Santa Fe

En medio de reclamos a la Corte por revictimización a víctima de abuso, comenzó el juicio contra el agresor

La fiscal Alejandra Del Río Ayala solicitará una pena de 20 años de prisión. Hubo reclamos luego de que la Justicia santafesina intentara someter a peritajes a una joven que denunció a su padre por abuso sexual varias veces en la última década, aunque haya denuncias, cámara Gesell y el ADN de un hijo que la obligó a tener

Martes 27 de Abril de 2021

El caso de Analía se dio a conocer la semana pasada a partir de una actuación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que despertó "suma preocupación" en organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres y diversidades, como el Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), por su posición frente a las pruebas a las que son sometidas las víctimas de violencia sexual para poder acceder a la Justicia y a la reparación. La máxima institución judicial de la provincia dio luz verde para que se le practique a la adolescente un peritaje a pesar de la objeciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la querella para no revictimizar a la joven al someterla a tener que contar todo nuevamente en un juicio ya que contaba con una batería de pruebas contundentes como el ADN de un hijo que tuvo a los 15 años producto del abuso sexual y una cámara Gesell.

El álgido debate puso en peligro el inicio del juicio con enfrentamientos formales de las partes hasta el último minuto. La Corte cedió en su actuación el poder de decidir sobre el peritaje a la víctima a una profesional de la salud mental, que se negó a realizarla por las mismas razones de género que fueron esgrimidas por el MPA y la querella. De acuerdo a lo programado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), mañana a la mañana continuarán las declaraciones testimoniales en el juicio y a la tarde se realizarán los alegatos de clausura. Está previsto que el viernes se lleve a cabo la audiencia en la que el tribunal leerá la sentencia.

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El caso

El agresor es un hombre de 44 años cuyas iniciales son J. M. C. y es padre biológico de la víctima. Es juzgado en la ciudad de Santa Fe como autor de ilícitos contra la integridad sexual de su propia hija menor de edad. Los jueces que estarán a cargo del debate son Gustavo Urdiales, Octavio Silva y Héctor Gabriel Candioti. La representante del MPA será la fiscal Alejandra Del Río Ayala, quien informó que solicitará una pena de 20 años de prisión para el hombre investigado.

Todo comenzó hace una década –bajo el anterior sistema penal– cuando Analía (no es el nombre real) con 10 años de edad pudo denunciar a su padre biológico por reiterados abusos sexuales. Lo hizo a pesar del poco acompañamiento de su círculo íntimo, recibiendo presiones para no continuar el proceso y siendo una niña. Además de vivir en un contexto socioeconómico precario, en un pueblo pequeño de 2.300 habitantes con limitados recursos para el acceso a la salud y a la Justicia. La causa se archivó.

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Tiempo después de hacer todo este camino en la Justicia, fue forzada a dar a luz a los 15 años a un niño que según un informe de ADN es hijo del acusado. En 2016 la madre de la víctima efectuó una nueva denuncia por abuso sexual y se inició la investigación correspondiente. Se le tomó declaración en 2017 durante una cámara Gesell, espacio que se lleva adelante con profesionales que graban en audio y video las entrevistas para que las víctimas no tengan que volver a repetir el horror.

“Los hechos que investigamos en la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual del MPA fueron cometidos entre enero y junio de 2015, en la casa en la que el acusado vive y en la que lo visitaban sus hijos”, precisó Del Río Ayala. En tal sentido, añadió que “el acusado cometió estos abusos de manera continua y sistemática en el marco de estas visitas, aprovechando los momentos en los cuales la víctima dormía e hizo uso de la fuerza física para neutralizar la resistencia de la joven y la amenazó para que no contara nada de lo sucedido, aprovechando la situación de indefensión y temor de la niña”.

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Los años pasaron y nunca se le brindó reparación a Analía. En 2020 se intentó avanzar, hasta que cayó en el juzgado de segunda instancia a cargo de Sebastián Creus. Polémico juez, que tiene en su historial fallar a favor de anular la condena por abuso sexual al exarzobispo Edgardo Storni y liberar a los acusados del caso Baraldo, por ejemplo. Todo se pausó en el caso de esta joven cuando Creus dispuso la posibilidad de que Analía declare en el juicio por lo que la defensa solicitó que sea examinada nuevamente por especialistas para que se dictamine si estaba en condiciones de declarar.

