Santa Fe y otras 10 provincias pidieron reactivar el Consejo Federal de Salud Mental ante el aumento de la demanda

Once provincias, entre ellas Santa Fe, solicitaron al Gobierno nacional la reapertura de las reuniones del Consejo Federal de Salud Mental (Cofesama), un ámbito técnico de articulación que reúne a las autoridades del área de todas las jurisdicciones y de la Nación.

El pedido apunta a retomar el trabajo conjunto frente al incremento de las consultas y la presión creciente sobre los servicios de salud mental en todo el país.

Pedido formal de Santa Fe y otras 10 provincias

La solicitud fue realizada de manera formal por la subsecretaria de Salud Mental de Santa Fe, Liliana Olguín, junto a representantes de Córdoba, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, La Pampa, Salta, Formosa, Santiago del Estero y Buenos Aires. El planteo fue dirigido a la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, Liliana Graciela González, y reclama una pronta convocatoria del Consejo, cuya actividad se encuentra interrumpida desde 2025.

El Cofesama forma parte de la estructura del Ministerio de Salud de la Nación y tiene como función coordinar políticas, planificar acciones y acompañar la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. Según expresaron las provincias en la nota enviada, la falta de funcionamiento del organismo se da en un contexto de “fuerte incremento de padecimientos en salud mental”, con impacto directo en los dispositivos de atención ambulatoria y de internación.

En ese marco, los firmantes sostuvieron la necesidad de contar con espacios federales de intercambio que permitan articular criterios y construir respuestas comunes entre la Nación y los distritos provinciales, ante una problemática que atraviesa a todo el sistema sanitario.

Reforma en materia de salud mental

Además, las provincias manifestaron su preocupación por la posibilidad de que el Ministerio de Salud de la Nación impulse en el Congreso un proyecto de reforma en materia de salud mental, así como por la posición adoptada por el Estado argentino en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde votó en contra de la Declaración sobre Enfermedades No Transmisibles y Promoción de la Salud Mental.

Sobre estos puntos, solicitaron acceder a información precisa acerca de los objetivos y lineamientos que evalúa el organismo nacional, al considerar que ese tipo de decisiones inciden directamente en las políticas públicas que se aplican en cada provincia.

Finalmente, el pedido incluyó un requerimiento de información sobre acciones orientadas a mejorar el acceso a la salud mental, fortalecer los servicios y los sistemas de cuidado, y ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario, con énfasis en criterios de equidad y en el respeto de los derechos de las personas con padecimientos mentales y sus entornos.