“Fue un simulacro de subasta pero, en realidad, fue una estafa”

Hipólito Ruiz

Diario UNO de Santa Fe

El lunes por la tarde un centenar de pequeños productores del extremo noroeste de la provincia –una de las zonas más pobres y postergadas– acudió al juzgado Penal de Tostado a una subasta pública de un campo de 208 hectáreas para intentar que el remate del bien de la familia Barberis no se lleve adelante.

Según contó a Diario UNO el abogado defensor de la familia, Iván Bordón, cuando llegaron al lugar los esperaba un cordón policial de unos 70 hombres que portaban escudos y cachiporras. Las fuerzas de seguridad impidieron el paso de los campesinos porque el edicto judicial exigía que las personas que querían comprar el campo concurrieran con DNI y constancia de Cuit. “Pero no decía nada sobre las exigencias para poder presenciar el remate. Igual no nos dejaron pasar”, dijo Bordón.

El letrado explicó que la idea de los pequeños productores era la de asociarse, intentar comprar el campo y devolverlo a sus dueños. En el lugar hubo dos personas de Villa Minetti que cumplían con los requisitos y consiguieron ingresar al hall del juzgado. Pero allí se encontraron con otro cordón que les impidió pasar al patio del inmueble –donde se ya se realizaba el acto público– con la excusa de que la subasta ya estaba en curso.

“En el lugar había dos tipos adentro que no sabemos cómo llegaron. Hay gente que asegura que ingresaron al mediodía. Eran dos pícaros que pudieron participar de la subasta y uno compró el campo por unos miserables 68 mil pesos. Fue una vergüenza lo que hicieron”, dijo Bordón.

“Fue un juego donde en cinco minutos remataron el bien. Fue un simulacro de subasta pero, en realidad, fue una estafa. Nosotros en la desesperación pedíamos que dejen participar a estas dos personas y ahí vino la represión de la policía”, expresó.

Como resultado de la acción policial Bordón estuvo hospitalizado hasta el mediodía de ayer casi sin poder moverse por los golpes. “Pero lo peor –aclaró– fue la agresión con un gas pimienta que me dejó ciego por unas horas y que me produjo un intenso ardor y dolor en los ojos”.

El abogado dijo que en las próximas horas hará la denuncia por las agresiones sufridas y aseguró tener fotografiada a la persona que tiró el gas pimienta que afectó a varias personas que estaban en el lugar.

Cómo se llegó al remate

“El embargo se traba producto de un juicio que le hizo un abogado que, a su vez, está en disputa con este productor por otro campo donde este pequeño productor tiene posesión. Es el lugar donde vivieron sus padres toda la vida y ahora sigue viviendo él”, explicó Bordón.

“Ese abogado es Juan Carlos Adrover, quien en su momento fue dirigente de Federación Agraria Argentina. Hoy ya no es dirigente pero sigue afiliado a esa institución. Según lo que nos confirmaron algunos dirigentes de FAA estaría la voluntad de expulsarlo por la cantidad de juicios que está llevando adelante para quedarse con campos de pequeños productores”, añadió.

“Este tipo –continúa– cae con papeles que logra que los herederos registrales le otorguen los derechos por monedas y empieza a hacer demandas de reivindicación de campos en los que la gente tiene posesión continua, ininterrumpida y pacífica de toda una vida. Hay productores que hace 50 años que están en esa tierra y que incluso antes la ocupaban sus padres”.

“En este caso Adrover inició un juicio en 2007. Pero en 2004 la familia Barberis, porque son varios hermanos, ya había iniciado la demanda de usurpación. El padre vivió 50 años en el lugar y para regularizar la situación dominial inicia la demanda. Ese expediente que también se estaba tramitando en el juzgado de Tostado se lo cajonearon. El juzgado tiene una enorme responsabilidad en todo lo que está pasando. A tal punto que la jueza civil, que es la doctora Aidé Regonat, le dicta la caducidad”, relató.

“Pero paralelamente había un juicio que se llama incidente de pobreza. Como eso se estaba tramitando, había un decreto del expediente principal, que es el de usurpación, que decía que el expediente principal se suspendía hasta tanto se finalice la pobreza. Adrover inicia su demanda en 2007 y llega con una sentencia favorable en primera instancia. Eso se apeló y el expediente está en la Cámara de Apelaciones de Rafaela. Por lo que no está resuelto en segunda instancia”.

—¿Cómo se llega al remate si la sentencia no está firme?

—Ésa es la pregunta que nos hacemos todos. La jueza, primero, le permite a Adrover trabar un embargo sobre un bien de la familia Barberis sin exigirle una contra cautela. Eso es lo que originó el remate. Todavía se está discutiendo porque entendemos que en la Cámara de apelaciones eso se va a dar vuelta. Nosotros nos preguntamos qué pasa si eso sucede. Cómo una jueza habilitó que se trabe embargo sobre un bien y que se remate el campito para que Adrover cobre los honorarios que ya están regulados en esta primera instancia. Eso es de una enorme arbitrariedad.