Mediadores en alerta por cambios por decreto al ejercicio de la actividad

El 16 de julio de este año, a través de un proyecto ingresado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados bajo el Mensaje 4.709, el gobierno provincial propuso modificar la ley de mediación aprobada en 2010, e impulsada en ese entonces por el primer gobierno del Frente Progresista, conducido por Hermes Binner. Esa norma declaró de interés público provincial la utilización, promoción, difusión y desarrollo de métodos no adversariales y desjudicializados de resolución de conflictos e instituyó la mediación en el territorio santafesino, con carácter de instancia previa obligatoria a la iniciación del proceso judicial.

Ante la reforma planteada este año (que también se intentó en 2016 con un proyecto cuestionado y archivado por legisladores), primero a través de un mensaje y ahora por decreto, los mediadores de toda la provincia, que a mediados de año rechazaron los cambios, estimaron que la decisión "implicará un grave retroceso legal e institucional, e incluso se contradice con el espíritu originario de la ley que en su artículo 1º declara que el método no adversarial de solución de controversias es de interés público provincial, definiendo así una política de Estado que hoy se ve profundamente afectada".

“Los mediadores de la provincia de Santa Fe manifiestan ante la ciudadanía, autoridades provinciales, colegios profesionales e instituciones formadoras la profunda preocupación ante el Decreto PEP Nº 4.036 dictado el 17/12/18 en forma intempestiva, luego de fracasado este año su intento de reforma de la ley de mediación, por la rotunda negativa del legislativo a tratarla en el recinto”, afirma el primer párrafo del comunicado emitido luego de conocido el decreto que lleva la firma del gobernador Miguel Lifschitz.

En esa dirección, los profesionales de la mediación sostienen que las disposiciones del decreto “están en franca contradicción con los principios básicos del instituto de la Mediación Prejudicial Obligatoria, que fuera promovido y considerado de interés y política pública por este mismo oficialismo durante su primer gobierno, poniendo en evidencia una notable incongruencia en sus propios actos”.

Entre otros peligros, los abogados mediadores afirman que la citada reglamentación atenta contra la libertad de trabajo toda vez que introduce sanciones de carácter punitivo ante la falta de acuerdo en mediaciones y establece control y juicio de valor de terceros ajenos al procedimiento y sin idoneidad para evaluar la labor del mediador.

Denuncian además que “disminuye drásticamente los honorarios del mediador y lo más grave, remite su percepción a los estrados judiciales (contrario al paradigma alentado) entre otras tantas violaciones al ejercicio liberal de la profesión”.

“La carga de gratuidad introducida resulta inexplicable y sin fundamento; ya que no somos empleados del Estado. Trabajamos como mediadores independientes y las cargas económicas que soportamos son inequitativas y desmesuradas. Este decreto es violatorio de los principios de confidencialidad e imparcialidad que son fundamentales y garantes del procedimiento de mediación”, reflejaron.

Por último, y frente al inminente cierre del año, advierten que se estudia para las próximas horas, muy probablemente este miércoles 26 de diciembre, “diversas acciones administrativas y judiciales en salvaguarda de los derechos violentados y, esencialmente, en defensa del camino de la paz social inaugurado como política de Estado desde el año 2010, durante el gobierno del Dr. Binner mediante Ley Nº 13.151 ”.