Este jueves, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a la fiscal Mercedes Banchio, supervisó el derribo de otro búnker en Príncipe de Gales 2849, en la ciudad de Rosario.
Desde principios de 2024 en la provincia de Santa Fe se derribaron 75 búnkeres de venta de drogas
Desde principios de 2024, el Gobierno de Santa Fe avanza en la eliminación de puestos de venta de estupefacientes, buscando devolver la tranquilidad a los barrios y restituyendo los terrenos a sus propietarios.
9 de octubre 2025 · 14:43hs
En la provincia de Santa Fe ya se derribaron 75 búnkeres de venta de drogas
En el inmueble no vivía nadie y su único uso era la comercialización de drogas. Tras la intervención, el terreno será restituido a las hijas del antiguo propietario.
Con esta acción, la provincia alcanza los 75 puestos de venta de drogas inhabilitados, mientras que en Rosario los operativos de este tipo suman 48.
“Estos lugares son un factor de criminalidad para los vecinos del barrio”, señaló Cococcioni. El ministro recordó que el inmueble había sido escenario de múltiples hechos de violencia y enfrentamientos entre bandas por el control del lugar. Destacó además que la vivienda no podía ser utilizada de manera lícita sin el constante riesgo de enfrentamientos.
La fiscal Banchio agregó que durante los allanamientos se secuestraron elementos vinculados al fraccionamiento de drogas, incluidos cuadernos con anotaciones, y señaló que el lugar podría estar relacionado con la banda de Los Monos. Confirmó también que no pernoctaba nadie, y que el inmueble era exclusivamente usado para actividades delictivas.
Tras el derribo, el terreno será devuelto a tres hermanas, hijas del antiguo dueño, quienes no reconocieron la vivienda por el deterioro sufrido y coincidieron en que era necesario derribarla.
Estas acciones se realizan en el marco de la Ley de Microtráfico, sancionada a fines de 2023 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro, que permite la inactivación de puestos de venta de drogas y de inmuebles vinculados a violencia. Desde principios de 2024, la ley se aplica mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno, la Justicia, el Ministerio Público de la Acusación, la Policía provincial y los gobiernos locales.
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