Tras el pago de costosas fianzas, tres jefes policiales recuperaron la libertad

Un automóvil Fiat 1 color negro que fue robado el 26 de mayo del 2011 en la ciudad de Rosario y por el cual pesaba un pedido de captura por parte del Juzgado Penal N° 14 de los tribunales de aquella ciudad fue la clave para que esta mañana, la fiscal María Laura Martí, solicite al juez Jorge Pegassano, la prisión preventiva para el jefe y subjefe de la Comisaría 2ª de Santa Fe y para el subjefe del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé.

Ambos funcionarios fueron imputados por una multiplicidad de delitos vinculados a exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, tentativa de estafa procesal y tráfico de influencias en el marco de una pesquisa iniciada en mayo de este año a raíz del robo de una motocicleta y que tuvo como centro de la escena a la Seccional 2ª de General López y San Lorenzo.

El caso remonta al mes de mayo de este año cuando en un procedimiento efectuado por Gendarmería Nacional en Santo Tomé, se detuvo a un hombre que iba a bordo del Fiat 1 y por medio del Sistema de Averiguación de Antecedentes se detectó que existía un pedido de captura.

Por tal razón, el automóvil debía ser trasladado hacia la Seccional N° 2 de esa ciudad pero por un error administrativo -o de comprensión- los agentes de la fuerza federal terminaron enviando el móvil a la comisaría del barrio Sur. A partir de allí, comenzó el proceso por el cual el jefe de la dependencia, Marcelo Sciarczyñski, su segundo, Matías Villarreal y el subjefe del Comando santotomesino, Maximiliano Nieva, terminaron detenidos.

Esta mañana, los agentes recuperaron la libertad por orden del magistrado de primera instancia y deberán, por un lado abonar una caución y por otro quedar bajo la guarda de un familiar mientras dure el proceso judicial que los tiene vinculados.

"Me traes 8 mil y te la consigo ya"

El comienzo de la investigación se dio a raíz de un robo sucedido el 26 de mayo de este año, cuando en el barrio Roma delincuentes robaron, desde la puerta de su casa, la moto de un comerciante. Este, a raíz del hecho, denunció la situación en la Comisaría 4ª.

Seguidamente, la víctima del robo, identificado como Marcelo R., se dirigió hacia la Seccional N° 2 para hacer conocer de la situación a efectivos de esa dependencia. Al llegar, se encontró, -según su relato en Fiscalía y en Asuntos Internos- con Villarreal, el cual le ofreció en ese entonces tratar de detectar quién podía tener su moto en base a un grupo de WhatsApp que tenía un empleado del hospital José María Cullen.

Esa información, según la fiscala Martí, tuvo su precio, ya que Villarreal le exigió una suma de $8.000 para que la moto pueda ser restituida a su dueño.

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Ante tal situación, Marcelo R. tomó la iniciativa y denunció lo que le exigía Villarreal en la Secretaría de Control de la Fuerza ubicada en Obispo Gelabert y San Martín. Tres días después, se determinó hacer la entrega "controlada" por los pesquisas de Asuntos Internos y a su vez filmar la escena de entrega en la comisaría.

Concatenar hechos que traen sorpresa

Cuatro días después del ofrecimiento, el dueño de la moto fue hasta la dependencia con cinco mil en mano. Se sentó a esperar que lo atiendan y fue allí, cuando se encontró con el otro hilo conductor de la historia, Maximiliano R., a quien Gendarmería le sustrajo el automóvil el 22 de mayo pasado en Santo Tomé el Fiat 1 -patente TEY 499- color negro modelo 99 con pedido de captura y que su última titular había sido una docente de la localidad de Villa Gobernador Galvez, a 20 kilómetros de Rosario.

Ambos sin conocerse, terminaron llegando a la conclusión de que Villarreal era quién les exigía el dinero para recuperar sus automóviles. Uno por ser víctima de un robo y el otro por tener su auto "flojito de papeles".

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Video

Para comprobar que esa situación sucedió, Martí reprodujo, en la Sala I de Tribunales, una serie de grabaciones que había tomado -de manera oculta- el hombre al que le habían sustraído de su domicilio la moto.

En esos registros quedó evidenciado el encuentro con el propietario del Fiat 1. Además, cómo Villarreal le pidió que se saque la ropa por miedo a que lo estén grabando. Pero la cámara nunca fue detectada. El registro mostró cómo el subjefe de la dependencia le indicó al sujeto que necesitaba ocho mil pesos para poder "hablar con los Harrys" y así poder recuperar su moto.

Diez mil pesos y un J7

La fiscal Martí señaló además que Maximiliano R. fue otra pieza clave en la investigación ya que el mismo denunció que el propio jefe de la Comisaría, Sciarczyñski, le exigió una suma de $10.000 y la entrega de un celular Samsung Galaxy J7 para recuperar su automóvil pero paradójicamente, el rodado ya no le pertenecía, había sido transferido a otro miembro de la fuerza: Maximiliano Nieva, subjefe del Comando Radioelectrico de Santo Tomé y el cual tuvo un hijo con una agente policial que presta servicios en la Comisaría 2ª. Ese nexo, fue el que causó sospechas en los investigadores y por el cual también se ordenó su detención.

Es que Nieva ya contaba con la transferencia y un título emitido por el Registro del Automotor en torno al automóvil que pertenecía a Maximiliano R. y que tenía procedencia de la localidad de Villa Gobernador Gálvez, ya que su dueña anterior había sido Maika O.

Al respecto, Nieva declaró en la audiencia y aclaró que él visitó a Maximiliano R. en momentos en que se encontraba patrullando y fue allí cuando le preguntó si vendía el automóvil ya que él estaba interesado en comprarlo. Días después, sostuvo que viajó a V. G. Gálvez con el fin de contactar a la anterior dueña para ultimar detalles de la transferencia. "Yo lo único que hice, de buena fe, fue comprar el auto", señaló ante el juez Pegassano.

Al respecto, Sciarczyñski señaló en la audiencia que "de algún modo el dueño del auto pretendió perjudicarlo" ya que el mismo nunca le solicitó nada al hombre que fue clave en la causa.

Defendidos

Los tres representantes legales de los imputados, Ramiro Díaz Duarte (por Sciarczyñski), Raúl Berizzo (Villarreal) y Patricio Yuliar (Nieva) rechazaron de lleno el pedido de prisión preventiva solicitado por Martí.

Por un lado, Yuliar solicitó la excarcelación y que sus defendido quede a disposición de la Justicia todos los viernes. Díaz Duarte ofreció una caución y que su representado permanezca bajo la guarda en San Cristóbal. En la misma línea, Berizzo formuló el mismo pedido.

Finalmente, Pegassano concluyó y ordenó en que los tres imputados sean liberados con las medidas solicitadas por sus respetivas defensas. A su vez, puso un piso de $500.000, con fianza, para Sciarczyñski y Villarreal y uno de $100.000 para Nieva.