Fuerte respuesta de Balagué por el freno del gobierno a las titularizaciones docentes

Continúa la polémica por la decisión que tomaría el gobierno provincial de declarar la nulidad de las titularizaciones que tuvieron lugar durante los últimos meses de la gestión de Miguel Lifschitz.

Quien se sumó a la discusión fue la ex ministra de Educación, Claudia Balagué, quien apuntó contra la actual gestión y defendió el llamado a concurso. "Un nuevo ataque del gobierno provincial a la Educación, que se suma a la falta de acompañamiento a docentes durante la pandemia, y la derogación del bono a reemplazantes, entre otros. Por acción u omisión del Ejecutivo actual se ponen en peligro derechos laborales", afirmó en redes sociales.

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La ex ministra de Educación Claudia Balagué.

Cabe recordar que la advertencia partió del Tribunal de Cuentas, quien habría observado "irregularidades de los procedimientos". Ahora, la Casa Gris analiza convocar a nuevos concursos para "transparentar el objetado proceso y las acciones en el pleno cumplimiento del Decreto 3.029".

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Con relación a este punto, la actual diputada del FPCyS, afirmó: "El Tribunal de Cuentas no hizo ninguna observación del llamado a concurso. Tampoco sugirió anular ni revocar las designaciones. Solicitó información complementaria que podría haberse subsanado en el mes de marzo, fecha en que se requirió la misma al Ministerio".

A través de la red social del pajarito, Balagué defendió la anterior gestión en materia educativa: "En 12 años de gestión del FPCyS titularizamos 55.000 cargos. Las requisitorias del Tribunal de Cuentas se subsanaron siempre en favor de las y los trabajadores. La decisión de dar de baja concursos que otorgan derechos acordados con los gremios en paritarias no tiene antecedentes"

Y continuó: "Desde el FPCyS siempre gestionamos la Educación con la participación de docentes, gremios y comunidad, de manera transparente y apegada a las leyes y normativas vigentes, y sobre todas las cosas respetando la trayectoria docente, y nunca atentando contra sus derechos".

La ex funcionaria defendió los cargos que hoy están sospechados y afirmó: "Afectan a personal abocado a garantizar derechos establecidos en la Ley Nacional de Educación. Son integrantes de los equipos interdisciplinarios que llevan adelante políticas públicas de inclusión socioeducativas. Se trata de perfiles profesionales que cumplen tareas fundamentales como la prevención de adicciones, la atención de situaciones de bullying y violencia, y de contención como el Nueva Oportunidad y el Vuelvo a Estudiar, indispensables en estos tiempos".

Recordó que según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, "la suspensión de clases afectó a 110.000 jóvenes de Santa Fe, quienes abandonaron sus estudios". En esa línea, insistió: "Estos agentes, a los que se pretende cercenar sus derechos, deberían estar recorriendo los barrios revinculando a niños, niñas y adolescentes con las escuelas".

Apuntó que "la Ley de Responsabilidad Fiscal que se alega para dar de baja estos concursos, exceptúa acuerdos previos, como en este caso las paritarias 2017 y 2019. Se trató de una reparación histórica y un cambio situación de revista sin afectar partidas presupuestarias presentes o futuras". Y finalizó: "Toda la información de lo actuado, especialmente lo relativo a los concursos, se puso a disposición de la actual ministra quien rechazó sistemáticamente reunirse durante la transición. Esas carpetas fueron entregadas a los representantes enviados por el entonces gobernador electo".