La reforma de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro tendrá un capítulo clave este jueves en la Cámara de Diputados de Santa Fe. El oficialismo buscará avanzar con un paquete de iniciativas que modifica normas vinculadas con la investigación penal, las facultades policiales, el sistema penitenciario y el combate de los mercados ilegales.
Reforma de seguridad en Santa Fe: Diputados debate el paquete de Pullaro entre el respaldo oficialista y las críticas por las garantías constitucionales
La Cámara baja tratará este jueves las iniciativas impulsadas por el Gobierno provincial. José Corral defendió las nuevas herramientas contra el delito, mientras Carlos del Frade y Lucila De Ponti advirtieron sobre posibles vulneraciones de derechos. Virginia Coudannes pidió acompañar las reformas.
28 de octubre 2026 · 20:00hs
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Debate clave. Diputados de Santa Fe debaten este jueves el paquete de reforma de seguridad impulsado por el gobernador Pullaro.
El debate tiene como eje el proyecto “Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública”, que propone agilizar procedimientos y ampliar las herramientas de investigación, pero que recibió cuestionamientos de sectores judiciales, colegios de abogados y organizaciones de derechos humanos por el alcance de algunas atribuciones policiales y fiscales.
Las posiciones están divididas. Mientras el diputado oficialista José Corral sostiene que las modificaciones permitirán mejorar la respuesta frente al delito, los legisladores Carlos del Frade y Lucila De Ponti advierten sobre posibles afectaciones a las garantías constitucionales. Desde el Ejecutivo, la vocera Virginia Coudannes pidió que las diferencias partidarias no impidan avanzar con las medidas.
Corral: “No podemos cantar victoria”
El diputado provincial José Corral defendió la continuidad de las políticas de seguridad de la gestión de Pullaro, aunque reconoció que todavía quedan problemas por resolver, especialmente en relación con los delitos que afectan la vida cotidiana.
“Estamos mucho mejor, pero no podemos cantar victoria: hay que seguir trabajando”, sostuvo en declaraciones a LT10.
Corral destacó los resultados que atribuyó a las medidas implementadas por el Gobierno provincial, pero advirtió que la reducción de los homicidios no alcanza para resolver todas las preocupaciones de la población. En particular, puso el foco en los robos de celulares y otros delitos predatorios.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la posibilidad de intervenir con mayor rapidez cuando un teléfono robado puede localizarse mediante GPS. El legislador explicó que el proyecto busca establecer mecanismos para que la Fiscalía, a través de la Policía y con comunicación al juez, pueda actuar ante una ubicación precisa del dispositivo.
También defendió el control del número IMEI, que permite identificar cada celular y contrastarlo con los registros de equipos denunciados como robados.
“Son medidas antipáticas. No es lindo que lo paren a uno para pedirle los papeles, pero para achicar ese mercado delictivo necesitamos dar estas herramientas”, reconoció.
Ante los cuestionamientos por los posibles abusos policiales, Corral sostuvo que esa posibilidad no debe impedir que el Estado cuente con instrumentos legales para actuar. “Abuso siempre puede haber, pero eso no tiene que llevarnos a que no tengamos legislación”, afirmó.
El diputado también reconoció que el texto está sujeto a ajustes para precisar sus alcances y resguardar las garantías constitucionales. Sobre el objetivo del oficialismo en la Legislatura, fue contundente: “El consenso entre Unidos es que este jueves haya ley”.
Del Frade: “Menos derechos, menos garantías y más inseguridad”
Desde el Frente Amplio por la Soberanía, el diputado provincial Carlos del Frade rechazó el paquete de reformas y cuestionó especialmente el alcance de las nuevas atribuciones previstas para las fuerzas policiales.
El legislador calificó la iniciativa como una “contrarreforma que le da a la policía las mismas facultades que tenía en 1975” y advirtió que representa un retroceso en materia de derechos y garantías.
“Es un riesgo enorme que va a conducir a tener menos derechos, menos garantías y más inseguridad”, afirmó en declaraciones a LT10.
Del Frade también cuestionó la posibilidad de retirar los artículos más controvertidos para alcanzar un acuerdo legislativo. Según su interpretación, eso podría dejar una norma sin una estructura coherente y con una delegación de facultades policiales que consideró injustificada.
El diputado reconoció la disminución de los homicidios registrada desde el inicio de la gestión provincial, pero sostuvo que las modificaciones no resolverán los delitos urbanos ni desarticularán el circuito de comercialización de teléfonos robados.
“Con esto van a volver las cajas negras policiales, sin lugar a dudas, y vamos a tener más control social que seguridad”, alertó.
Por estos motivos, confirmó que votará en contra de los proyectos y cuestionó que el oficialismo avance sin incorporar, a su entender, las advertencias formuladas por distintos sectores judiciales e institucionales.
