Fallo judicial exige a Iapos entregar una prótesis

Un hombre de Bombal que tiene 73 años y desde hace cuatro se encuentra en sillas de ruedas tras ser amputada parte de sus piernas por un problema de salud, al fin podrá acceder a la cobertura que reclamaba desde hace tiempo a su obra social para tener la chance de volver a caminar.

Esto será posible gracias a una resolución judicial que obliga a Iapos a satisfacer la demanda del afiliado de una prótesis, luego de no haber tenido respuesta en la faz administrativa ni encontrar el resultado esperado en un fallo de primera instancia.

La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto revocó lo dispuesto inicialmente por el juez Gabriel Alberto Carlini, quien hizo lugar parcialmente a la medida cautelar al ordenar solamente el otorgamiento de una de las dos prótesis ortopédicas requeridas.

El juez instó en su momento a Iapos que provea al paciente de la prótesis transfemoral indicada para su extremidad inferior izquierda y rechazó el pedido de la otra prótesis transtibial para la pierna derecha.

Lo curioso es que ese primer fallo se basó en la recomendación de un dictamen médico de la propia obra social, que argumentó que al solicitante le restaba realizar una serie de trámites y completar el tratamiento para recibir el equipamiento ortopédico que le fue denegado.

El argumento que primó en esa instancia judicial se contrapone a un informe aportado por médicos forenses, quienes advirtieron sobre el estado de "angustia y depresión" del paciente, y dieron el visto bueno para que se le provea de ambas prótesis al considerar que son de "vital importancia" para mejorar su calidad de vida.

Pero ese planteo, desestimado inicialmente, no solo terminó siendo considerado sino que fue clave para que la Cámara resuelva a favor del afiliado Bernado Pedro Espinosa, a quien la obra social le deberá garantizar la prótesis que finalmente le colocarán, junto a la otra que ya tiene en su poder y nunca pudo usar a causa de lo sucedido.

Lo resuelto pone en evidencia que el fallo apelado por el damnificado "luce arbitrario", según se resalta en los fundamentos de la sentencia dictada por los camaristas Héctor Matías López, Federico Bertram y Juan Ignacio Prola.

Así lo calificaron, tras recriminarle al juez de primera instancia haber rechazado el pedido de la prótesis trasntibial sin valorar la indicación médica de ese material y fundamentalmente el dictamen forense que lo avalaba, que ni siquiera fue impugnado ni objetado por la parte demandada.

La Cámara de Apelaciones, por el contrario, rescató, entre otros argumentos, los estudios y opiniones, por los que se justifica que el paciente está en "buen estado general" de salud para recibir ambas prótesis y "deambular" por sus propios medios.

"Se trata aquí —resalta el fallo— de permitir a una persona que pueda desarrollar del modo más amplio y completo facultades motoras, alteradas y disminuidas cuando no cuasi suprimidas a consecuencia de las maniobras quirúrgicas amputatorias destinadas a evitar una consecuencia más graves que comprometen la vida misma".

En esa misma línea cita como referencia que "nuestro máximo Tribunal Federal (de Justicia) sostuvo que el derecho a la salud, desde el punto de vista normativo, está reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional".

Asimismo puntualiza que "se trató de un tema de salud, donde el accionante no recibió respuesta de quien estaba obligado a dar cobertura, debiendo por ello buscar una respuesta jurisdiccional".

En ese dirección además cuestiona la conducta demostrada por la obra social al sostener, entre otras valoraciones, que "lo cierto es que siendo ésta una prestadora de cobertura de servicio de salud, se opuso claramente al progreso de la acción" impulsada por el demandante.

Sobre lo resuelto, los abogados patrocinantes de Espinosa, Gabriel Betti y Guillermina Carlotto, indicaron que "esta sentencia sienta jurisprudencia en nuestra región", tras puntualizar que la "Cámara de Apelaciones decidió claramente, en este caso, que el valor de la salud individual y colectiva está por encima de todo procedimiento administrativo que cualquier obra social quiera utilizar para impedir el acceso al sistema de salud".

También ponderaron que los camaristas hayan priorizado "el dictamen médico forense que avalaba la necesidad de la prótesis a contramano de lo dictaminado por el médico de la obra social y que fue tenido en cuenta en primera instancia. Lamentablemente el paciente tuvo que esperar casi un año y medio para finalmente acceder a la prótesis porque la prestadora se negaba, algo que ahora deberá cumplir al hacerse Justicia"