Triple acusación para el exjuez Bailaque: pidieron 10 años de prisión por presunta corrupción

El exjuez federal de Rosario, Marcelo Martín Bailaque, fue triplemente acusado en causas por presuntos delitos de corrupción y la fiscalía estimó que solicitará una pena de 10 años de prisión.

Tal como indicó Fiscales.gob, los representantes de la fiscalía advirtieron que los hechos que se le imputan muestran una trama de “corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”.

De acuerdo con la acusación, al exmagistrado se le atribuyen maniobras que incluyen prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos.

La imputación sostiene que los hechos habrían logrado un esquema de utilización indebida de la función judicial para favorecer intereses particulares y obtener beneficios económicos, en lo que los investigadores describieron como un caso corrupto desde sus bases, dentro del Poder Judicial.

En el mismo expediente también fueron acusados un escribano señalado como presunto intermediario en maniobras extorsivas y la esposa del exjuez, señalada por operaciones vinculadas al presunto lavado de activos.

Las acusaciones fueron elevadas por fiscales federales con intervención de áreas especializadas en criminalidad económica y narcocriminalidad, y ahora el juzgado deberá resolver si el caso avanza a juicio oral. El ex magistrado continúa en prisión domiciliaria mientras continúa el proceso judicial.

Los letrados precisaron que las acusaciones corresponden a hechos diferentes que se vinculan entre sí y por eso no se descarta un único juicio oral, así como el pedido de 10 años de cárcel fue estimado para el tramo de mayor gravedad y, en los otros expedientes, también se prevén penas de cumplimiento efectivo, la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y multas.

Uno de los legajos se refiere a causas de narcocriminalidad en Rosario, se investiga si el magistrado habría favorecido intereses particulares a través de resoluciones que se podrían considerar irregulares.

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