De Ponti: “No se puede vulnerar las garantías constitucionales”
La diputada provincial Lucila De Ponti también anticipó su rechazo al proyecto principal. Para la legisladora peronista, algunas disposiciones comprometen garantías reconocidas por la Constitución de Santa Fe y podrían generar conflictos con el funcionamiento del sistema penal.
“Es un proyecto plagado de disposiciones que llevan al límite o incluso violan contenido constitucional de la provincia de Santa Fe”, sostuvo en declaraciones a LT10.
De Ponti cuestionó que se pretenda mejorar la persecución del delito mediante medidas que, según su análisis, pueden restringir derechos individuales sin garantizar resultados efectivos.
“Esto no va a servir ni para perseguir, como dijo el gobernador, a los contadores y a los abogados que lavan dinero de las bandas narco”, afirmó.
Además, advirtió que una eventual aprobación del texto actual podría derivar en planteos judiciales e incluso en presentaciones ante tribunales internacionales.
La legisladora diferenció su postura frente a las otras iniciativas que integran la agenda. Señaló que la oposición trabaja en modificaciones al proyecto vinculado con el Ministerio Público de la Defensa para resguardar la situación de los trabajadores. En cuanto a la propuesta sobre los mercados ilegales de dispositivos electrónicos, consideró que tiene un objetivo atendible, pero que necesita cambios por las atribuciones policiales que contempla.
Coudannes pidió acompañar las reformas
Desde el Gobierno provincial, Virginia Coudannes defendió el paquete de leyes y pidió a los legisladores que acompañen las iniciativas impulsadas por Pullaro.
“Es algo que necesitan los santafesinos”, afirmó la vocera, quien reclamó una mirada que “trascienda a las fuerzas políticas y que escuchen lo que dice la gente”.
Coudannes atribuyó parte de los avances en seguridad a las medidas adoptadas por el Ejecutivo y al paquete legislativo aprobado en 2024. Según el balance difundido por el Gobierno provincial, los homicidios se redujeron un 63 % durante el período al que hizo referencia la funcionaria.
“Tenemos que consolidar el modelo y profundizar las acciones, porque no creo que ningún vecino quiera volver atrás”, expresó.
También mencionó los procedimientos contra puntos de venta de drogas y aseguró que ya se superaron los 150 búnkeres derribados o inactivados en la provincia.
“Hay cosas que no pueden esperar: hay lugares que no pueden esperar, y hay vecinos que no pueden esperar”, sostuvo. Por eso, pidió a los diputados que prioricen “los intereses y la defensa de los santafesinos, lo conquistado y lo ganado”.
Qué cambios propone el paquete de seguridad
Entre los puntos más discutidos de la reforma se encuentran:
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Allanamientos y procedimientos urgentes: se busca ampliar los supuestos en los que puede actuarse sin una orden judicial previa, bajo determinadas condiciones.
Declaraciones durante la investigación: se modifican las reglas para tomar declaraciones antes de una imputación formal, una de las cuestiones objetadas por sectores judiciales y de la defensa pública.
Juicios en ausencia: se propone que el proceso pueda continuar cuando una persona imputada se fuga o no se presenta pese a haber sido notificada, según las condiciones previstas en la iniciativa.
Control de celulares robados: se incorporan herramientas para identificar dispositivos y actuar sobre su comercialización ilegal, entre ellas los controles vinculados con el IMEI.
Régimen penitenciario e inteligencia: se contemplan restricciones para internos de alto perfil que continúen ordenando delitos desde las cárceles y se amplían herramientas de investigación.
Intervenciones policiales especiales: se prevén facultades específicas para actuar en áreas con determinados indicadores de criminalidad, uno de los puntos que genera objeciones por su alcance.
El paquete también contempla cambios en el régimen de recompensas y en las normas vinculadas con la organización policial y la ejecución de las penas. Otro de los proyectos busca fortalecer la defensa penal pública del personal de las fuerzas de seguridad.
La discusión abarca no solo la eficacia de las medidas, sino también los controles judiciales, la intervención en domicilios y las condiciones en las que pueden tomarse declaraciones. El oficialismo anticipó que buscará ajustar algunos aspectos del texto durante el tratamiento legislativo.
Un jueves clave para la reforma
La Cámara de Diputados llega al debate con negociaciones abiertas y posiciones enfrentadas. El oficialismo busca avanzar con las iniciativas, mientras la oposición mantiene sus cuestionamientos sobre el alcance de las facultades propuestas y reclama cambios para resguardar las garantías constitucionales.
El recorrido legislativo dependerá de la votación y de las modificaciones que eventualmente se incorporen. Si Diputados cambia el proyecto de herramientas para el fortalecimiento de la seguridad, deberá volver al Senado para que la Cámara alta analice las modificaciones antes de una eventual sanción definitiva.
Así, el debate pondrá en discusión dos objetivos centrales: la búsqueda de respuestas más rápidas frente al delito y la necesidad de establecer límites y controles sobre las facultades del Estado.
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