aporte que hagan los imputados y se genera una investigación con el Ministerio de Salud para que se nos informe respecto de la situación de salud de cada una de esas personas. Porque eventualmente podría variar la calificación penal del artículo 205 del artículo al 202, dado que si existen personas que ya estaban contagiadas, significaría una verdadera propagación de la pandemia y la situación se agravaría y variaría de manera negativa para los imputados".

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Al ser consultado sobre las sanciones, y si estas serían similares para los organizadores como para quienes participaron, el fiscal respondió: "Podría ser, sí". Al mismo tiempo agregó que "no existe agravante" para funcionarios públicos ya sean del Ejecutivo o del Poder Judicial porque la calidad de funcionario "debe estar vinculada con la comisión del delito".

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Lucas Candioti.

También adelantó que están evaluando acciones sobre los encargados de seguridad del barrio privado. "Está más vinculado con el primero de los casos y es muy probable que así suceda", sostuvo.

Giavedoni precisó que desde la última sanción de decretos han llegado al MPA alrededor de siete causas penales, "dentro de las cuales tenemos estas dos que estuvimos hablando recién que se desarrollaron una en un country de las ciudad de Santa Fe El Paso y la otra en un restó bar ubicado en inmediaciones de otro country".

En cuanto a lo que podría pasar con los incumplidores, el fiscal explicó que se inicia un proceso judicial sobre cada persona. "El Código Penal para estos casos establece penas de prisión. Son delitos netamente excarcelables, lo que permite la posibilidad de aplicar lo que se llama "criterio de oportunidad" o suspensión de juicio a prueba. En relación al artículo 205 del Código Penal, al artículo 202 ya la situación es distinta y posiblemente no tengamos la posibilidad de aplicar una suspensión de juicio a prueba o criterio de oportunidad. También está la posibilidad de llevar adelante procedimientos abreviados que permitan las sanciones conminatorias de pena de manera rápida y efectiva, dijo a este medio.

Y agregó: "La suspensión de juicio a prueba es un instituto que está previsto como criterio oportunidad y que requiere de la persona que cometió el delito el cumplimiento de determinadas obligaciones y eventualmente la reparación de daño desde el punto de vista económico. Mensuramos en base a lo que ha sido la experiencia de los casos que tuvimos y por ejemplo el responsable de una fiesta el año pasado terminó siendo conminado con un aporte de 150.000 pesos, con lo cual puede partir de esa base".