Caso Grávida: Diputados sostienen que el acompañamiento estatal "fracasó rotundamente"

Legisladores provinciales presentaron una solicitud para que el gobierno detalle cómo fue la intervención, a la vez que reclaman que hay funcionarias que intentan "aminorar la responsabilidad" de Grávida al obstaculizar el derecho del acceso al aborto legal.
9 de enero 2023 · 11:34hs

Este lunes, los diputados provinciales Claudio Fabián Palo Oliver, Carlos Del Frade, Agustina Donnet y Rubén Giustiniani presentaron una nota dirigida al gobernador Omar Perotti ante los "aberrantes sucesos" de la situación de una niña de 12 años que tuvo obstaculizado el derecho al aborto legal que había solicitado y que le fue indicado por un equipo médico. Se trata de una serie de vulneración de derechos a la menor que UNO Santa Fe dio a conocer. Es oriunda de la localidad de Garibaldi quien sufrió abusos sexuales de forma reiterada por parte de su progenitor y quedó embarazada.

Los legisladores describieron estar "consternados, indignados y con profunda preocupación" por el caso. En esa línea, describieron en conjunto que les "resulta evidente, que el «acompañamiento y el monitoreo del caso» a la víctima y su madre por parte de las autoridades estatales en cumplimiento de deberes legales fracasaron rotundamente".

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"La captación de la niña y de su madre por la organización Grávida, luego de haber radicado la denuncia de abuso y manifestar clara e indubitablemente su voluntad de acceder al derecho a la interrupción legal del embarazo privó a la niña a acceder a ese derecho al mismo tiempo que obstaculizó la actuación del Estado provincial. La sorprendente facilidad con la cual la institución Grávida sustrajo a la niña y a su madre de la actuación de Estado son demostrativas de claras y serias falencias en relación al servicio de resguardo de víctimas y las condiciones de cuidado que el Estado debe proveer ante estas delicadas situaciones", agregaron.

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Asimismo señalaron el texto del parte oficial emitido por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, de Salud y de Igualdad, Género y Diversidad, que decía: “que los tiempos previstos para darle continuidad a lo acordado en el marco legal correspondiente y con el consentimiento firmado por la madre y niña”( …) para “acceder a la interrupción legal del embarazo, derecho otorgado por la Ley Nacional 27.610, en un efector público de la ciudad capital se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado”.

"Citan una figura jurídica inexistente en el plexo normativo vigente (la objeción de conciencia de una Asociación no gubernamental). Al mismo tiempo, y con clara intención política, sus emisores han pretendido palmariamente aminorar la responsabilidad por las acciones desplegadas por los integrantes de la organización Grávida. Entendemos que obligar a gestar y parir a la niña es claramente una tortura. El Estado es responsable de proteger a las niñas en situaciones de abuso, y de frenar la violencia que implica ser obligadas a parir, evitando que vuelvan a ser victimizadas y sometidas a coacción de ningún tipo", reclaman los diputados.

En este sentido sostienen que el Estado Provincial debe garantizar el acceso a las víctimas a los dispositivos específicos. "La concreción de esta protección es un derecho humano", argumentan.

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Por ese motivo le solicitaron al gobernador en primer lugar "la garantía de cumplimiento estricto de los procedimientos legales, en especial, el ejercicio del derecho de la niña a ser oída, y las demás instancias que se generen en el proceso de Interrupción legal del Embarazo".

"La inmediata revisión de los procedimientos y los actos desarrollados por los organismos interviniente e individualmente de los funcionarios a cargo de los mismos, a los efectos de determinar eventuales responsabilidades por incumplimientos normativos", también.

Y exigen en particular: "que resulta necesario que el Estado Provincial aporte todos los antecedentes necesarios para acreditar si la ilegal intervención de Grávida en el caso fue avalada y/o facilitada a partir de acciones y/u omisiones de funcionarios con responsabilidad directa sobre la situación de vulneración de la víctima y su grupo familiar".

"Considerando los antecedentes de público conocimiento que involucran a miembros de Grávida en clara y patente intención de violar derechos de niñas y de obstruir la actuación del Estado, también solicitamos la inmediata suspensión y no renovación de cualquier tipo de convenio/subvención entre el Estado Provincial y Grávida, la Casa Hermanas de Betania (lugar en donde se alojó a la niña víctima), y de todo tipo de institución vinculada a la organización Grávida", agregaron.

Al mismo tiempo piden que se haga un informe sustanciado de los fundamentos y la oportunidad en la que se dictó la medida de protección excepcional transitoria por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del grupo familiar de la víctima.

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También reclaman "la inmediata investigación por parte de los organismos estatales por el incurrimiento de Grávida" en la violación del art 47, inc. c de la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 12.967 que concretamente en su artículo 47 reza lo siguiente: “c) No limitar ningún derecho que no haya sido limitado por una decisión judicial” y el Decreto Reglamentario N° 619/2010 que estipula en el caso de las Asociaciones Civiles: “…y de comprobarse, la inhabilitación para ser responsable de ámbitos de cuidado y alojamiento de niños, niñas y adolescentes…”.

Reclaman que se realice la remisión al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de todos los antecedentes administrativos relacionados al caso "y la colaboración necesaria y suficiente a los efectos de la investigación de los hechos perpetrados por miembros de Grávida. Debe considerar el Sr. Gobernador que las conductas desplegadas pueden configurar el delito de Privación ilegítima de la libertad tanto de la madre como de la niña (Art. 141 del Código Penal, además de violaciones a la Leyes N° 27.610, N° 25.673, N° 26.061 y N° 26.485 por parte de miembros de Grávida como de funcionarios y agentes públicos".

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Piden además "la urgente implementación de la Ley Nacional 26.150 que establece el derecho de todas las personas que estudian “a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”. La ESI es obligatoria en todos los niveles educativos y en todos los establecimientos educativos, sean estatales, privados o religiosos. Asimismo, se solicita el pronunciamiento en favor de la sanción de su homóloga a nivel provincial".

"El caso demuestra una vez más el ya conocido accionar de organizaciones religiosas fundamentalistas en contra de derechos. Ante este accionar repudiable, existe un Estado y un aparato político en manos de un gobierno que deben ejercer la laicidad, y ejecutar políticas públicas y procedimientos para garantizar de derechos, sin intromisión, coacción ni intervención de ningún orden ni poder que los destruya. El caso bajo análisis interpela al Estado Provincial en todos sus niveles. Resulta imperioso que la respuesta que reciba la sociedad sea contundente y palmaria de la vocación de las autoridades por el cumplimiento de las leyes y el acompañamiento de las mujeres y niñas víctimas de violencia de cualquier tipo", concluyen los diputados en el documento.

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