Piden que se declare una “emergencia judicial” en la provincia de Santa Fe

La petición se sostiene principalmente en una respuesta que el propio Tribunal les diera en marzo de este año basada en la que quizás fuera una de las últimas investigaciones conducidas por el recientemente desaparecido procurador de Corte Agustín Bassó.

Se trata de un informe interanual que demuestra que la totalidad de los jueces tienen desactualizados sus despachos (es decir, tienen cantidades de causas acumuladas sin resolver y en mora) por falta de tiempo para analizarlas. Paralelamente, comprobó Bassó, todos los jueces incumplen las normas a la hora de dictar clases en universidades y secundarias.

Sólo se les permite ocho horas semanales pero el ex procurador comprobó que todos dedican más horas a las cátedras.

El informe del extinto funcionario al que tuvo acceso UNO Medios es demoledor y en base a él, la Corte respondió a la Asociación Anticorrupción que ahora pide que se declare la emergencia.

El vicepresidente de esa ONG, el santafesino Mario Pilo, dijo que “el informe nos fue comunicado por la Corte el 15 de marzo y nuestra reacción que será anunciada el miércoles pide que la Corte actúe frente a lo que ella misma admite”.

En el informe de 219 fojas que investiga la conducta de los jueces entre los años 2008 y 2011, Bassó dice textualmente: “El suscripto detectó un sinnúmero de irregularidades relacionadas al ejercicio docente de todos los integrantes del Poder Judicial, superposición con la actividad que deben desarrollar en el Poder Judicial, falta de declaración de algunas actividades curriculares, entre otros”.

El ex procurador sólo aborda la cuestión de las horas cátedra y no entra en considerar otras posibles irregularidades de los magistrados para el incumplimiento de su labor, que fue lo que originalmente preguntó la Asociación de Monner Sans en una requisitoria a la Corte relacionada con la mora judicial en relación a grandes causas.