Un exfuncionario, condenado por encubrimiento agravado

La pena es de ejecución condicional, por lo tanto, Martín Alejandro Romano, quien fue director de Control y Asistencia Pospenitenciaria hasta el 1 de febrero del año pasado, cuando fue detenido tras el asalto a una panadería, no tendrá que cumplir tiempo tras las rejas a menos que infrinja algunas de las condiciones de ejecución de su sentencia de dos años y ocho meses por el delito de “encubrimiento agravado”.

El debate dirimió su responsabilidad en el asalto ocurrido el 1 de febrero del año pasado, en la panadería Polo Norte, ubicada en Santiago del Estero y 9 de Julio. Un transeúnte advirtió que en la panadería estaban robando y avisó al número de emergencias 911. En la comunicación, el vecino aportó datos sobre un automóvil Renault Sandero negro del que había bajado el asaltante.

El exfuncionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue procesado en junio del año pasado por los delitos de “robo calificado por el empleo de arma de fuego” en calidad de partícipe por el asalto a una panadería. Pero además, el juez Sergio Carraro lo había acusado por “falsedad ideológica de documento público en forma reiterada” ya que cuando se allanó su vehículo y su domicilio particular, se secuestraron planillas de declaraciones juradas firmadas en blanco.

El procesamiento de Carraro había sido apelado por el abogados defensor de Romano, pero la Cámara de Apelaciones lo confirmó. En ese contexto, se esperaba que el caso pase a juicio, pero una declaración de la otra persona que fue detenida tras el robo al comercio, cambió el curso de la investigación. Gabriel Adrián Galván, de 39 años, también fue procesado, pero como autor material de robo calificado por el uso de arma de fuego, dijo que Romano no sabía que él estaba por cometer el robo.

En este contexto, la defensa de Romero, a cargo del abogado Romeo Díaz Duarte acordó con la fiscala Elena Perticará, la pena, que luego fue rubricada por el juez Cristian Fiz.

Para la fiscalía, la reacción de Romano ante la presencia policial fue clave para determinar el encubrimiento. La crónica policial de aquel 1 de febrero, cuenta que Romano empezó a vociferar frases como: “A mí no me pueden llevar preso porque soy funcionario”. Mientras, blandía desafiante una credencial oficial en las narices de los azorados agentes que lo detuvieron, sospechado de haber consumado el robo a mano armada a una panadería del macrocentro santafesino junto a un cómplice y expresidiario. Pero el hombre no mentía. Romano efectivamente era en ese momento director general de Control y Asistencia Pospenitenciaria de la provincia.