Pullaro defendió el paquete de leyes de seguridad: "Santa Fe necesita más herramientas para combatir el delito"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, defendió este miércoles el paquete de leyes de seguridad que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura y sostuvo que la provincia necesita nuevas herramientas para seguir combatiendo el delito. “Nosotros necesitamos más herramientas”, afirmó, durante el acto de ascenso de 300 agentes penitenciarios realizado en la ciudad de Santa Fe.

El mandatario anticipó que el Gobierno provincial continuará impulsando cambios legislativos. “Vamos a mandar más leyes a la Legislatura para pedirle más herramientas porque las necesitamos”, aseguró. Frente a los cuestionamientos sobre una posible inconstitucionalidad de las iniciativas, fue categórico: “Yo no voy a mandar ninguna ley que es inconstitucional”.

Pullaro defendió el rumbo de su política de seguridad con cifras de homicidios y advirtió que la reducción de la violencia no significa que las organizaciones criminales hayan desaparecido. “Hace tres años a esta altura, teníamos 344 homicidios en la provincia de Santa Fe; hoy tenemos 128”, afirmó.

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Sin embargo, remarcó que el escenario todavía requiere atención. “Las organizaciones criminales aún están activas en la provincia de Santa Fe”, sostuvo, y señaló que actualmente están “contenidas” por el Estado.

Las herramientas que propone el paquete de seguridad

Entre las iniciativas enviadas a la Legislatura se encuentran cambios en las facultades policiales y judiciales, nuevas herramientas de investigación y medidas para intervenir ante determinadas situaciones vinculadas con el delito.

El paquete contempla allanamientos sin orden judicial ante la tenencia comprobada de armas u otros materiales controlados en la vía pública, cuando existan indicios de que la persona guarda más elementos en su domicilio. También propone habilitar a la Policía a interrogar a sospechosos y a los fiscales a entrevistar a personas vinculadas con un hecho antes de una imputación.

Además, incluye juicios en ausencia para imputados que se fuguen o no comparezcan pese a estar notificados, decretos penales para casos de penas leves y pruebas contundentes, y la creación de zonas de intervención policial especial ante aumentos sostenidos de la criminalidad.

El proyecto también prevé derribos de búnkeres por orden fiscal en circunstancias excepcionales, amplía las facultades de inteligencia y contempla cambios en el programa de recompensas.

Al defender estas medidas, Pullaro destacó la construcción de nuevas unidades penitenciarias, en particular la destinada a presos de alto perfil. Recordó que, antes de su llegada al gobierno, algunos detenidos podían impartir órdenes desde las cárceles para cometer homicidios, extorsiones y robos.

En ese contexto, reconoció el trabajo de las fuerzas de seguridad y del personal penitenciario. “Esos hombres y mujeres que conforman nuestro personal penitenciario y policial le trajeron paz y orden a la provincia”, afirmó.

Pullaro cuestionó las críticas al paquete de leyes

El gobernador también rechazó los cuestionamientos constitucionales a las iniciativas y apuntó contra sectores de la abogacía penal. Según planteó, las objeciones provienen principalmente de “los defensores, los abogados penalistas”, a quienes les atribuyó intereses vinculados con la defensa de narcotraficantes, sicarios y otros delincuentes.

Durante su exposición, volvió a cuestionar determinadas interpretaciones judiciales y utilizó una expresión que repitió durante el acto: “Ese es el garantismo bobo que no queremos que vuelva”.

De todos modos, aclaró que su planteo no implica desconocer los derechos constitucionales. “Por supuesto que se respeten todas las garantías constitucionales, pero primero y ante todo que se aplique la ley”, sostuvo.

Como antecedente, recordó los habeas corpus que perdió cuando se desempeñaba como ministro de Seguridad y buscaba limitar el ingreso de alimentos a las cárceles.

La reforma judicial y el rol de las fuerzas de seguridad

Pullaro también se refirió a la renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Destacó que el diálogo institucional permitió proponer seis nuevos integrantes y planteó la necesidad de modernizar la Justicia y mejorar el uso de los recursos del Estado.

Para el gobernador, la reforma judicial y el paquete de leyes de seguridad forman parte de una misma discusión: fortalecer la capacidad estatal para prevenir y combatir el delito sin vulnerar las garantías constitucionales.

Al cierre, pidió reconocer el trabajo de policías y agentes penitenciarios y evocó los espectáculos masivos y los espacios públicos que, según afirmó, los santafesinos volvieron a disfrutar.

De todos modos, insistió en que el objetivo todavía no está cumplido. “No hemos terminado con las organizaciones criminales”, advirtió.