Juego clandestino en Santa Fe: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

El exfiscal Gustavo Ponce Asahad, quien aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado por brindar protección a una red de juego clandestino, se presentó a declarar este miércoles como testigo en el juicio por la misma causa judicial. El debate tiene sentados en el banquillo a dos acusados nada menos a que su antiguo jefe Patricio Serjal, quien comparte acusaciones con Nelson Ugolini, otro exfuncionario del Ministerio Público de la Acusación que cayó en desgracia en uno de los casos de corrupción más resonantes de los últimos tiempos.

El testimonio de Ponce Asahad fue el plato fuerte de la nueva jornada del juicio que se lleva adelante en el Centro de Justicia Penal, pero minutos antes de ingresar a la audiencia habló con LT8.

En primer término, Ponce Asahad afirmó: “En el marco de esta causa estuve imputado, fui condenado y me acogí a la figura del imputado colaborador. Eso fue en virtud de toda la colaboración que brindé en este proceso, en la que asumí un gravísimo error de juicio que cometí. Por eso estoy acá en calidad de testigo. Yo no soy el protagonista. Los protagonistas son el doctor Serjal, Ugolini y alguien que evadió continuamente el proceso judicial como el senador (Armando) Traferri y algún que otro personaje político que en la causa no está muy señalado. En lo que a mí respecta, hoy voy a profundizar mi declaración”, afirmó Ponce Asahad.

El exfuncionario, quien llegó estar trece meses detenido acusado de asociación ilícita y cohecho por proteger al empresario del juego Leonardo Peiti y accedió a un juicio abreviado como imputado colaborador, lanzó una advertencia: “Me gustaría tener contacto visual en un estrado judicial con el senador Traferri”.

Y agregó: “Me parece una barbaridad que un senador utilice la Legislatura, la Convención Constituyente, como una guarida y haya hecho lo habido y por haber para eludir este proceso, y siga muy ufano, disfrutando de su sueldo como senador que proviene de las arcas públicas”.

Ponce Asahad planteó que las coimas investigadas en la causa donde también estuvo imputado eran parte de "una estructura que se había formado por instrucciones del senador Traferri. La persona activa en ese sentido era el empresario del juego Leonardo Peiti. Eso fue lo que declaré como colaborador. Yo reconozco que cometí un gravísimo error de juicio que me costó y me cuesta muchísimo superar. Pero uno se tiene que hacer cargo de la responsabilidad que le compete. Por eso no voy a encubrir a nadie que haya tenido que ver en esta causa porque la ley se tiene que aplicar a todos por igual”.

Un año preso

El exfiscal estuvo detenido más de un año desde el 31 de julio de 2020, cuando fue señalado por el empresario Peiti por haberle cobrado coimas durante un año para ayudarlo a esquivar investigaciones y allanamientos en su contra. En septiembre de 2021 fue condenado a 6 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario, cohecho pasivo y como miembro de una asociación ilícita. Por sus aportes a la causa la pena se redujo a 3 años. Días después recuperó la libertad.

A partir de declaraciones de Ponce Asahad los primeros fiscales que intervinieron en la causa, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, avanzaron hacia la imputación de Traferri como organizador de una asociación ilícita de juego clandestino a la que se brindó protección política y judicial. Sin embargo, luego de una serie de planteos que llegaron a la Corte Suprema de la Nación y tras la remoción del equipo original de acusadores, recién fue imputado en octubre del año pasado, cuando el caso llevaba más de cuatro años en la mira de la Justicia.

El senador provincial por el departamento San Lorenzo fue implicado como jefe de una asociación ilícita, organización y explotación de juegos de azar ilegales, tráfico de influencias agravado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo y peculado. La medida estuvo a cargo de los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Angeles Granato, los mismos que desde este lunes juzgan a Serjal y Ugolini en el Centro de Justicia Penal. Traferri no llegó a ser incluido en el debate oral y público porque los tiempos procesales, en su caso, se consideran diferidos respecto a los otros dos acusados.

En las audiencias ante los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese, el destituido fiscal regional Patricio Serjal está acusado de haber brindado protección o cobertura a la red de juego en carácter de organizador de una asociación ilícita. Los fiscales solicitaron 12 años de prisión para él y 5 para el exempleado judicial Ugolini como miembro de la organización y por incumplimiento de los deberes.

El origen: una escucha

La trama de corrupción quedó expuesta durante la investigación de un ataque a tiros de enero de 2020 al casino City Center en el que murió el gerente bancario Enrique Encino, un apostador que fumaba en un balcón y fue alcanzado por un disparo. Según la pesquisa, ese atentado fue ordenado por el jefe de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, con fines extorsivos.

Días antes, el 8 de enero de 2020, dos soldaditos fallaron en su intento de realizar un ataque incendiario al City Center pero en el camino los detuvo Gendarmería porque iban en un auto robado. Entonces un ladero de Guille, Maximiliano “Cachete” Díaz, se desesperó y llamó al empresario del juego Leonardo Peiti, a quien conocía por haberlo extorsionado, para que le averiguara “con sus amigos de Fiscalía” cómo era la situación de los dos apresados. Como el celular de Díaz estaba intervenido, ese intercambio dejó expuesta la conexión que, para la acusación, habían conformado Serjal y Ugolini para brindarles protección al empresario Peiti y sus negocios de juego.

Según la acusación, a cambio de dinero que recibía periódicamente de Peiti, Serjal daba instrucciones sobre cómo asegurarle impunidad al por entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad.

El empresario Peiti, en tanto, fue condenado a fines de 2021 a seis años de cárcel por pagar sobornos para garantizar su actividad y lavar dinero obtenido de numerosos emprendimientos de juego en la provincia; pena reducida a tres años por sus aportes como imputado colaborador. Recuperó la libertad luego de diez meses de detención.