Media sanción al proyecto que amplía la prisión preventiva

El Senado de la provincia dio media sanción ayer a la polémica reforma del Código Procesal Penal que habilitaría a los jueces a restringir la aplicación de excarcelaciones y extender la prisión preventiva a aquellos imputados de un delito cuya pena mínima sea de cuatro años de prisión.

La iniciativa, que de ser aprobada por Diputados se convertirá en ley, fue criticada por organizaciones no gubernamentales y hasta por el ministro de la Corte Suprema de Justicia santafesina Daniel Erbetta, quienes la objetaron por inconstitucional e ineficaz. “Son viejas recetas que ya han probado su fracaso. Debería reflexionarse profundamente y buscar soluciones reales a problemas reales, como ser el problema de la delincuencia y la inseguridad, y no estos atajos cuya falta de efectividad está probada históricamente”, sostuvo el juez del alto tribunal. Mientras que Carmen Maidagan, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), dijo que “es una arbitrariedad usar una medida restrictiva de la libertad con el propósito de hacer una pretendida política de atenuación del delito”.

Pero ayer el autor del proyecto, el senador de la UCR por el departamento General López Lisandro Enrico, replicó que la reforma “se torna imperativa como respuesta a una inseguridad que, según la Dirección Nacional de Política Criminal, en los últimos 40 años creció el 380 por ciento mientras la población creció un 62 por ciento”.

Y abundó al sostener que mientras “se dice que los pactos internacionales firmados por el país impedirían esta reforma eso no es así porque, a pesar de que el Pacto de San José de Costa Rica como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos precisan que la prisión preventiva es una excepción, eso no implica que un Estado no pueda regular su aplicación”.

El senador radical entiende que en un país con 137 presos cada 100 mil habitantes “no puede frivolizarse la cuestión de la seguridad afirmando que es una mera construcción mediática cuando es un fenómeno contemporáneo que algunos países han resuelto con acciones y medidas concretas con inversión en infraestructura y recursos humanos, políticas sociales e inclusión, pero también eficacia judicial”.

En ese orden, Erbetta había sostenido que “en el curso de un juicio sólo puede restringirse la libertad en caso que se deban neutralizar los riesgos concretos de fuga o de entorpecimiento de la investigación, pero eso no habilita a subvertir el ordenamiento constitucional colocando primero la restricción y luego la libertad dando vuelta el sentido del sistema penal argentino”. Y admitió que, más allá del proyecto, en los hechos “el 67 por ciento del los presos en Argentina no tienen condena cuando ésta debería ser una situación en extremo excepcional”.

Uno de los senadores que acompañó el proyecto de Enrico fue el justicialista Raúl Gramajo, quien coincidió en que “el derecho debe adaptarse a las modalidades de cada época”. Y agregó: “No se trata de cercenarle la libertad a nadie, simplemente de privilegiar el interés general sobre el particular”.

En concreto, el proyecto con media sanción propone modificar cuatro artículos del Código Procesal Penal. El 219, que se refiere a cuándo se impone la prisión preventiva; el 220, que establece la presunción de peligrosidad procesal; el 221, que refiere a las alternativas a la prisión preventiva; y el 222, que establece los casos en que el juez puede atenuar la medida en cuestión.