"Sufrimos hasta cinco robos por día": deliverys santafesinos reclaman la reglamentación de una ley que prevé GPS, botón antipánico y monitoreo

Los trabajadores de aplicaciones de delivery volvieron a poner el foco en la inseguridad que atraviesan diariamente en las calles de Santa Fe y reclamaron al Gobierno provincial que avance con la reglamentación de la Ley 14.362 de Monitoreo Informático Permanente, promulgada en mayo de 2025 y todavía sin implementación efectiva.

Representantes de asociaciones de repartidores se reunieron con la diputada provincial Verónica Baró Graf, coordinadora del Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados, para solicitar su intervención ante la falta de avances. El reclamo se da en un contexto en el que, según señalaron desde el sector, pueden registrarse hasta cinco robos diarios contra trabajadores que circulan en motocicletas y bicicletas.

La normativa establece herramientas destinadas a mejorar la seguridad de quienes realizan repartos, entre ellas un sistema de posicionamiento global (GPS), monitoreo permanente durante el horario laboral, una central de denuncias con botón antipánico y canales de denuncia anónima.

Una ley aprobada que todavía no se implementó

La Ley 14.362 fue promulgada por el Poder Ejecutivo provincial el 26 de mayo de 2025. El Ministerio de Seguridad quedó establecido como autoridad de aplicación y tiene, entre otras funciones, la responsabilidad de confeccionar un registro de trabajadores, asignar dispositivos de geolocalización y desarrollar el sistema de monitoreo.

Sin embargo, a más de un año de su promulgación, los repartidores aseguran que esas herramientas todavía no están disponibles.

Baró Graf cuestionó precisamente la demora y señaló que, durante el tratamiento legislativo, el Ejecutivo provincial había planteado modificaciones al sistema originalmente previsto.

“Ellos propusieron otro sistema de monitoreo. Nosotros dijimos: bueno, ahora nos falta que digan cuál y que lo podamos poner”, explicó la legisladora.

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En ese sentido, remarcó que la responsabilidad de avanzar con la implementación está en manos del Ministerio de Seguridad. “Esto está bajo el Ministerio de Seguridad, o sea que son ellos quienes tendrían que decir cómo vamos a implementar”, sostuvo.

La diputada adelantó que realizará nuevas gestiones ante el Ejecutivo y presentará un pedido formal para exigir la puesta en funcionamiento de la normativa.

Robos, golpes y hasta disparos

Desde las asociaciones de trabajadores de aplicaciones describieron un escenario marcado por la violencia.

María Fernanda Fernández, referente del sector, explicó que la cantidad de personas que recurren al delivery como fuente de ingresos continúa creciendo como consecuencia de la situación económica.

Según detalló, en la ciudad de Santa Fe existen alrededor de 2.000 trabajadores, mientras que en Rosario la cifra ronda los 4.000.

Fernández recordó algunos de los ataques sufridos recientemente por repartidores. “Sin ir más lejos, la chica que fue de público conocimiento, a la que le tiraron cinco tiros y uno le logró impactar en la pierna, es compañera de nosotros”, relató.

También mencionó otro episodio ocurrido días atrás: “A una compañera le metieron un culatazo, le robaron la bicicleta, el celular, la mochila, le robaron todo. Pero aparte, ese golpe prácticamente casi le quita la vida”.

Para los trabajadores, estos hechos muestran que el problema excede el robo de una herramienta de trabajo: la integridad física de quienes realizan los repartos también está en riesgo.

Fernández aseguró además que representantes del sector mantuvieron reuniones con funcionarios del Ministerio de Seguridad y se encontraron con una situación que incrementó su preocupación.

“Nos reunimos con funcionarios de este Ministerio y nos encontramos con que los mismos desconocían la existencia de esta ley y sus alcances”, afirmó.

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GPS, botón antipánico y monitoreo

El principal objetivo del reclamo es que las herramientas previstas por la ley puedan comenzar a utilizarse.

El denominado Monitoreo Informático Permanente (MIP) contempla la geolocalización de los trabajadores durante sus jornadas, un sistema de seguimiento y una central de denuncias que incluya un botón antipánico para alertar ante situaciones sospechosas o de emergencia.

Además, la norma establece la creación de canales de denuncia anónima para que los repartidores puedan aportar información sobre delitos vinculados con su actividad sin quedar expuestos.

Para Baró Graf, estos trabajadores pueden cumplir además un papel importante en la prevención. “Nosotros fundamentamos que también ellos son como los ojitos ciudadanos, porque pueden ver la realidad de la calle”, explicó.

Y agregó: “Le serviría al Ministerio de Seguridad también tener esos ojitos que ven”.

La legisladora consideró que la herramienta podría aportar información útil para las fuerzas de seguridad y, al mismo tiempo, mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia.

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Cuando les roban una moto, una bicicleta o un utilitario

Otro de los aspectos señalados por Baró Graf es que los robos a repartidores pueden tener consecuencias que van más allá de la propia víctima.

Los vehículos sustraídos —motos, bicicletas o utilitarios— pueden posteriormente ser utilizados para cometer otros delitos.

“Cuando les roban el utilitario, la bicicleta, la moto, lo que sea, también después se utiliza para delinquir. Y nosotros decimos: obviamente que no es el delivery el que delinque”, remarcó.

Por eso, consideró que el sistema de monitoreo podría contribuir también a mejorar la seguridad general.

“Para nosotros sería muy importante que esto ayudara a la seguridad ciudadana, no solo para el bienestar de ellos, sino para el bienestar de toda la población”, sostuvo.

Un reclamo que lleva años

El pedido de los repartidores tiene un largo recorrido legislativo. El proyecto para proteger a los trabajadores de delivery fue presentado originalmente en 2021, luego de los numerosos episodios de inseguridad que comenzaron a sufrir quienes se desempeñaban en la actividad durante y después de la pandemia.

Tras perder estado parlamentario y ser presentado nuevamente, la iniciativa fue aprobada en distintas instancias hasta convertirse finalmente en ley y ser promulgada en mayo de 2025.

Desde entonces, los trabajadores aseguran que la norma quedó sin aplicación.

La situación genera especial preocupación porque quienes realizan los repartos utilizan, en muchos casos, sus propios vehículos, teléfonos celulares y elementos de trabajo, además de asumir diariamente los riesgos de circular por distintos barrios.

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“Que la ley se pueda ejecutar”

Baró Graf sostuvo que, pese a las modificaciones introducidas durante el tratamiento legislativo, existió voluntad para avanzar con un sistema de protección.

“Hubo voluntad porque no les gustó la idea del GPS o del chip. Pero sí aseguraron un monitoreo concreto de dónde estarían los utilitarios, de dónde estarían las personas”, explicó.

Ahora, el reclamo apunta a que esa definición se traduzca en una herramienta concreta.

“Vamos a volver a pedir que esto se pueda reglamentar para poder ejecutar”, afirmó.

La diputada consideró que la implementación de la ley también podría generar un efecto preventivo frente a los ataques.

“Una vez que se hace público y se ejecuta esta ley, obviamente que va a haber una especie de prevención del delito para que no sean tan atacados ellos”, concluyó.

Mientras tanto, los repartidores continúan trabajando expuestos en las calles y reclaman que una ley que fue aprobada precisamente para protegerlos deje de ser una norma pendiente y se transforme en medidas concretas de prevención, alerta y respuesta ante los hechos de inseguridad.