Fuerte rechazo en Santa Fe a la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad: "Los artículos claves no están"

El reciente decreto del Gobierno nacional que reglamenta la Ley de Emergencia en Discapacidad generó un fuerte malestar en Santa Fe, donde especialistas y referentes del sector advierten que la norma quedó desvirtuada al dejar afuera los artículos más sensibles.

Así lo expresó la abogada Mariela Peña, especialista en derechos de las personas con discapacidad, quien sostuvo que había expectativas de una reglamentación acorde a lo que había ordenado la Justicia y al trabajo realizado durante el debate legislativo.

“Uno esperaba la reglamentación confiando en lo que había indicado el juez y en lo que se había trabajado arduamente en la ley, y lamentablemente esto no es así”, afirmó Peña. Según explicó, el decreto reglamentario omite justamente los artículos vinculados al financiamiento y al acceso al programa de salud, pilares centrales de la emergencia. “Esos artículos están sin reglamentar”, remarcó.

Para la abogada, esta decisión no es casual. “Es otra medida más del Gobierno nacional para dilatar la discusión de fondo: cómo crear una verdadera política pública que dé respuestas a las personas con discapacidad”, señaló. En ese sentido, cuestionó que, de todo el articulado, el Ejecutivo haya avanzado solo sobre aspectos parciales.

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Reglamentación de la ley

Peña detalló que la reglamentación se limita prácticamente a dos ejes, uno de ellos referido al sistema de pensiones. Allí reconoció un punto positivo: “Se logró diferenciar lo que son las pensiones por invalidez de las pensiones para personas con discapacidad, algo que veníamos reclamando, porque no toda persona con discapacidad es inválida ni toda persona inválida es una persona con discapacidad; son conceptos jurídicos distintos”. De este modo, el sistema pasará a tener tres tipos de beneficios: pensiones por invalidez, por vejez y pensiones de protección social para personas con discapacidad.

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Sin embargo, advirtió en declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT10" que el problema central persiste. “No se reglamenta cuál va a ser la fuente de financiamiento de esas pensiones, cómo se va a reorganizar el sistema ni se superan los requisitos de acceso que planteaba la ley”, enumeró. Justamente, el artículo que debía establecer esas condiciones quedó sin reglamentar.

La abogada anticipó además que el conflicto seguirá en el plano judicial. “Todos los abogados que estamos en el amparo estamos preparando escritos para mostrarle al juez que el decreto vuelve a ganar tiempo”, explicó. En ese marco, cuestionó que la puesta en vigencia quede supeditada a una reunión del Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis) dentro de 30 días. “Seguimos pateando la pelota para adelante; los artículos clave no están reglamentados”, insistió.

Actualización de aranceles

Otro de los puntos más críticos señalados por Peña es el de las prestaciones y los aranceles, que arrastran un atraso significativo. Recordó que la ley establecía una actualización automática por IPC y una compensación económica de emergencia para cubrir el desfasaje acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, período en el que no se actualizó el nomenclador. “Ese artículo tampoco se reglamenta”, subrayó.

En cambio, el decreto dispone que la compensación se pagará solo con el remanente que quede luego de descontar las deudas de los prestadores con ARCA. Para Peña, la medida es inviable. “Sabemos que las instituciones están endeudadas porque no pudieron cubrir sus obligaciones; han hecho hasta bingos para poder pagar”, describió. Y graficó la situación: “El Gobierno dice: primero le pagan a ARCA y después, si sobra algo, a los profesionales”.

Si bien aclaró que las obligaciones fiscales deben cumplirse, consideró que la postura oficial es contradictoria. “El Estado Nacional llevó a las instituciones a la Justicia por no actualizar el nomenclador ni realizar los pagos, y ahora que está obligado a pagar, dice que solo va a transferir lo que quede después de descontar las deudas. Es ilógico”, afirmó.

Por último, planteó una alternativa que, según sostuvo, permitiría destrabar el conflicto. “Den un plan de pago a las ONG, déjenlas acomodarse. El primero que incumplió fue el Estado Nacional”, concluyó, al tiempo que reiteró que no hay interés concreto ni sincero de resolver la situación de fondo que atraviesan las personas con discapacidad y quienes garantizan sus prestaciones.