La Provincia comenzó con el plan de intervención en la Isla Sirgadero para restaurar el equilibrio ambiental

Este martes por la mañana, y luego de varios años de irregularidades y disputas entre privados en la zona de clubes náuticos en el ingreso a Alto Verde, en la isla Sirgadero, Provincia activó el plan de intervención de carácter técnico y jurídico para definir las zonas del dominio público sobre el territorio isleño y los límites de las propiedades privadas, con el firme objetivo de recomponer las condiciones naturales del terreno y garantizar el libre escurrimiento del agua en una zona clave del sistema hídrico del área metropolitana de Santa Fe.

Dicho plan de intervención (Resolución 2025-00001287) con fecha del viernes 12 de diciembre de 2025, se ejecutó bajo el expediente Nº 01907-0023795-3 vinculado a la restitución de las condiciones originales del territorio de un sector de la Isla Sirgadero en el distrito de Alto Verde.

El operativo, que comenzó a las 8 de la mañana y contó con cuatro máquinas retroexcavadoras y dos camiones, fue llevado adelante por la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas y con el acompañamiento de efectivos de la Policía. Según indicaron a UNO Santa Fe fuentes del gobierno provincial, "el objetivo fue demoler y retirar un terraplén de tres metros de altura, junto al movimiento de suelos ejecutado sin autorización, que obstruye el drenaje natural del agua que viola los artículos 96 y 97 de la Ley Nº 13.740".

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Informes técnicos

Según los informes técnicos incorporados al expediente, las obras incluyeron un alteo de aproximadamente tres metros de altura, dispuesto de manera transversal al escurrimiento natural, lo que generó un impacto directo sobre el comportamiento del agua y el funcionamiento del ecosistema ribereño.

La resolución ordena restituir el terreno a su estado original, trasladando el material removido a los sitios de donde fue extraído, y faculta a la Secretaría de Recursos Hídricos a coordinar la ejecución de las tareas necesarias para la recuperación ambiental del área, incluso mediante intervención directa del Estado.

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Línea de ribera

La situación, que se arrastra desde hace años, escaló en los últimos meses con la intervención del Estado provincial, que buscó poner orden mediante la determinación de la línea de ribera en un disputa histórica que involucra a 16 cotitulares, enfrenta intereses privados, reclamos vecinales e intervenciones estatales por usurpaciones, obras ilegales y discrepancias por la delimitación del espacio público y privado.

A la disputa entre particulares se suma un juicio de división de condominio entre los dueños de la isla, cuyo avance procesal sigue sin precisarse públicamente, mientras los conflictos sobre el terreno se multiplican.

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La intervención del Estado y la línea de ribera

En 2022, la Secretaría de Recursos Hídricos (SRH) dispuso mediante la resolución Nº 107/22 la creación de una mesa de trabajo para determinar la línea de ribera. Posteriormente, el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat (MISPyH) emitió la resolución Nº 1529/22, que ordenó la paralización de toda actividad privada en el sector en conflicto.

Un año después, a través del Decreto Nº 2819/23, el Gobierno provincial determinó oficialmente esa línea. Sin embargo, uno de los actores privados presentó un pedido de revocatoria, que fue rechazado, aunque el caso derivó en un recurso contencioso administrativo, trasladando la disputa al ámbito judicial.

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Obras ilegales y sanciones ambientales

Durante los relevamientos, la Unidad de Atención de Procedimientos (UAP 13.740) detectó graves irregularidades: movimientos de suelo, rellenos y construcciones sin permiso que afectaron el ecosistema y el escurrimiento natural del agua.

Entre los casos más graves se constató el alteo de terreno para construir una vivienda permanente y el relleno de áreas con escombros. También se identificó la construcción de un terraplén de tres metros de altura, ejecutado sin autorización, que obstruye el drenaje natural del agua.

Las infracciones a las Leyes Nº 13.740 (Régimen de Aguas) y Nº 11.730 (Protección del Medio Ambiente) derivaron en sumarios administrativos y sanciones. El Ministerio de Infraestructura dispuso además que la Provincia intervenga a costa de los infractores para restablecer las condiciones originales del terreno.