Reforma Constitucional: la Comisión de Justicia se reúne y un proyecto propone limitar el cargo de jueces de la Corte

La reforma constitucional de Santa Fe comienza a transitar uno de sus tramos más sensibles: el del capítulo judicial. Este miercoles, la comisión de Justicia —una de las más relevantes del proceso— tendrá una jornada clave: recibirá, por separado, a las conducciones del Servicio Público de la Defensa Penal, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Corte Suprema de Justicia.

Las reuniones, según indicaron desde la comisión, se realizarán para “escuchar” a los organismos antes de avanzar con consensos en torno a sus funciones, independencia y control.

Reforma constitucional: sin acuerdo interno, el oficialismo presenta cuatro proyectos distintos

El temario incluye dos cuestiones que dividen aguas entre los convencionales: la autonomía del MPA —impulsada por sus autoridades y respaldada en varios proyectos— y una propuesta más reciente que abrió un nuevo foco de discusión: el proyecto del Partido Socialista que plantea que los jueces de la Corte Suprema no puedan durar más de 20 años en sus cargos.

Además, propone que todos los magistrados sean evaluados cada cinco años con controles de aptitud física, psíquica y ética.

Qué propone el Partido Socialista para reformar el capítulo Justicia

El proyecto del Partido Socialista plantea una serie de cambios estructurales en la Justicia santafesina, con énfasis en la limitación temporal de los cargos, la evaluación periódica de los magistrados y un nuevo sistema de selección con mayor control ciudadano.

• Límite en el ejercicio del cargo para jueces de la Corte Suprema: se propone que los integrantes del máximo tribunal provincial cesen automáticamente en sus funciones al cumplir 20 años continuos de ejercicio o 75 años de edad, lo que ocurra primero. El objetivo, según la iniciativa, es garantizar la renovación y evitar perpetuaciones en el poder judicial.

• Evaluaciones periódicas obligatorias: todos los jueces del Poder Judicial, sin distinción, deberán someterse cada cinco años a un examen de aptitud física, psíquica y ética. La inasistencia a esta instancia será considerada una falta grave. La idea apunta a asegurar la idoneidad y compromiso ético de quienes ejercen la magistratura.

• Nuevas reglas para la designación de magistrados:

  • En el caso de los miembros de la Corte Suprema, su nombramiento seguirá siendo facultad del Poder Ejecutivo, pero requerirá acuerdo de la Asamblea Legislativa, previo cumplimiento de una audiencia pública que garantice transparencia y participación.

  • Para el resto de los jueces, fiscales y defensores públicos, se establece el ingreso mediante concurso público de antecedentes y oposición, con evaluación a cargo de un jurado de selección ad hoc.

• Creación de una autoridad técnica especial: se proyecta un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tendría a su cargo la organización de concursos y la elevación de ternas vinculantes para cubrir vacantes judiciales.

• Fortalecimiento del extrapoder judicial: el texto propone reconocer al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal como una estructura autónoma y extrapoder, es decir, independiente de los tres poderes del Estado, reforzando su imparcialidad.

• Nuevo jurado de enjuiciamiento: ante casos de faltas graves, se crea un jurado de enjuiciamiento ad hoc conformado por jueces, legisladores, abogados y ciudadanos. El procedimiento será oral, público y acusatorio, buscando mayor legitimidad y control sobre el desempeño judicial.

El proyecto de reforma completo del Socialismo

El debate por el MPA

El debate por el MPA y la figura del “extrapoder” también sigue sumando capítulos. La fiscal general, María Cecilia Vranicich, ya mantuvo reuniones con los distintos bloques para explicar su posición: busca que el organismo tenga plena autonomía funcional y financiera, aunque aclaró que eso no implica que se convierta en un cuarto poder del Estado. Hoy, tanto las decisiones administrativas como las designaciones dependen de la Corte.

En los papeles, casi todos los proyectos coinciden en que el MPA debe dejar de estar bajo la órbita de la Corte. Pero hay matices: el del Colegio de Magistrados —presentado recientemente— va incluso más allá y plantea que el Ministerio Público Penal sea un “órgano extrapoder, independiente de los tres poderes del Estado”, en una estructura conjunta con el Servicio Público de la Defensa. Esta visión es compartida por el socialismo, pero no por la UCR.

"Locomotora" Oliveras permanece en estado crítico: "Tiene una lesión cerebral grave y riesgo de vida"

Por fuera del ámbito técnico, algunas voces de la política advierten que la autonomía del MPA puede abrir riesgos: que los fiscales se conviertan en actores con un poder desmedido y capacidad de poner “a todo el mundo bajo sospecha”. Por eso, los proyectos de Unidos ponen el foco en los controles y mecanismos de supervisión.

Este martes, integrantes de la mesa judicial del oficialismo se reunieron para avanzar en una propuesta propia. Según fuentes consultadas, hubo “bastante debate” interno respecto de la autonomía entre el MPA y la Defensa, y anticiparon que se buscará una “solución intermedia”.

En cambio, el límite temporal a los jueces de la Corte Suprema todavía no fue abordado dentro de ese espacio. El proyecto que propone un máximo de 20 años en el cargo fue presentado por el Partido Socialista y no figura en las iniciativas de la UCR, el PRO ni el Colegio de Magistrados. “Lo que pensamos en el bloque de Justicia es lo del proyecto de la UCR”, respondió una fuente cercana al gobernador Maximiliano Pullaro, aunque matizó: “Igualmente, estamos dispuestos a escuchar”.

Mientras tanto, en el bloque de Más para Santa Fe —que reúne al PJ, el Frente Renovador y Ciudad Futura— todavía no hay un proyecto unificado sobre el capítulo judicial. Desde ese espacio, sin embargo, reconocen que el debate sobre la autonomía del MPA “ya está saldado”. Una fuente del bloque lo resumió así: “Discutir si es un intrapoder o un extrapoder es ahogarse en un vaso de agua. Lo importante es que tenga autonomía funcional y financiera, y que no termine bajo la influencia del Ejecutivo, que es quien elabora el presupuesto”.