El Senado uruguayo aprobó recientemente la llamada ley de muerte digna, un proyecto impulsado por el Frente Amplio que garantiza a las personas el derecho a decidir sobre su vida ante enfermedades incurables, intratables o irreversibles.
Uruguay aprobó la ley de eutanasia tras diez años de debate: "No se obliga a nadie, se garantiza el derecho a elegir"
La norma reconoce el derecho de pacientes con enfermedades terminales o irreversibles a decidir sobre el final de su vida, bajo estrictos protocolos médicos y legales. UNO Santa Fe dialogó con el senador Daniel Borbonet, uno de los impulsores de la iniciativa
Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia
Para conocer los detalles del debate y del alcance de la ley, el programa Dame Radio (UNO 106.3) dialogó con el senador Daniel Borbonet, uno de los impulsores de la iniciativa.
“No se legisló sobre estar a favor o en contra, sino sobre el derecho a elegir”
—Senador, ¿cómo se dio el debate en el Parlamento uruguayo y qué considera lo más importante del proceso?
—Lo más importante no fue la sesión de 13 horas que tuvimos el 15 de octubre, sino los diez años de debate en la sociedad. Este es un tema muy sensible, que atraviesa lo político, lo filosófico, lo religioso y lo humano. Durante una década, la sociedad uruguaya fue madurando la discusión y reclamando que se reconociera un derecho que hasta hace una semana no existía: el derecho a elegir.
No legislamos sobre estar de acuerdo o no con la eutanasia; lo que hicimos fue garantizar que quien atraviese una enfermedad incurable, intratable o irreversible, con sufrimiento insoportable y deterioro progresivo, pueda decidir libremente si continuar o no con ese proceso.
—¿Cuáles fueron los principales puntos de conflicto durante el debate parlamentario?
—Hubo un nivel de respeto muy alto en la discusión, incluso con quienes se oponen. La diferencia esencial es que algunos consideraban que se trataba de un delito y, por tanto, no debía realizarse; otros entendían que era un delito pero que debía despenalizarse. Nosotros partimos de otro principio: esto no es un delito, es un derecho. Y como tal, debía ser reconocido.
Uruguay tiene una larga historia de avances en derechos humanos: el divorcio, el voto femenino, el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo. Este es un paso más en ese camino.
—En la Argentina, el debate por la eutanasia todavía no tiene fuerza. ¿Encuentra similitudes con otras leyes, como la del aborto legal?
—Sí, en un punto fundamental: ninguna de las dos leyes obliga a nadie. La interrupción voluntaria del embarazo no obliga a las mujeres a abortar, y la eutanasia no obliga a los enfermos terminales a solicitarla. Simplemente abre un camino que no existía. Quien no desee hacerlo, continúa su vida y su tratamiento como hasta ahora.
La ley uruguaya establece garantías muy precisas: el pedido debe hacerlo el propio paciente, mayor de edad y psíquicamente apto. Luego intervienen dos médicos independientes que certifican la enfermedad y el sufrimiento irreversible. Solo después de ese proceso, y con testigos, el procedimiento puede realizarse, incluso en el propio domicilio del paciente si así lo elige.
—¿Qué postura adoptó el cuerpo médico uruguayo?
—La ley contempla la objeción de conciencia. Ningún médico está obligado a realizar el procedimiento si no lo desea. Si un profesional se niega, la institución debe garantizar otro equipo que lo haga.
Según encuestas del Sindicato Médico del Uruguay, un 82% de los médicos está de acuerdo con la eutanasia, aunque solo un 55% afirma que la practicaría. Es decir, incluso dentro de la profesión hay debate, y eso es saludable en una democracia.
—¿Han tenido contacto con legisladores o funcionarios argentinos interesados en la ley?
—En lo personal no, pero seguramente habrá intercambios más adelante. Cada país tiene sus tiempos. En Uruguay, el 70% de la población ya estaba a favor de legislar sobre la eutanasia. Cuando la sociedad madura el debate, los legisladores pueden avanzar. Por eso creo que la discusión debe empezar desde abajo: en los hogares, las universidades, los hospitales.
—Uno de los reparos más frecuentes viene del ámbito religioso. ¿Cómo respondieron a ese planteo?
—Primero, con respeto. La religión tiene su mirada y hay que comprenderla. Pero también hay datos que muestran que la realidad va por otro lado: entre los religiosos no practicantes, el 64% está de acuerdo con la eutanasia; entre los practicantes, un 32%. Eso muestra que las experiencias personales y familiares, el dolor y el sufrimiento concreto, muchas veces pesan más que la doctrina.
—¿Qué diferencia hay con otros países de la región?
—Colombia y Ecuador tuvieron fallos judiciales que autorizaron casos particulares, pero no leyes. Uruguay es el primer país de América del Sur en tener una ley nacional de eutanasia. En el mundo, se suman Bélgica, Países Bajos, España, Canadá y Nueva Zelanda.
Antes de despedirse, el senador Borbonet subrayó el espíritu de la norma: “El derecho a decidir no obliga a nadie, pero sí permite la decisión de quienes hasta ahora no la tenían. Se trata, en definitiva, de devolver dignidad y libertad a las personas en el momento más difícil de sus vidas”.
Con esta aprobación, Uruguay vuelve a colocarse a la vanguardia de los debates sobre derechos humanos en la región. El desafío, como señaló el legislador, será que la sociedad —más que los parlamentos— inicie la reflexión sobre el derecho a elegir cómo y cuándo partir.













