Alerta por "El Niño": Rincón y Arroyo Leyes reclaman por una obra licitada dos veces y nunca adjudicada

El fenómeno de El Niño se aproxima y en el corredor costero santafesino la alarma crece. Los pronósticos anticipan una crecida extraordinaria del Paraná comparable o superior a las de 1997-1998 y 2015-2016. Gabriela Antonucci, referente de los vecinos autoconvocados de San José del Rincón y Arroyo Leyes, lo dice sin rodeos: "En todo el cordón oeste, desde Rincón Norte hasta Arroyo Leyes, no hay defensa."

Según las estimaciones, el fenómeno comenzaría a sentirse desde agosto, con efectos que podrían extenderse hasta los primeros meses de 2027. Las lluvias más intensas en Santa Fe se registran entre septiembre y noviembre, y las mayores crecidas del Paraná entre enero y abril. La ventana para actuar se achica.

Una obra licitada dos veces y nunca adjudicada

La historia de la defensa hídrica del cordón oeste es larga y frustrante. Los vecinos la vienen reclamando desde hace una década, pero el antecedente se remonta a 1999, cuando se ejecutó el primer proyecto. Con el gobierno de Miguel Lifschitz se comenzó a trabajar en uno nuevo; con la gestión de Omar Perotti se avanzó hasta la licitación.

"Se hizo un tercer proyecto porque el anteúltimo no contemplaba algunas cuestiones ambientales. Se trabajó, se llevó a la apertura de sobres para la licitación de las empresas que iban a ejecutar la obra", explicó Antonucci a UNO Santa Fe. La primera convocatoria, en marzo de 2023, no prosperó porque las ofertas duplicaron el presupuesto. La segunda se realizó en noviembre de ese año, con un presupuesto reajustado de 20 mil millones de pesos. Se presentaron tres oferentes. Y ahí se detuvo todo.

"Desde el 2023 nunca más supimos quién fue la empresa que adjudicó la obra, porque el gobierno nunca, valga la redundancia, se la adjudicó. Y durante estos dos años de gobierno provincial no hemos tenido ninguna novedad respecto de ese expediente. ¿Qué pasó con la adjudicación de la obra? Tampoco hemos tenido ningún tipo de comunicación", afirmó.

El proyecto licitado contemplaba 9.300 metros de extensión por 6 metros de ancho, desde el terraplén de Villa Añatí hasta el kilómetro 16,7 de la ruta 1, con seis estaciones de bombeo, reservorios y una cota de coronamiento de 17 metros IGN. Su plazo de ejecución era de dos años. Es decir: si se hubiera adjudicado en tiempo y forma, estaría terminada en diciembre de este año. Sin embargo, desde el sector vecinal aseguraron que hoy nadie sabe si se va a concretar.

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El golpe final llegó la semana pasada, cuando el gobierno provincial anunció nuevas obras hídricas para la región y el cordón oeste volvió a quedar fuera del mapa: "Los anuncios del gobierno invisibilizan todo el Cordón Oeste, que comprende Rincón y Arroyo Leyes, en cuanto a obras hídricas respecta".

Dos años de silencio oficial

Antonucci fue precisa sobre lo que ocurrió desde que asumió la gestión de Maximiliano Pullaro: "Desde que asumió este gobierno nosotros no tuvimos ningún contacto. Esperábamos porque generalmente se acomodan los gobiernos cuando asumen y a partir de allí nos llamaban o nos comunicábamos nosotros para saber el estado de los expedientes. Empezamos a preguntar por el expediente, no se movía".

El tiempo perdido pesa doble, porque las condiciones del río eran favorables para iniciar la obra: "Fueron dos años de suma importancia para que se ejecutara la obra porque el río estaba abajo y se presentaban determinadas características que hacían posible que esa obra hubiera estado iniciada. Ahora viene otra crecida, no se avanzó en nada".

La bronca vecinal tiene historia detrás: "¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando? Más allá de las ideologías, como siempre digo, cuando viene el agua no reconoce ni el signo político, ni hincha de qué club sos, ni nada. Lleva puesto y arrasa. Y ya tenemos experiencia quienes venimos de Santa Fe, lo que fue la inundación del 2003".

Una zona que creció y sigue desprotegida

Antonucci también señaló que el riesgo es hoy mayor que en inundaciones anteriores, porque la zona creció demográficamente de manera sostenida: "Desde el 2015 para acá la zona explotó demográficamente. Uno de los factores fue el programa Procrear y el segundo la pandemia, donde gente que vivía en Santa Fe radicó su residencia acá. Esto se puede ver en el tránsito que hay en la ruta a diario, en horas pico, escolar y laboral. Además recibimos el doble de visitantes en época estival".

La zona desprotegida va del kilómetro 8 al 23. "Todo por el lado este comprende Rincón Norte y todo lo que es Arroyo Leyes. Todo el cordón de Arroyo Leyes del lado oeste queda desprotegido", mencionó la referente vecinalista. Y dentro de ese perímetro sin defensa hay infraestructura provincial clave: "Está la planta transformadora de la EPE, un campamento de vialidad provincial y la subcomisaría de Arroyo Leyes."

