Bajo la consigna “El espacio público es de los vecinos”, la diputada provincial Ximena García avanza junto a otros legisladores en un proyecto de ley que busca prohibir la actividad de cuidacoches en toda la provincia de Santa Fe.
Trabajo comunitario y arrestos por reincidencia: la ley para prohibir a los cuidacoches en Santa Fe suma acuerdos en Diputados
Buscan unificar proyectos para modificar el Código de Faltas y prohibir la actividad en toda la provincia. El proyecto prevé trabajo comunitario como primera sanción y arresto contravencional en casos de reincidencia, además de un programa de inclusión laboral.
La diputada provincial Ximena García avanza junto a otros legisladores en un proyecto de ley que busca prohibir la actividad de cuidacoches
La iniciativa, presentada junto a los diputados Walter Ghione y Germán Scavuzzo y el senador Ciro Seisas, apunta a modificar el Código de Faltas provincial para incorporar nuevas herramientas sancionatorias y dar un marco legal homogéneo en todo el territorio santafesino. También acompañarán el proyecto los legisladores de Unidos Martín Rosúa, Astrid Hummel, Sofía Galnares y José Corral.
Según explicaron, la propuesta surge como respuesta a una problemática que combina inseguridad y uso indebido del espacio público, y que —sostienen— en muchos casos transforma una ayuda informal en situaciones de presión, extorsión y violencia hacia los vecinos.
“El espacio público es de todos los santafesinos y no de quienes pretenden adueñarse de la calle mediante la amenaza. No podemos seguir permitiendo que el vecino se sienta rehén en su propia ciudad”, sentenció García.
La legisladora remarcó además que el proyecto busca terminar con la llamada “doble imposición”, es decir, el pago del estacionamiento medido y, al mismo tiempo, un aporte informal forzado a cuidacoches.
El límite legal y la necesidad de una norma provincial
Desde el espacio señalaron que la iniciativa no parte de cero, sino que integra propuestas ya trabajadas por Ghione, Scavuzzo y Seisas, y toma como referencia el modelo implementado en la ciudad de Santa Fe por el intendente Juan Pablo Poletti.
García destacó que el proyecto fue elaborado en articulación con el Gobierno provincial, que aportó acompañamiento técnico desde el inicio. En ese sentido, subrayó que Provincia y Municipio vienen trabajando de manera conjunta para fortalecer herramientas que permitan una intervención más efectiva en el espacio público.
“Estamos sumando fuerzas para que la provincia cuente con una norma clara. Hoy los municipios encuentran límites: cuando hay reincidencia o violencia, la intervención termina en una demora breve y la persona vuelve a la calle a las pocas horas. En Rosario pasa lo mismo: hay operativos, pero sin una ley provincial el abordaje queda incompleto”, explicó.
Sanciones efectivas y reconversión laboral
El proyecto propone una respuesta gradual y proporcional, aplicable siempre que la conducta no constituya delito.
En primer término, se prioriza el trabajo comunitario como sanción inicial, mientras que para los casos de reincidencia se prevé el arresto contravencional.
La iniciativa aclara que la sanción solo se aplicará cuando la actividad esté expresamente prohibida por la normativa local vigente, respetando la autonomía de cada municipio para regular el uso del espacio público conforme a la Constitución Provincial.
Un abordaje con sensibilidad social
García sostuvo que la ley no desconoce la situación de vulnerabilidad que puede existir detrás de la actividad. Por eso, el proyecto contempla la creación de un programa provincial de inclusión y formación laboral, además de un registro específico e incentivos para que el sector privado incorpore a quienes decidan dejar la calle.
“Esta ley combina la firmeza necesaria para recuperar el orden con las herramientas para que quien quiera trabajar de verdad tenga una oportunidad formal. Se trata de brindar un marco jurídico que permita actuar con coherencia, firmeza y sensibilidad social en toda la provincia”, concluyó la diputada.
De esta manera, la iniciativa busca reunir consensos en la Cámara de Diputados para avanzar con una normativa provincial que unifique criterios, refuerce sanciones y, al mismo tiempo, incorpore herramientas de reconversión laboral frente a una problemática que genera debate en distintas ciudades santafesinas.















