Quieren rematar cada tres meses bienes de bandas criminales

La provincia pretende hacer cada vez más remates de bienes incautados a bandas criminales en el marco de la ley de extinción de dominio, al menos uno cada tres meses. Se trata de la misma herramienta que a través de un polémico decreto el presidente Mauricio Macri dispuso su implementación a nivel nacional y que cosechó fuertes críticas por su dudosa constitucionalidad. "Tenemos cerca de 300 bienes decomisados listos para subastar, la idea es agilizar el procedimiento y poder concretarlo una vez por trimestre", precisó el secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia de Santa Fe, Matías Figueroa Escauriza.

El funcionario resaltó que la norma que Nación acaba de implementar a nivel federal mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para recuperar bienes de la corrupción, el narcotráfico y el delito, ya existe en Santa Fe, pero por ley sancionada por la Legislatura desde hace tres años.

En realidad la norma local entró en vigencia el año pasado cuando se creó un ente autárquico, la Agencia Provincial de Bienes Decomisados que administra los vehículos e inmuebles incautados a bandas criminales en Santa Fe.

Esto permitió rematar ya 18 vehículos de alta gama incautados a bandas criminales, lo que generó una recaudación de cuatro millones de pesos. Además se compactaron varios desarmaderos ilegales por un millón de pesos, que serán utilizados para políticas públicas y para resarcir a las víctimas de esos delitos.

"Esto ha sido muy importante porque permitió darle un golpe muy fuerte en lo económico a las bandas criminales, sacándole bienes que no pueden justificar con su patrimonio", resaltó.

El titular de la Secretaría de Gestión Pública del Ministerio de Justicia de Santa Fe adelantó que "entre febrero y marzo se hará un remate similar en la ciudad de Santa Fe con unos 25 vehículos que podría permitir recaudar unos cinco millones de pesos.

Fue allí que anunció que la intención de su cartera es hacer cada vez más remates de bienes incautados a bandas criminales. "Tenemos unos 300 vehículos listos para ser subastados. También tenemos bienes inmuebles en Rosario y Melincué, motos, computadoras y hasta dinero en efectivo. La idea es agilizar el proceso y concretar una subasta al menos una vez cada tres meses".

El funcionario resaltó que lo que se busca es implementar un sistema "basado en una lógica dinámica, sistemática y aceitada. Cada vez se van a ir sumando más bienes secuestrados al crimen organizado, lo que se secuestre y no se pueda justificar, con celeridad debe ser devuelto a las víctimas y a la sociedad".

Figueroa Escauriza contó que la ley provincial establece que un bien puede ser rematado cuando el titular está imputado en una causa penal y en principio no puede justificar con sus ingresos la forma de haberlo adquirido.

Y en especial cuando el costo de mantener ese bien, sea un auto o un inmueble, le insume al Estado provincial "muchos recursos" razón por la cual se lo somete a subasta.

"Tenemos que entender la lógica por la cual fueron creadas estas leyes. Hay que pensar que en las causas penales donde se secuestra un auto tardaban antes al menos cinco seis años y esos autos quedaban en un depósito judicial. Y por lo general quedaban a la intemperie y se dañaban y se depreciaba su valor económico. Al Estado eso le insume recursos porque son cientos y hasta miles los vehículos en esa condición", explicó Figueroa Escauriza.

Con la creación de la Agencia, el Estado pasa a administrar estos bienes y a definir si corresponde dejarlo en ese espacio público o bien conviene rematarlo.

Para que el bien secuestrado a un delincuente sea puesto a remate deben pasar al menos seis meses desde su secuestro. Y no debe tener interés probatorio para la causa penal que lo investiga.

En caso de que el imputado resulte absuelto de la causa penal, se le restituye el valor del bien subastado, más los intereses correspondientes, de una manera "ágil, dinámica y transparente".

"Está demostrado que si al crimen organizado no se le sacan los bienes siguen operando desde la cárcel y con más fuerza, a veces desde prisión lo hacen incluso con más solvencia que antes de ser detenidos", aseveró el secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia de Santa Fe.

La Capital.