Entrevistas con UNO

Con el nuevo sistema penal se pasó de 2.200 presos a 7.000

La defensora general, Jaquelina Balangione, habló de la situación de los presos y aseguró que 90 por ciento de las causas terminan con un juicio abreviado

Domingo 23 de Mayo de 2021

La defensora general de la provincia, Jaquelina Balangione, habló de sobrepoblación carcelaria, de presos sin condena y de cómo creció la inseguridad a pesar de tener más personas encerradas en unidades penitenciarias. Balangione visitó la redacción de UNO Santa Fe y aseguró que los diferentes gobiernos en la provincia equivocaron el camino y pidió ir hacia un sistema de justicia restaurativa para encontrar soluciones alternativas a la única respuesta que hoy da el sistema: la cárcel.

"Cuando comenzó este sistema penal había 2.200 presos y ahora hay 7.000. Pero en toda la Argentina aumentó. En 10 años en todo el país aumentó un 56 por ciento toda la población penitenciaria a raíz del endurecimiento de las leyes penales. Pero en Santa Fe, arriba de ese 56 por ciento aumentó un 35 por ciento más a raíz del sistema acusatorio que genera respuestas más rápidas. Se llega más rápido a las condenas porque se aplica el juicio abreviado. Hoy el 90 por ciento de las causas terminan con un juicio abreviado", explicó.

"Se genera un fenómeno de una prisión preventiva que llega a casi dos años, cuando el hecho lo amerita, y cuando está por caer viene el acuerdo para el juicio. Esa persona entra al proceso presa y sin solución de continuidad queda presa hasta que se va por cumplimiento de la condena. Esto generó muchísima sobrepoblación, un 35 por ciento en siete años y, además, influye el criterio de fiscales y jueces que no merman en pedir la prisión preventiva en casi todas las causas. Nosotros resistimos e insistimos para que la comunidad entienda que la cárcel no es la única solución. Hay que trabajar de otra forma, con otra mirada y tienen que participar el gobierno y el gran arco político y judicial. El gran salto de calidad se va a dar con la ley de defensa integral. Que haya una sola defensa pública integral con autonomía para poder trabajar en este tipo de cosas, inclusive para pensar en representar a las víctimas", dijo.

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La defensora General de la provincia, Jaquelina Balangione, aseguró que con el nuevo sistema penal en Santa Fe aumentó más la cantidad de presos que en el resto del país.

La defensora General de la provincia, Jaquelina Balangione, aseguró que con el nuevo sistema penal en Santa Fe aumentó más la cantidad de presos que en el resto del país.

—Luego de cuatro años en el cargo, ¿cuáles son los principales problemas que tienen los defensores para ejercer su tarea?

—En la defensa pública hay déficit en cuanto a recursos humanos. En lo estructural, en lo funcional respecto a la preparación profesional de los defensores y las defensoras es algo que me deja muy tranquila y no lo digo ahora que soy defensora general, ya lo evidenciaba cuando era camarista penal. El problema es que para mantener la paridad de armas que requiere la implementación de un sistema acusatorio como el de Santa Fe, debemos tener en cuenta la proporcionalidad de recursos humanos y nosotros, si vemos cómo se dividen las tortas de los cargos entre la cantidad de magistrados que se equiparan a defensores y fiscales, los defensores son menos. Los estándares internacionales marcan que por cada juez debe haber un defensor y hay menos defensores que jueces y bastante menos que fiscales.

—¿Cuántos defensores le están faltando a la provincia?

—No puedo decir un número, pero por lo menos se debería aumentar en un 20 por ciento. Tenemos 90 defensores aproximadamente en toda la provincia contando las vacantes, que son varias, por gente que se jubila o rinde concurso y pasa a ser juez. Si bien hay una ley de subrogancia que fue gestionada en esta gestión de la defensa, no tenemos una lista de subrogantes para que efectivamente haya gente que vaya a ocupar efectivamente esos puestos vacíos y tienen que ser ocupados por otros defensores que ven incrementado su trabajo. Otro problema que vengo charlando con la Corte y su presidente, el doctor (Roberto) Falistocco, tiene que ver con la agenda de audiencias. Si bien el problema es distinto en las cinco circunscripciones, al tener menos defensores hay un sobreagendamiento de audiencias suponiendo que alguna audiencia se va a caer. Como no se sabe cuál de todas las audiencias se va a hacer, los y las defensoras tienen que preparar todas. Hay una sobrecarga de trabajo que a partir de la pandemia, si bien le pasa a todo el sistema judicial, en la defensa se está sintiendo. Sobre todo se siente en Rosario. Después tenemos inconvenientes porque hay menos posibilidades de producir pruebas porque no tenemos cuerpos técnicos propios como médicos, psicólogos como sí tienen las otras partes del sistema. Eso hace que el defensor se vea obligado a resistir la prueba fiscal sin poder producir una propia. Además, hay una cuestión estructural, transversal y es que nosotros solo somos una defensa penal, no tenemos la posibilidad de brindar la defensa civil. Eso hace a todo lo que tiene que ver con la violencia familiar, los pequeños conflictos que comienzan en la casa o el barrio y que no llegan a ser delitos. Pero eso repercute en nuestro trabajo porque los conflictos que atraviesan a esas personas son integrales, no son meramente penales. Esto yo se lo vengo diciendo al gobierno, a la Corte, a la Legislatura donde tenemos presentado un anteproyecto de defensa integral que repercutiría notoriamente en la sociedad porque tendríamos injerencia en todos los temas y nos permitiría funcionar de modo preventivo en la escalada de las situaciones que luego llegan al delito.

