Santa Fe

El Ministerio Público de la Acusación va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por una actuación sobre una víctima de abuso

Piden que revoquen una resolución de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que admite someter a una víctima de abuso a pericias psicológicas para declarar en un juicio a pesar de contar con una cámara gesell y pruebas de ADN.

Lunes 03 de Mayo de 2021

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso extraordinario federal contra la resolución del 13 de abril de 2021, dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. Allí se admitía que una adolescente, que viene denunciando a su padre por abusos sexuales desde 2011 cuando era una niña, sea sometida a pericias psicológicas con el fin de ver si estaba apta para declarar en el juicio. Cabe destacar que además hay una cámara gesell realizada en 2017 y una prueba de ADN de un hijo que el abusador la obligó a tener.

Con enormes demoras para brindar justicia a la joven, recién en octubre de 2019 el caso cayó en las manos del juez del Colegio de Jueces de la Primera Instancia en lo Penal de la Primera Circunscripción Judicial, Dr. José Luis García Troiano, que resolvió que la víctima sea evaluada por un perito psicológico para determinar si podía estar o no en el juicio y de qué manera iba a declarar. El MPA, con representación de la fiscal Alejandra Del Río Ayala, apeló esta decisión por considerarla inconstitucional ya que significaba revictimizar a la denunciante al obligarla a contar todo otra vez cuando ya existe una cámara gesell de 2017.

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El casó pasó a ser evaluado por el juez Sebastián Creus, del Colegio de Jueces de Segunda Instancia en lo Penal de la Primera Circunscripción Judicial que en febrero de 2020 confirma la decisión de Primera Instancia. Allí el MPA interpone un recurso inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para evitar por todos los medios que la víctima sea obligada a tener que ser evaluada contra su voluntad y tener que relatar los abusos en una nueva instancia.

El álgido debate puso en peligro el inicio del juicio con enfrentamientos formales de las partes hasta el último minuto, al mismo tiempo que demoró los tiempos para que la víctima pueda recibir justicia. Por último, la Corte de Santa Fe resolvió en su actuación publicada en abril de este año ceder el poder de decidir sobre el peritaje a la víctima a una profesional de la salud mental, que se negó a realizarla por las mismas razones de género que fueron esgrimidas por el MPA y la querella.

El Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), copeticionaria en el caso C. E. R. C/ Argentina presentado ante el Comité Cedaw de Naciones Unidas, manifestó "suma preocupación" sobre la actuación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que dio a conocer UNO y alertan: "Consideramos que estos nuevos peritajes son una clara revictimización para la joven que lleva 10 años sin justicia". El caso tomó relevancia por el peligroso antecedente que puede marcar para todas las víctimas de abusos sexuales de la provincia.

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Finalmente el juicio contra el abusador, identificado como JMC de 44 años, se celebró este viernes donde fue condenado a 19 años de prisión. Así lo dispusieron por unanimidad los jueces Gustavo Urdiales, Luis Octavio Silva y Héctor Gabriel Candioti en el marco de un juicio oral. Los magistrados también hicieron lugar a un pedido de los fiscales Alejandra Del Río Ayala y Matías Broggi, ordenaron la prisión preventiva del acusado –quien había llegado en libertad al debate oral– y dispusieron su inmediata detención.

Ahora la fiscalía sigue el caso hasta los máximos tribunales del país por la actuación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. En el recurso extraordinario federal se reclama que se revoque la resolución que emitió la Corte sanatafesina. Entre los argumentos, además de la jurisprudencia internacional, el MPA sustenta que la actuación "carga a un experto con el deber de dictar una decisión de índole jurisdiccional, resolviendo la controversia entre las partes" y que la Corte local "omitió dar tratamiento a la cuestión sobre si la propia entrevista por parte de la perito que tenía por fin la determinación de la forma de producir la prueba no era revictimizante en sí misma".

El caso

El agresor es un hombre de 44 años cuyas iniciales son J. M. C. y es padre biológico de la víctima. Del Río Ayala solicitó una pena de 20 años de prisión para el hombre investigado. Y finalmente el juzgado en la ciudad de Santa Fe, conformado por Gustavo Urdiales, Octavio Silva y Héctor Gabriel Candioti, lo reconoció como autor de ilícitos contra la integridad sexual de su propia hija menor de edad y fue condenado a 19 años de prisión.

