Una etapa clave en la Reforma Constitucional: el MPA lleva a la comisión de justicia su pedido de autonomía

A pocos días del inicio de la Convención Reformadora de la Constitución provincial, las comisiones avanzan con sus respectivas temáticas. La Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, llevará este jueves ante la Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales el posicionamiento institucional del organismo.

La exposición está prevista para las 10 en el recinto de la Cámara de Senadores, y posteriormente la funcionaria estará disponible para responder preguntas de la prensa.

Días atrás, Vranicich ratificó el pedido del MPA para ser reconocido como un órgano autónomo, autárquico e independiente en la nueva Constitución de Santa Fe. “Somos optimistas de que se consolidarán el MPA y la Defensa Pública como órganos independientes”, destacó la fiscal general.

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El debate por el MPA y la figura del “extrapoder” también sigue sumando capítulos. La titular del MPA ya mantuvo reuniones con los distintos bloques para explicar su posición: busca que el organismo tenga plena autonomía funcional y financiera. Hoy, tanto las decisiones administrativas como las designaciones dependen de la Corte.

En los papeles, casi todos los proyectos coinciden en que el MPA debe dejar de estar bajo la órbita de la Corte. Pero hay matices: el del Colegio de Magistrados —presentado recientemente— va incluso más allá y plantea que el Ministerio Público Penal sea un “órgano extrapoder, independiente de los tres poderes del Estado”, en una estructura conjunta con el Servicio Público de la Defensa. Esta visión es compartida por el socialismo.

Por fuera del ámbito técnico, algunas voces de la política advierten que la autonomía del MPA puede abrir riesgos: que los fiscales se conviertan en actores con un poder desmedido y capacidad de poner “a todo el mundo bajo sospecha”. Por eso, los proyectos de Unidos ponen el foco en los controles y mecanismos de supervisión.

Un organismo en búsqueda de autonomía constitucional

Desde la creación del sistema penal acusatorio hace más de una década, el MPA ha trabajado con la convicción de que la independencia funcional de fiscales, jueces y defensores es un pilar esencial para un sistema de justicia eficaz y transparente.

Sin embargo, actualmente el MPA depende de la superintendencia de la Corte Suprema provincial, un esquema que la entidad considera insuficiente para garantizar su autonomía real.

“Ser extrapoder no significa equipararse a los tres poderes del Estado, sino contar con independencia en la organización y administración interna”, explicó Vranicich.

La propuesta plantea que el MPA sea incluido en la Constitución como un órgano separado de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, similar a lo que ocurre a nivel nacional con el Ministerio Público Fiscal.

Diálogo con convencionales y consenso

Durante las semanas previas al inicio de la Convención, representantes del MPA mantuvieron reuniones con todos los bloques de convencionales, así como con asociaciones intermedias, en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Según Vranicich, estos encuentros fueron “enriquecedores” y permitieron intercambiar ideas en un contexto institucional clave.

La fiscal general destacó que existe consenso entre los constituyentes sobre el rol que el MPA ha desempeñado en los últimos años y la importancia de su reconocimiento constitucional. En ese sentido, subrayó que la nueva Carta Magna debería contemplar las funciones específicas del organismo, como el diseño de la política de persecución penal pública, la promoción y ejercicio de la acción penal, y el enfoque en la protección de las víctimas.

Propuestas para estructura, financiamiento y régimen disciplinario

Además de solicitar autonomía, el MPA planteó la necesidad de que la Constitución establezca un diseño funcional claro, con un fiscal general con mandato periódico y coordinación con otras autoridades provinciales. También pidió un presupuesto mínimo objetivo y una política salarial equiparada a la del Poder Judicial, similar a la normativa nacional.

Por último, Vranicich destacó la necesidad de reformar el régimen disciplinario actual, que depende exclusivamente del Poder Legislativo para la remoción de fiscales. Propuso que los controles institucionales tengan un carácter cruzado y plural para garantizar equilibrio y transparencia.

“Estamos ante una oportunidad única de dotar de mayor calidad institucional al sistema de justicia penal de la provincia”, concluyó la fiscal general María Cecilia Vranicich, subrayando la importancia del proceso constituyente para fortalecer la autonomía y el rol del MPA en Santa Fe.