—¿Son diferentes los derechos que se vulneran en las unidades penitenciarias de la provincia si los internos son varones o mujeres?

—Son distintas realidades porque las internas mujeres son pocas. En total en la provincia hay 182 en Rosario y 60 en Santa Fe. Las dos están al límite de la población que admiten. Se pueden considerar llenas. Contra 7.000 varones que hay en las 11 unidades penitenciarias de la provincia. Son muy pocas las mujeres y muchísimos los varones, pero el dato es que la población de las mujeres está creciendo más rápido que la de varones.

—¿A qué se debe eso?

—Eso tiene que ver con el porqué caen presas. Un mínimo porcentaje entra por delitos graves como homicidio o robo. En Santa Fe por lo general ingresan por transgresiones a la ley de estupefacientes en los grados más bajos, por narcomenudeo, o por situaciones que se vinculan con el ejercicio de la prostitución, que no es penado, pero sí los hechos conexos como la habilitación de prostíbulos preparados para pernoctar o tener relaciones sexuales que sí está prohibido. Las mujeres ingresan por delitos para la subsistencia económica. Generalmente son mujeres solas y cuando tienen hijos esos chicos van a la cárcel con ellas, si no les dan la prisión domiciliaria como indican las normas para los menores de cuatro años, no para hacerle un favor a la mamá sino pensando en el interés superior del niño que es a quien hay que proteger. Si van a la cárcel son alojadas en los pabellones de madres que están con los bebés y viven en el encierro. Es una realidad muy trágica porque esos niños y niñas quedan marcados para toda la vida y el día que cumplen cuatro años el Estado se los lleva y van a Casa Cuna u otra institución. Además, muchas de estas mujeres son víctimas de violencia de género previa ya sea por el narco o por el proxeneta, y al salir, si se les concede un beneficio, fracasan porque no tienen la posibilidad de salir de ese círculo que las llevó ahí adentro. Y un escollo muy difícil de superar es la pérdida del contacto familiar de estas mujeres a las que las van a visitar sus hijos menores, y cuando entran a la adolescencia se ve una merma y un alejamiento, sobre todo de las hijas, y eso tiene que ver con las requisas que les hacen al ingresar a los establecimientos para ver si no ingresan con elementos prohibidos.

—¿Usted considera que son ofensivas esas requisas?

—Cuando no se cumplen las normas internacionales, nacionales y locales que prohíben el contacto físico y que establecen la obligatoriedad del uso de paletas o escáneres para ver si se ingresan metales, al no haber esos elementos se dan las requisas que muchas veces son de tipo físicas. Si eso es captado por nosotros, se denuncia. Pero de hecho se dan y eso ayuda a que las mujeres no tengan una contención familiar y quedan realmente aisladas. En el caso de los varones eso es diferente porque nunca es abandonado por la familia, por la mujer, por la novia, por la vecina. La mujer es más compañera con el varón preso, por lo que tiene más contención por parte de su familia. En el caso de los varones se padece más el hacinamiento y la sobrepoblación. Acá no se trata de pensar en que los presos estén cómodos, sino que la Constitución dice que las cárceles son para seguridad de los presos que están cumpliendo una condena en el mejor de los casos porque hoy, de los 7.010 presos hay 3.847 condenados y 3.163 en prisión preventiva. Un 45 por ciento está sin condena, son inocentes para la ley pero están presos.

—¿Ese es un problema del Poder Judicial o del nuevo sistema procesal penal?

—Con el nuevo sistema penal se esperaba que esto baje porque estas situaciones ya se daban con el sistema inquisitivo y escrito. Una de las propagandas que se hacía del nuevo sistema penal era que iba a disminuir la prisión preventiva. Es cierto que los operadores jurídicos cambiamos los criterios, el chip respecto a la prisión preventiva y hoy es más estricto el control que se hace porque ahora está realmente circunscripta al caso de los peligros procesales que son el peligro de fuga y el entorpecimiento probatorio. Tiene que ser muy extraordinario para habilitarse, no obstante, los números muestran otra cosa. Sumado a eso creo que hay un problema de los operadores, sobre todo jueces y fiscales, porque nosotros siempre apelamos por la libertad de las personas o porque el juez opte por una medida menos gravosa porque la prisión preventiva no es la única cautelar, sí es la más gravosa de todas.

