Bienes incautados al delito: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

El gobierno provincial realizará una nueva subasta de bienes incautados al delito el próximo 16 de abril. Dentro del lote que sale a la venta hay vehículos que son propiedad de Daniel Casanova, el agente de bolsa detenido en prisión preventiva por estafas financieras. Pero la polémica creció por una avioneta a nombre de Cereales del Sur, una empresa de Casanova, que está concursada e inhabilitada para disponer de sus bienes.

La disputa nace por el concurso preventivo al que está sometido Cereales del Sur. Sus acreedores, que esperan poder cobrar lo acordado con la empresa, reclamaron que la avioneta en cuestión forma parte de la firma y no es un bien personal de Daniel Casanova. En este contexto, la defensa del agente de bolsa, se presentó en el Centro de Justicia Penal para suspender la subasta de la aeronave, avalados por los acreedores que piden que el bien sirva para saldar deuda de la empresa.

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Abogados defensores

El miércoles la defensa de Casanova tendrá una audiencia con el juez Alejandro Negroni, donde se definirá la situación. De todas formas, el grupo de abogados defensores encabezado por Emiliano Díaz sostiene que se trata de un movimiento de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) para generar un cimbronazo mediático. “Decir que se subasta un avión es más importante que un auto”, deslizaron a La Capital.

La avioneta en cuestión es una Cessna 402 A que no vuela desde 2019 ya que no tiene la habilitación aviónica de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac). En 2009 sufrió un accidente aéreo en San Fernando que quedó registrado en Anac. Según la página web de la Aprad, la Cessna 402 A no tiene llaves, se desconocen los kilómetros y el año de fabricación y está valuada para la subasta en $50.000.000, poco menos de 37 mil dólares al costo oficial de este lunes 6 de abril.

Deudores y acreedores buscan frenar la subasta

La oposición de los acreedores se debe a que existía un principio de acuerdo entre estos y Cereales del Sur, hasta se llegó a pagar una cuota. Sin embargo, la Fiscalía impidió a la firma utilizar sus activos corrientes, por ende, no pudo continuar con los pactado y la firma llegó a presentar la quiebra.

Los representantes de Cereales del Sur alertaron la situación y la Justicia replanteó su decisión. “Si la empresa quiebra, los reclamos van a caer a la provincia”, le habrían advertido.

El pedido de la suspensión de la subasta recae sobre la avioneta y el resto de los vehículos ofertados. Uno de los argumentos de los abogados de Casanova es que ninguno de los ítems ofrecidos tiene que ver con delitos de narcotráfico sino con económicos. Para quienes defienden al financistas llama la atención que no se hayan decomisado bienes “50 veces más caros” que la avioneta y dos autos, un Audi A7 y otro Audi Q7, que ofrece la provincia. Además, se trata de bienes que fueron secuestrados sin una condena “que recién va a estar en cuatro años”, sostuvieron.

Secuestro de la aeronave

La sindicatura designada por Cereales del Sur S.A. s/concurso preventivo, bajo la dirección de la contadora pública nacional Nancy Ortiz, denunció el secuestro de la aeronave por parte del Ministerio Público Fiscal para ser subastada por la Aprad. En este marco, pidió evaluar esta decisión sobre el transporte. “Queda en evidencia que se trata de dos personas distintas (Casanova y Cereales del Sur) y que el bien en cuestión integra el patrimonio” de Cereales del Sur.

“Estos fundamentos nos llevan a la conclusión de que no deben salir bienes del patrimonio de la concursada y que permitirlo implicaría un grave perjuicio para los acreedores que verían disminuidos el activo de la concursada”, agregó la sindicatura.

En caso de subastarse, el dinero ingresaría a las arcas provinciales. Además, habría una retención del 20% por la comisión del remate y otros gastos. Entonces, el 80% del dinero que ingresa por los vienes de Casanova y Cereales del Sur quedaría en manos de Santa Fe hasta que exista una sentencia firme. A partir de allí, la provincia pagaría a los acreedores actualizando el monto por la tasa pasiva del Banco Nación, que pierde ante la inflación anual.