Continúan los cruces por el radar en la ruta 168: Santa Fe redobla la apuesta y nacen "dos discusiones distintas"

La disputa por la legalidad del radar en la Ruta Nacional 168 sumó nuevos capítulos y se bifurcó en lo que la abogada Patricia Almirall, letrada que disparó la polémica en redes sociales, describe como “dos discusiones distintas”.

Por un lado, el reclamo de Vialidad Nacional por la instalación del equipo —e intervención sobre la ruta— sin autorización; por otro, la defensa de la provincia sobre su potestad para controlar y sancionar infracciones viales.

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Por otro lado, el gobierno de Santa Fe redobló la apuesta. Fue el propio Carlos Torres, titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), quien respondió con dureza al pedido de Vialidad Nacional de retirar los dispositivos: “La rechazamos en todos sus términos. Vamos a denunciar penalmente en caso de que se proceda a tocar ese cinemómetro”.

Ahora, la abogada Patricia Almirall presentó un pedido formal a Fiscalía de Estado para que el organismo se pronuncie sobre el sustento legal del dispositivo. “Solicitamos que se manifieste puntualmente sobre la legalidad del radar”, afirmó, al cuestionar que la APSV base la habilitación en una disposición del año 2013.

Según explicó, la ley 13.133 exige un acto administrativo posterior y específico para autorizar un radar nuevo. “Una disposición del 2013 de ninguna manera puede autorizar un radar de 2025. Un acto administrativo debe ser posterior al hecho que lo funda”, señaló en declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT10".

La diferencia clave: sancionar no es lo mismo que intervenir la traza

Almirall insistió en que la discusión se está mezclando deliberadamente. “La provincia tiene facultad para cobrar multas, claro que lo tiene. Pero otra cosa es afectar la traza de una ruta nacional sin pedir autorización”, remarcó.

Explicó que la instalación del radar implica obras sobre la calzada —como colocar sensores embutidos en el asfalto—, lo que exige permiso de Vialidad Nacional por tratarse de una traza bajo jurisdicción federal. “Hay muchísimos expedientes anteriores donde este requisito se cumplió”, aseguró.

"La provincia de Santa Fe tiene potestad para ejercer el poder de policía; es decir, controlar la seguridad vial, con radares, o buscar algún otro medio de control en materia de seguridad vial, claro que lo tiene. Pero son dos discusiones distintas: ¿Tene facultad para cobrar multas? Sí, claro que lo tiene. Pero por otro lado, ¿puede afectar la traza nacional sin pedir autorización, permiso, o sin avisar? No, no puede", profundizó.

Mientras tanto, dijo que todavía no recibió ninguna intimación formal de los “cinco días” mencionados públicamente por la provincia. “Solo tengo trascendidos por las referencias de Torres”, apuntó.

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La postura de la provincia: firmeza, advertencias y defensa del dispositivo

Del lado del gobierno provincial, el titular de la APSV, Carlos Torres, respondió con dureza. Confirmó que rechazaron la nota enviada por Vialidad Nacional: “La rechazamos en todos sus términos”.

Además lanzó una advertencia directa: “No solamente lo vamos a denunciar penalmente en caso de que proceda a tocar ese cinemómetro, sino que además lo vamos a colocar nuevamente si intentan retirarlo”.

Torres sostuvo que la provincia no va a retroceder en el uso del radar, al considerar que la ley la faculta a ejercer controles viales. “No vamos a ceder en lo más mínimo”, afirmó en declaraciones a LT9. Y defendió la presencia del cinemómetro en ese tramo: “Es conflictivo, hubo siniestros viales, fallecidos, choques por alcance, participación de motos y camiones. No vamos a dejar de intervenir”.