El reclamo: emergencia hídrica y planes de contingencia ahora

Ante este panorama, los vecinos no esperaron. Presentaron una nota formal al gobernador Pullaro y solicitaron audiencia. "Presentamos una nota a fines de la semana pasada al señor gobernador pidiendo por tres puntos. Uno es que se declare la emergencia hídrica, dado el fenómeno que se anticipa para el último semestre de este año. En segundo lugar, un plan de contingencias para que se trabaje en forma colaborativa con los gobiernos locales de San José del Rincón y Arroyo Leyes, todo esto en el marco de la Ley Provincial de Aguas. Y un tercer punto es que por primera vez se apliquen protocolos de autoevacuación."

Los tres factores de riesgo que monitorean son precisos: las precipitaciones del último trimestre del año, la crecida del Paraná desde aguas arriba y su repercusión en la zona, y las lluvias en la cuenca alta que podrían alimentar aún más la crecida. "Nosotros esperamos en el peor de los pronósticos una crecida como en el año 1998", advirtió Antonucci. Una extraordinaria que, según describió, tomaría como comparativo lo que ocurrió en esa época, cuando el agua rodeó la ruta.

Mientras la obra no llegue, los vecinos piden medidas concretas e inmediatas: "Ante la no ejecución de la obra de defensa, le pedimos también al gobierno que comiencen a actuar sobre los protocolos de autoevacuación para las familias, que en nuestro caso tenemos que exiliarnos de nuestro hogar para trasladarnos a Santa Fe." También reclaman intervención en la infraestructura existente: "Que empiecen a actuar en la mantención de los caminos abovedados, cunetas, canales, reservorios y estaciones de bombeo."

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Lo que cuesta cada inundación

Antonucci fue contundente al describir el impacto real sobre las familias, un costo que según dijo los gobiernos sistemáticamente ignoran: "Los autoevacuados son los más perjudicados, porque más allá de la pérdida de bienes materiales porque tenemos que reconstruir, el daño que producen las inundaciones nos implica un traslado a distintas zonas del área metropolitana que no han sido perjudicadas por la inundación. Y todo implica dinero. Y eso es lo que nunca contemplan los gobiernos, inundación tras inundación."

El argumento económico también aparece en la nota al gobernador: "Mantenemos vivo el reclamo por la defensa. Le dejamos de manifiesto al gobernador los 12 efectos negativos de la no ejecución de la defensa, que uno de los tantos problemas es justamente esto: todos los daños que provoca una inundación que terminan siendo en términos económicos más altos que el de construir una defensa."

Una obra que es más que un terraplén

Antonucci subrayó que el proyecto va mucho más allá de una barrera de contención: "Este proyecto no es como el resto de la defensa, no se trata solo de un terraplén de defensa, es un paseo para todos los vecinos de la costa, entendido como paseo de costanera. La característica principal que tiene, que fue porque luchamos los vecinos, era que tuviera el menor impacto ambiental posible, que hablara de la cultura de los vecinos y del entorno con el río, que tuviera en cuenta toda la economía que se desarrolla acá: el turismo, los artesanos, los pescadores, bajadas de lancha, y que sea un espacio público de apropiación."

La propuesta también incluía un modelo de gestión comunitaria para evitar los problemas que generaron otras defensas: "Nos comprometíamos a crear comisiones de mantenimiento y sostenimiento de esta defensa, que comprendían el Estado, la comunidad y los gobiernos locales, entendiendo el cuidado, atendiendo periódicamente su mantención, a estar alertas cuando alguien atentara."

La referente vecinal reconoció que la obra no garantiza protección total ante una crecida extraordinaria, pero sí marcaría una diferencia sustancial frente a las inundaciones ordinarias que se repiten año tras año: "Si bien no es una protección definitiva, para nosotros aseguraba calidad de vida y no estar pendiente o vivir en estado de alerta constante ante la crecida de un río o por el exceso de lluvias."

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Cerró con una frase que resume la postura de los vecinos: "El río nunca tiene que ser una amenaza, sino que tenemos que aprender a convivir con el río. Creo que esa es la pata que está haciendo falta entre el gobierno y la sociedad."

El proyecto en detalle

La obra licitada en noviembre de 2023 tenía una extensión de 9.300 metros por 6 metros de ancho, desde el terraplén de defensa de Villa Añatí, en el kilómetro 8,2 de la ruta 1, hasta el kilómetro 16,7 de esa misma ruta. El terraplén se construiría con refulado, a excepción del tramo al oeste del loteo Lagos del Leyes, donde se preveía usar el método convencional con suelo cohesivo compactado. La cota de coronamiento sería de 17 metros IGN, más un muro de 0,50 metros. El proyecto incluía además seis estaciones de bombeo, reservorios internos y una intervención arquitectónica con arbolado, playones miradores, estaciones aeróbicas, rampas de acceso, bicicleteros, bebederos, bancos, iluminación y cartelería. El plazo de ejecución era de dos años.

Quiénes se presentaron a la licitación

La apertura de sobres de noviembre de 2023 atrajo a tres oferentes. La primera propuesta fue la UTE conformada por Supercemento SAIC, Dragado y Obras Portuarias SA y Obring SA. La segunda fue Sabavisa SA. La tercera, la UTE integrada por Mundo, Pentamar y Boscarino, bajo la denominación Defensa Leyes-Rincón. Eso fue lo último que se supo. Un mes después hubo cambio de gobierno y asumió Maximiliano Pullaro, quien heredó el expediente en un contexto nacional de recorte del financiamiento de obra pública. Desde entonces, no se registró ninguna adjudicación ni comunicación oficial sobre el avance del proyecto.