Ante esta solicitud, el MPA presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia con el argumento de que “se encuentra en juego el derecho de la víctima al acceso a la Justicia, a ser oída y a vivir una vida libre de violencias”.

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En la resolución de la actuación de la Corte Suprema a la que accedió UNO se explica: “Abordar a la víctima para evaluar si está en condiciones de afrontar un juicio es revictimizante y violatorio de los principios de supremacía ética del Estado y de tiempo razonable” ya que de esta manera “se la objetiviza y se le niega su carácter de sujeto de derechos”. Se destaca desde el MPA, en sus presentaciones, el desgaste en una adolescente que acudió al Estado en reiteradas ocasiones, fue ignorada, y continuó siendo víctima de su padre durante años.

Asimismo advierten que es paradójico que ante la demora del Estado en la investigación “se castigue a la víctima, sometiéndola a nuevas exigencias procesales, transformando el trámite en un sistema de tortura para ella, en lugar de un mecanismo de reparación”. E insisten en las pruebas existentes como la cámara Gesell y el ADN.

Finalmente, en abril de este año la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el MPA. Votaron en contra Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Rafael Gutiérrez y Mario Netri. Por su parte María Angélica Gastaldi se manifestó en disidencia. Esto significa que la Corte da lugar a la posibilidad de que se realice el peritaje en la víctima. Gastaldi, la única jueza mujer, explicó en sus argumentos que “atento a las particulares circunstancias de la causa podría resultar revictimizante y reñida con los estándares internacionales que logran delinear un supuesto de asimilación por irreparabilidad del gravamen”. Al mismo tiempo advierte que la resolución “pone en peligro a la víctima por pretender que tenga que volver a ser evaluada para declarar, pese a haber brindado su deposición en cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba y con control de las partes”.

Reclamos: ¿otro caso C. E. R.?

El Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), copeticionaria en el caso C. E. R. C/ Argentina presentado ante el Comité Cedaw de Naciones Unidas, manifestó "suma preocupación" sobre la actuación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que dio a conocer UNO y alertan: "Consideramos que estos nuevos peritajes son una clara revictimización para la joven que lleva 10 años sin justicia".

En un comunicado al que accedió UNO, desde Cladem manifiestan: "La falta de acceso a la Justicia en casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es recurrente en Argentina y en la provincia de Santa Fe. Los operadores de Justicia, resultan poco proclives a escuchar a las víctimas con sensibilidad de género y orientar la recolección de pruebas y su posterior lectura teniendo en cuenta las específicas circunstancias de la violencia de género".

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"Estas circunstancias, ya plasmadas en el caso C. E. R., en el que dentro de las medidas de no repetición incluye «que se ordene al Estado argentino la inmediata capacitación, a nivel nacional y provincial de funcionarios y operadores de Justicia para evitar la repetición de actos discriminatorios contra mujeres y niñas, adoptando un enfoque interdisciplinario y específico, especialmente en casos de violencia sexual en particular en cuanto a los estereotipos de género presentes durante los juicios y las sentencias»", agregan.

Y recuerdan: "Uno de los objetivos del litigio internacional, además de la reparación a la víctima, es la no repetición de estos casos, y es a lo que se comprometió el Estado nacional y provincial en el Acuerdo de Solución Amistosa suscripto por ambas partes el 12 de febrero de 2016 y en el acto de pedido de perdón presidido por el gobernador de la provincia de Santa Fe el 24 de agosto de 2018".

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"Evidentemente, más allá de los logros alcanzados, aún queda mucho por hacer, la capacitación del Poder Judicial es un tema pendiente y en el que tenemos que seguir insistiendo. Es necesaria la aplicación efectiva de la ley Micaela y que se trabaje en la capacitación en violencia de género en todos los órdenes del Poder Judicial comenzando por la carrera de derecho. Pedimos la no revictimización de Analía ni de ninguna joven más. El caso C. E. R. así lo exige y el Estado asumió el compromiso", concluyen.

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