Policiales

Negaron la libertad para un empresario evasor de Rafaela

Se trata Bernabé "Rengo" Mautino, condenado por haber evadido más de siete millones de pesos durante la década del noventa. El fallo fue resuelto en el Tribunal Oral de Santa Fe e hizo lugar al rechazo de la Fiscalía General.

Jueves 25 de Mayo de 2017

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe rechazó finalmente un planteo de "falta de acción y sobreseimiento por extinción de la acción penal" que había sido solicitado por la defensa de Bernabé Luis "Rengo" Mautino, un empresario de la construcción de la ciudad de Rafaela que en 2015 fue condenado a siete años de prisión por evadir más de siete millones de pesos a la Afip.

El requerimiento se enmarcó en que el sentenciado se había acogido a los regímenes de "blanqueo de capitales" de 2013 y 2016. Por tal razón, pidió al tribunal que Mautino sea liberado al igual que los demás condenados por esa causa: Lidia Malvina Merlo Dionisio y Fabián Galiani.

"El diversificado despliegue fraudulento que hizo gala Bernabé Luis Mautino ha sido una acción fría, calculada evolutivamente con precisión, premeditada no sólo para cometerla sino también para evitar su descubrimiento y responsabilidad", sostuvo el fallo de los jueces del TOF de Santa Fe.

Los noventa y una evasión millonaria

Mautino llegó a juicio oral y público en 2015 luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) lo denuncie por ejecutar distintas maniobras para evadir al fisco de la nación. En la etapa de Instrucción de la causa, el empresario fue imputado como autor del delito de evasión tributaria simple y agravada, en forma reiterada, en concurso real.

En números exactos, el "Rengo" y varios miembros de entorno empresarial, evadieron $7.032.497 a la Afip mediante acciones fraudulentas con un claro dolo comercial en relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Ganancias.

La maniobra empleada, por el hoy condenado, se dio en base a la conformación de sociedades anónimas que habían sido creadas a nombre de terceros de las cuales se ocultaba ante el Fisco como sujeto obligado y, como tal, responsable por el giro comercial. Dichas empresas fueron identificadas como "Rafaela Materiales S.A.", "Rafaela Materiales de Ariel Pariani", y "Rafaela Construcciones de S.A", "Rafaela Construcciones de Lidia Merlo", "Constructora Evisa S.A.", "Hormigonera Santafesina S.A"; "Sociedad de Hecho de Fugini-Merlo; "Litoral Materiales S.R.L.

La investigación llevada a cabo por funcionarios de la Afip y de Fiscalía, detectó que Mautino evadió durante los periodos fiscales de 1996, 1997 y 1998.

Para la justicia federal, ese accionar se dio con personas de su circulo los cuales operaron como "prestanombres": Dionisio y Galiani, los cuales fueron considerados como participes secundarios. A su vez, también fue sentenciado José Pedro Romano, otro imputado en la causa que no fue a prisión.

El ardid delictivo fue a través de esas empresas inexistentes, mediante las cuales "se usufructuaba el crédito fiscal". Además se efectuaban transferencias simuladas de bienes de uso, de cambio e inmuebles.

Otra maniobra se basó en la solicitud de la propia quiebra de una de las empresas (Rafaela Materiales S.A) y la adquisición de los bienes del remate por parte de sus empleados. En tanto, también se le atribuyó haber utilizado facturas apócrifas o con CUIT inexistentes, entre otras accionas que fueron detectadas por la Afip.

Por la libertad

Tras dictarse la condena en agosto del 2015, la defensa de los tres involucrados en la causa presentó, el 3 de diciembre de ese mismo año, un pedido para que el empresario sea liberado al igual que los otros dos sentenciados.

Aquel pedido se basó en que Mautino exteriorizó en forma voluntaria tenencias de moneda extranjera, suscribiendo para ello "Certificados de Depósitos de Inversión" (Cedin). Seguidamente, se acogió por otro monto de su deuda al nuevo régimen de regularización tanto del 2013 como del 2016.

Rechazo total

El pedido de la defensa fue rechazado por el fiscal del caso, Martín Suárez Faisal, quien en su dictamen presentado ante el tribunal consideró que es inaplicable al presente caso el beneficio de extinción de la acción penal. Para fundamentar ello, el funcionario señaló en un punto que la ley que expresó la defensa -la 26.860- no previó un sistema de regularización de impuestos adeudados, sino un sistema de exteriorización de la tenencia de moneda extranjera no declarada con el fin de posibilitar la introducción de divisas al circuito económico formal.

"Se evidencia que la exteriorización realizada por el condenado Mautino no cumplió con lo previsto por el artículo 3, segundo párrafo, con relación a la acreditación de la tenencia al 30 de abril de 2013, ni con lo establecido por el artículo 13, el cual exige haber cumplido y pagado al 31 de mayo de 2013 las obligaciones correspondientes al impuesto a las Ganancias y Bienes Personales hasta el ejercicio fiscal del año 2012", sostuvo Suárez Faisal.

Por su parte, desde el Tribunal, compuesto por José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Homero Lauría, hicieron lugar al rechazo de la Fiscalía tras considerar como de "enorme proyección" el perjuicio ocasionado por Mautino a la "estructura social".

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