Santa Fe

Una mujer fue imputada por encubrir y mentir sobre la muerte y desaparición de Caterina Giménez

Además ampliaron las imputaciones de los dos hombres que están en prisión preventiva desde el 22 de Marzo de este año por la muerte, explotación sexual y desaparición de Caterina Giménez en 2013.

Lunes 06 de Junio de 2022

Cristian K. de 31 años y Luciano R. de 46 están imputados y en prisión preventiva desde marzo, en el marco de una investigación por la muerte y desaparición de la joven Caterina Giménez. La familia de la chica perdió su rastro y denunciaron en 2013, encontraron restos óseos en una casa en 2019 y recién en marzo de este año confirmaron su identidad con un examen de ADN.

Al primero de los detenidos se le adjudicó la calificación legal de promoción a la prostitución, y al segundo por encubrimiento agravado. Este lunes la fiscalía amplió la imputación con nuevas pruebas de los dos por los mismos delitos. A Luciano R. le agregaron falso testimonio. Además imputaron a Ana Filomena R., pareja de este hombre, por encubrimiento agravado y falso testimonio. En los próximos días el Ministerio Público de la Acusación solicitará la prisión preventiva de la mujer.

El caso

Caterina vivía con su bebé y Cristian en una precaria pieza que daba a un patio en el que había un solo baño. Era compartido con otros familiares del hombre que habitaban en otras construcciones del mismo terreno. Tenía una historia de vulnerabilidad social que el Estado no atendió. Antes de conocer a su pareja y explotador sexual, siendo una niña pobre, ejercía la prostitución de manera telefónica en su casa. Pero no fue hasta que conoció a K. que fue obligada a salir a la calle. Desarrolló una adicción a estupefacientes que nunca fue tratada por el sistema de salud aunque pasó por varias instituciones. Por ejemplo en 2013 estuvo internada por bajo peso.

Caterina tenía 15 años cuando tuvo a su hijo con Cristian K. de 22, en 2012. Por esos meses, el hombre la obligó a prostituirse en la zona de Aristóbulo del Valle al 7500, en Guadalupe Oeste. La hacía caminar toda la noche por la avenida a los golpes, sin detenerse en las esquinas. Después se quedaba con el dinero. Esta mecánica fue descrita en audiencias previas por la fiscalía.

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La mamá de Caterina supo desde un comienzo que su hija de 16, no estaba viva. Cristian K. fue a buscar a la señora a su casa al siguiente día del 17 de agosto del 2013, fecha en que la adolescente fue vista por última vez. En una conversación le dio a entender que estaba muerta, pero rápidamente se desdijo. "Se me fue", le expresó el hombre que sostuvo por años que la chica se había retirado corriendo por sus propios medios de la casa que compartían para buscar "cigarrillos o sino toallitas" (lo dijo así en una audiencia) en la madrugada y que luego desapareció. La mujer logró obtener la custodia de su nieto, en ese momento de ocho meses, por los descuidos del padre. Lo cría sola hasta hoy.

Desde ese intercambio en 2013 comenzó a recorrer todo tipo de oficinas estatales del Poder Judicial y del Ejecutivo. El único alcance público que tuvo el caso fue un parte de prensa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia con un pedido de paradero de Caterina ese mismo mes. Nada más. No se volvió a replicar. La causa no tuvo avances hasta septiembre del 2021, cuando una de las oficiales de la nueva Brigada de Femicidios (funciona desde mediados del año pasado) decidió abrir el expediente y leerlo.

Debajo de una capa no muy gruesa de cemento, los restos de Caterina permanecieron hasta marzo del 2019. Estaban en un patio seco y abierto en una vivienda de Aristóbulo del Valle al 7700. Luciano R. y su familia, su mujer y dos hijastros habían sido los inquilinos desde 2011 de la casa hasta principios del 2019. Dos meses después de la mudanza, unos albañiles que contrataron quienes alquilaron el lugar picaron un poco el piso por problemas en las cañerías y vieron un cráneo. "Esto es humano", le dijeron minutos después a la policía.