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Balangione dijo que el 90 por ciento de las causas termina en un juicio abreviado y eso aumentó la población de presos en las cárceles de Santa Fe.

Balangione dijo que el 90 por ciento de las causas termina en un juicio abreviado y eso aumentó la población de presos en las cárceles de Santa Fe.

—Lo que sucede es que hay un reclamo social por el endurecimiento de penas que condiciona.

—Eso lo entiendo, pero hay mucha influencia de los medios, de la bloomberización del derecho penal a partir del caso Bloomberg, allá por el 2004, que hubo una corriente del endurecimiento de penas y también de clamor popular por el endurecimiento de penas que trajo en el Código Penal una serie de agravantes y de ampliación del derecho penal. Pero a la gente, más allá de la razón que tiene porque nosotros no vivimos en un frasco y todos queremos poder sentarnos en la vereda o que nuestros hijos salgan libremente sin los problemas que tenemos, propongo un sencillo ejercicio mental para ver si esto es una solución. Cuando se implementó este nuevo sistema en Santa Fe, en 2014, había 2.200 presos en la provincia y hoy hay 7.010 y sin embargo, la inseguridad creció exponencialmente. Más gente presa no asegura que haya más seguridad en las calles porque es un problema muy complejo, no es matemático. Además, nunca el sistema penal va a atrapar a todos, porque 7.000 son los que el sistema penal atrapa, pero hay muchos más que 7.000 que cometen delitos y que el sistema no atrapa. Después está el tema de qué hacemos con los que atrapamos. Porque si los atrapamos y los mandamos a Las Flores, Coronda o Piñero con una condena de seis meses o un año y salen peor de lo que entraron no ganamos nada. Con esto no digo que no tiene que haber cárceles ni presos, por supuesto que sí tiene que haber. El derecho penal existe y si la condena para una persona es la privación de la libertad tiene que ir presa pero las cárceles tienen que resocializar a las personas.

—¿Hoy la cárcel no está cumpliendo esa función?

—Ni hoy ni en la historia hasta ahora. No se le encuentra la vuelta a esto. A partir de la década del 70 se empieza con el encarcelamiento masivo en California, antes las cárceles eran pequeños lugares donde iban las personas que habían cometido los actos más graves. La complejidad que tiene este tema nos demuestra que no se está apuntando a solucionar el problema. La gente tiene que entenderlo. En pocos meses yo fui víctima de tres asaltos, dos horribles, sobre todo cuando se metió uno en mi casa a las 11 de la noche y yo pensé que me mataba. Cuando empecé a hablarle fueron 45 minutos de pánico pero se fue y no me robó ni me hizo nada. El enojo que nos invade es terrible, pero uno que está de este lado del Estado tiene que comprenderlo y las víctimas tienen que ser atendidas por el Estado. Pero eso no se tiene que mezclar con el tratamiento del delincuente que pasa por el derecho penal. Las cárceles tienen que ser para seguridad y para resocializar y no para ser un depósito. No lo digo en contra de este gobierno ni del anterior porque conozco los esfuerzos que se hicieron, pero mi criterio es que no se está acertando en el camino que se toma.

—¿Cuál debería ser ese camino a tomar?

—Hay que tener una mirada a más largo plazo. Hoy la sociedad ve que se mete a un montón de gente presa, hay 7.000 personas presas y, sin embargo, la inseguridad es cada vez mayor. Hay situaciones que están ligadas a la crisis económica, no lo vamos a negar, pero no vamos a decir que la gente roba por ser pobre, es mucho más complejo el problema. También sabemos que el sistema penal tiene criterios de selectividad y que recae con mayor fuerza sobre los sectores populares y de menores recursos que son la gran mayoría de los detenidos. Los pasos que hay que dar es hacia un sistema punitivo que no sea con una única respuesta que es el encarcelamiento. Hoy a un ladrón se lo mete preso o se lo manda a la casa, no hay punto intermedio. A mi modo de ver, como en Europa se viene aplicando hace 30 años, hay que ir hacia un sistema de justicia restaurativa que implica una coordinación de agencias del Estado para trabajar con aquellos autores jóvenes, primarios con delitos que no son graves y poder tener una batería de acciones para trabajar con esas personas en instituciones abiertas donde se les dé educación, deporte, trabajo, terapia con intervenciones en las familias porque los hechos no son aislados sino integrales. El Estado tiene que verlos de esa manera, tener una intervención preventiva y no tener una respuesta unidireccional que es la cárcel donde hay pabellones con alguien que mató con alevosía a cinco personas, al que comete trata de personas y otro que entró por el cuarto robo de una bicicleta. Ese chico tiene un nivel de criminalidad que no se acerca a los otros, pero conviven, generan lazos y aprendizajes.

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