Fraude inmobiliario en Santo Tomé: casi 100 familias atrapadas en una estafa de loteos hace más de una década

Casi un centenar de familias en Santo Tomé lleva más de una década esperando una resolución judicial tras haber sido víctimas de un complejo fraude inmobiliario. Los afectados compraron y pagaron lotes en 2012, pero los terrenos jamás fueron entregados, lo que derivó en un largo conflicto judicial que se agravó con la aparición de un comprador posterior que reclama la totalidad de las tierras.

“Queremos una solución al problema”, reclamó uno de los damnificados en declaraciones a Sol Play. La situación se originó porque los desarrolladores de un loteo cercano al Club Independiente de Santo Tomé nunca lograron obtener la habilitación municipal necesaria.

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La estafa que frenó el remate

Ante la imposibilidad de obtener sus terrenos y construir sus viviendas, los compradores originales, que suman 150 lotes vendidos de un total de 350 fraccionados en 15 hectáreas, iniciaron acciones legales para recuperar el dinero invertido, más los daños y perjuicios.

El abogado de la mayoría de los damnificados, Rubén Decoud, explicó que la primera medida fue inhibir a los desarrolladores para impedir que continuaran las ventas. El objetivo principal era lograr el remate de las tierras para compensar a las familias.

El conflicto se convirtió en una presunta estafa en 2018, justo antes del remate. En ese momento, apareció un hombre identificado como G. C. con un boleto de compraventa firmado cinco años después de las ventas originales de los lotes. En este nuevo contrato, los desarrolladores le habían vendido a G. C. la totalidad de las 15 hectáreas por el precio equivalente a un solo lote.

“Lo gravísimo es que después de haber vendido 150 lotes, cuando ya estaba inhibido, aparece un señor con un boleto de compra-venta firmado cinco años después de la venta de los lotes”, detalló el letrado, calificando la maniobra como la estafa central del caso.

Complicidad y demora judicial

El abogado Decoud sostuvo que el comprador posterior, G. C., estaba al tanto de la situación de los compradores originales. “Sabía perfectamente que había 150 lotes vendidos, que estaba inhibido el vendedor porque en el mismo boleto de compra-venta dice que él va a pagar la inhibición, dice que va a honrar las obligaciones de los compradores”, afirmó Decoud.

Lejos de cumplir con esa obligación, G. C. “les mandó carta a los compradores después de eso, intimándolos a pagar impuestos”, una acción que, según el abogado, evidencia su conocimiento de la situación.

La aparición de este boleto de compraventa detuvo el remate, dando inicio a un segundo juicio para anular la demanda de G. C. Si bien las familias damnificadas ganaron el caso en primera instancia, el expediente fue apelado y ahora se encuentra varado en la Cámara de apelaciones.

“El expediente ahora está en la Cámara de apelaciones desde hace mucho tiempo y eso lo que nos preocupa, el paso del tiempo sin una solución”, señaló Decoud, subrayando la dilación de la Justicia.

El abogado interpreta que la estrategia del nuevo comprador es el desgaste: ofrecer “dos mangos” a los compradores iniciales para que desistan de sus reclamos y así quedarse con la totalidad de las 15 hectáreas a un precio ínfimo.