Poletti insistió con la ley para prohibir a los cuidacoches: "Los sacamos y vuelven hasta siete veces en un mismo día"

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, volvió a referirse a la problemática de los cuidacoches en la ciudad capital y reclamó herramientas legales que permitan abordar una situación que, según sostuvo, afecta desde hace años a vecinos y comerciantes.

En el marco del debate legislativo sobre una posible prohibición provincial de la actividad, con un proyecto que cuenta con media sanción desde el Senado santafesino, el mandatario remarcó que los casos más preocupantes son aquellos vinculados a extorsiones y hechos de violencia. “Es una problemática de los ciudadanos, sobre todo los cuidacoches extorsionadores y violentos. Muchísimas mujeres y adolescentes se sentían extorsionadas ante un cuidacoches y ante situaciones de violencia. Por eso lo tomamos cuando asumimos”, afirmó.

Poletti aseguró que los operativos municipales para retirar cuidacoches de la vía pública suelen tener resultados temporales debido a la falta de herramientas más contundentes para impedir que regresen a los mismos lugares.

“Cuando nosotros nos vamos, vuelven y vuelven y vuelven. Hemos sacado siete veces en el mismo día a cuidacoches que reciben denuncias de los vecinos”, ejemplificó.

La experiencia de reinserción laboral

El intendente destacó que desde el inicio de la gestión se impulsó una estrategia de abordaje social para quienes ejercían la actividad y buscaban una alternativa laboral. “Hicimos una primera etapa en la que realmente se trabajó y hasta el día de hoy es grato decirlo: hay más de 100 cuidacoches que están trabajando en distintas cooperativas que prestan servicios para la Municipalidad”, señaló.

Además, explicó que otros participan de programas de capacitación en el Centro de Día de Beata Clara, donde reciben formación en oficios como reparación de celulares, carpintería, electricidad y huerta.

LEER MÁS: Cuidacoches: tras la postergación del debate, senadores se reúnen con ministros para definir competencias entre ciudades y Provincia

Como ejemplo de estos procesos de integración, mencionó la recuperación del Paseo de la Cordialidad. “Era un lugar usurpado, abandonado e inseguro y se pudo recuperar con parte de la cooperativa donde ellos trabajan”, indicó.

El pedido de una ley provincial

Poletti consideró que la prohibición de la actividad es una medida necesaria, pero aclaró que no alcanza por sí sola para resolver el problema de fondo. “La prohibición es necesaria para que esta actividad no se pueda realizar, pero también hay que pensar más allá de lo legal: qué salidas damos para una realidad social que hoy golpea y cómo ayudamos”, sostuvo.

Evangelistas a favor de prohibir los trapitos

gentileza

En ese sentido, reclamó el acompañamiento de la Legislatura provincial para fortalecer las herramientas de control y sanción. “Es importante que la Legislatura saque la ley, sobre todo para aquellos que delinquen a través de esto, para quienes tienen pedido de captura o para quienes violan una ordenanza que ya lo hace ilegal”, manifestó.

No obstante, advirtió que una eventual norma no resolverá por sí sola los problemas sociales vinculados a la pobreza y la falta de empleo. “La ley no va a solucionar la pobreza y esto lo quiero dejar bien claro, pero tenemos que seguir trabajando para que la gente tenga un trabajo digno”, afirmó.

LEER MÁS: Frenan en Diputados la ley que busca prohibir la actividad de los cuidacoches en Santa Fe tras los cuestionamientos de la Iglesia

Debate sobre la aplicación

Finalmente, el intendente se refirió a algunos aspectos que todavía se discuten dentro del proyecto, especialmente aquellos relacionados con las competencias que tendrían los municipios para intervenir en los controles.

“¿Cuántas herramientas tiene el municipio para investigar cada caso? ¿Cómo va a ser? Hoy hay una estructura armada en el Ministerio Público de la Acusación. ¿Cómo podemos no saturarla? Todo eso es lo que está en discusión”, explicó.

Mientras avanza el tratamiento legislativo, el jefe municipal insistió en la necesidad de combinar controles, sanciones y políticas de inclusión para abordar una problemática que considera tanto de seguridad como social.