El Poder Ejecutivo defendió el veto a la ley de la Policía Judicial

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, explicó hoy las razones del veto del gobernador a una serie de artículos de la norma aprobada por la Legislatura provincial sobre policía judicial. “Coincidimos con la necesidad y el espíritu de la iniciativa”, sostuvo el funcionario, recordando que el Poder Ejecutivo participa del proceso de sanción de leyes a través de la promulgación o el veto total o parcial de las mismas.

“La idea del veto propositivo fue mantener la iniciativa de los legisladores haciéndola más funcional y acentuando la dependencia de la policía judicial del Ministerio Público de la Acusación, teniendo en cuenta su propia estructura (allí ya existe un montón de misiones y funciones que se le atribuían a algunos órganos dentro de esta policía, lo cual no tiene sentido si ya estaban contemplados)”, afirmó Lewis.

Malas lecturas

“Vincular este veto con una contrarreforma policial es fruto de un malentendido o de una mala lectura porque es todo lo contrario”, sostuvo el ministro de Justicia y Derechos Humanos y en ese sentido explicó que “el primer artículo que se veta es el 3, para agregarle que la policía va a realizar las investigaciones siempre a pedido de un fiscal y de la manera que lo reglamente el fiscal general. Antes no estaba esa previsión y eso significa que se trataría de un órgano que podría tener investigaciones autónomas, cuando en realidad hay que acentuar la dependencia del verdadero titular de la acción pública que es el Ministerio Público de la Acusación”.

En declaraciones a la prensa, Lewis detalló: “Otro punto que se vetó y que se refiere a una cantidad importante de artículos es el del instituto de capacitación para esta policía, esto obedece a que ya existe en la órbita del Ejecutivo y en la órbita del Ministerio Público de la Acusación un órgano del cual esta repartición iba a depender, una dirección de capacitación, que es la que justamente debe dedicarse a capacitar a todo el personal, sean fiscales, fiscales adjuntos, empleados, investigadores, parte del órgano científico de investigación, lo que fuera. Se estaba avanzando sobre una facultad elemental del Ministerio Público de la Acusación, además de replicar estructuras. Incluso también se creaba una dirección de análisis criminal cuando en la órbita de la fiscalía general ya existe una secretaría de política criminal con una dirección de política criminal y, además, en cada fiscalía regional existe una subsecretaría de política criminal. Esto forma parte de la estructura del Ministerio Público de la Acusación, que a lo mejor los legisladores no lo han podido tener a la vista, pero como el Poder Ejecutivo participa en el proceso de sanción legislativa, tiene oportunidad de indicar estas cuestiones”.

El ministro también recordó que “había otras cuestiones como, por ejemplo, se le asignaba al jefe de Policía el mismo sueldo que un vocal de Cámara. Además de ser un monto excesivamente grande y oneroso, resultaba desproporcionado en atención a que se trata de un órgano de apoyo a la gestión y un fiscal estaría cobrando menos. Es decir, el que da las órdenes y el que requiere la asistencia técnica cobraría menos que el requerido para que preste la asistencia. A fin de mantener el espíritu de la ley, se mantuvo una buena retribución pero estableciendo un porcentaje de lo que cobra el fiscal, para que tenga sentido la idea de un órgano de apoyo a la gestión”.

Por último, Lewis subrayó: “No soy partidario de ver esto como una cuestión anómala. El Poder Ejecutivo participa del proceso de sanción de leyes y el gobernador tiene la posibilidad de promulgar o de vetar; en este caso el veto no evita que salga una norma sino todo lo contrario. Como coincidimos con la necesidad y el espíritu de la iniciativa de los legisladores, se hizo esta propuesta para que la estudien y, si les parece, quedará con esta fisonomía, definitivamente”.