La única persona en dos años que había reclamado esos restos fue la mamá de Caterina. Fuentes policiales y de la Unidad Fiscal de Género Familiar y Sexual (Gefas) confirmaron a UNO Santa Fe que nadie más se acercó para pedir que investiguen si los restos hallados en Aristóbulo del Valle al 7700 eran de un familiar desaparecido. "Esa es mi hija", le repitió la mujer a los investigadores de la Unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación. Le respondieron que no había elementos suficientes para poder hacer un ADN. Tampoco la llamaron para hacer un reconocimiento de la ropa encontrada entre los huesos. Ni llamaron a declarar ni a Luciano R. ni a Cristian K.

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Los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alejandra Del Río Ayala y Matías Broggi, que están a cargo de la investigación, contaron en las audiencias previas que la hermana de Caterina declaró que en agosto de 2013 la salió a buscar por las calles donde era explotada. Contó que un señor de ojos claros que estaba sentado en un balde dado vuelta en Aristóbulo al 7700 le señaló la puerta de la casa donde hallaron los restos de Caterina seis años después y le dijo: "Ahí la vi entrar anoche". Este hombre es buscado en este momento por los investigadores. También describió que el 16 de agosto de 2013 la encontró a Caterina llorando y toda golpeada en la casa que compartía con Cristian K. Incluso contaron que familiares del hombre dieron a conocer en sus testimonios lo violento que había sido con ellas y que le tenían miedo.

La casa que alquiló con su nombre Luciano R. (albañil) era conocida en el barrio por ser un lugar de encuentro "para la mala junta". Drogas y fiestas era lo que se podía encontrar en esa vivienda de acuerdo a la fiscalía. Analizan si hay vínculos entre Cristian y las personas más jóvenes que habitaron la vivienda. "Los vínculos que existían es que esta chica frecuentaba este lugar por distintos motivos. Se hizo referencia al ejercicio de la prostitución en el marco de "jodas" como dijeron los testigos y del consumo de drogas", relató por su parte Broggi a este medio en una entrevista realizada en marzo.

"Lo que se sabe hasta ahora es el piso, no el techo", le dijo Broggi al juez Jorge Patrizi en la audiencia de prisión preventiva de marzo sobre la participación del hombre de 46 años en el hecho y sostuvo: "Estamos seguros que fue un femicidio". "A Caterina la mataron en esa casa, no es que la asesinaron en otro lado y se la trajeron a Luciano R. para que la entierre en su vivienda. Por lo que hay por lo menos cuatro personas que saben lo que pasó y que incluso una de ellas podría estar involucrada directamente en la muerte de la chica", aportó Del Río Ayala por su parte.

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Los investigadores relataron que Luciano R. en la víspera de la desaparición de Caterina hizo un pozo de cuatro metros de largo y aproximadamente 40 centímetros de profundidad en el patio de cemento. La intención habría sido arreglar cañerías. En la audiencia el hombre intentó explicar que al pozo lo había hecho en otro lado pero los fiscales apuntaron que ese arreglo es de años posteriores, y no de esa ocasión.

En abril de 2021 se creó la Brigada de Femicidios que investiga bajo las órdenes de Gefas. Todos los casos de muertes violentas de mujeres o casos no resueltos de posibles femicidios de años atrás pasaron a ser investigados por este nuevo brazo de la Agencia de Trata de de Personas y Violencia de Género de la Región I de la Agencia de Investigación Criminal.

Cuando encontraron el expediente de los restos de mujer hallados en Aristóbulo del Valle al 7700, vieron el nombre de la mamá de Caterina. En septiembre la llamaron a declarar y le mostraron la ropa que estaba con los huesos. Reconoció tres prendas. En diciembre le hicieron el ADN. "Siento en mi corazón que es ella. Es mi hija, la quiero velar", manifestó la mujer a las investigadoras. El 10 de marzo del 2022 le dieron el resultado: es su hija.

En una de las audiencias de marzo se dio a conocer que una de las prendas de Caterina halladas en 2019 tenía un agujero que podría interpretarse como provocada por arma de fuego pero que es una teoría que aún no fue probada.

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