Todo comenzó hace una década –bajo el anterior sistema penal– cuando Analía (no es el nombre real) con 10 años de edad pudo denunciar a su padre biológico por reiterados abusos sexuales. Lo hizo a pesar del poco acompañamiento de su círculo íntimo, recibiendo presiones para no continuar el proceso y siendo una niña. Además de vivir en un contexto socioeconómico precario, en un pueblo pequeño de 2.300 habitantes con limitados recursos para el acceso a la salud y a la Justicia. La causa se archivó.

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Tiempo después de hacer todo este camino en la Justicia, fue forzada a dar a luz a los 15 años a un niño que según un informe de ADN es hijo del acusado. En 2016 la madre de la víctima efectuó una nueva denuncia por abuso sexual y se inició la investigación correspondiente. Se le tomó declaración en 2017 durante una cámara Gesell, espacio que se lleva adelante con profesionales que graban en audio y video las entrevistas para que las víctimas no tengan que volver a repetir el horror.

“Los hechos que investigamos en la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual del MPA fueron cometidos entre enero y junio de 2015, en la casa en la que el acusado vive y en la que lo visitaban sus hijos”, precisó Del Río Ayala. En tal sentido, añadió que “el acusado cometió estos abusos de manera continua y sistemática en el marco de estas visitas, aprovechando los momentos en los cuales la víctima dormía e hizo uso de la fuerza física para neutralizar la resistencia de la joven y la amenazó para que no contara nada de lo sucedido, aprovechando la situación de indefensión y temor de la niña”.

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Los años pasaron y nunca se le brindó reparación a Analía. En 2020 se intentó avanzar, hasta que cayó en el juzgado de segunda instancia a cargo de Sebastián Creus. Polémico juez, que tiene en su historial fallar a favor de anular la condena por abuso sexual al exarzobispo Edgardo Storni y liberar a los acusados del caso Baraldo, por ejemplo. Todo se pausó en el caso de esta joven cuando Creus dispuso la posibilidad de que Analía declare en el juicio por lo que la defensa solicitó que sea examinada nuevamente por especialistas para que se dictamine si estaba en condiciones de declarar.

Ante esta solicitud, el MPA presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia con el argumento de que “se encuentra en juego el derecho de la víctima al acceso a la Justicia, a ser oída y a vivir una vida libre de violencias”.

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En la resolución de la actuación de la Corte Suprema a la que accedió UNO se explica: “Abordar a la víctima para evaluar si está en condiciones de afrontar un juicio es revictimizante y violatorio de los principios de supremacía ética del Estado y de tiempo razonable” ya que de esta manera “se la objetiviza y se le niega su carácter de sujeto de derechos”. Se destaca desde el MPA, en sus presentaciones, el desgaste en una adolescente que acudió al Estado en reiteradas ocasiones, fue ignorada, y continuó siendo víctima de su padre durante años.

Asimismo advierten que es paradójico que ante la demora del Estado en la investigación “se castigue a la víctima, sometiéndola a nuevas exigencias procesales, transformando el trámite en un sistema de tortura para ella, en lugar de un mecanismo de reparación”. E insisten en las pruebas existentes como la cámara Gesell y el ADN.

Finalmente, en abril de este año la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el MPA. Votaron en contra Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Rafael Gutiérrez y Mario Netri. Por su parte María Angélica Gastaldi se manifestó en disidencia. Esto significa que la Corte da lugar a la posibilidad de que se realice el peritaje en la víctima. Gastaldi, la única jueza mujer, explicó en sus argumentos que “atento a las particulares circunstancias de la causa podría resultar revictimizante y reñida con los estándares internacionales que logran delinear un supuesto de asimilación por irreparabilidad del gravamen”. Al mismo tiempo advierte que la resolución “pone en peligro a la víctima por pretender que tenga que volver a ser evaluada para declarar, pese a haber brindado su deposición en cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba y con control de las partes”.

Al finalizar el juicio este viernes, los fiscales Del Río Ayala y Broggi expresaron: “Estamos conformes con la decisión del tribunal, no obstante aguardaremos los fundamos para analizar los pasos a seguir”, sostuvo el fiscal Broggi luego de conocer el fallo. “Los jueces condenaron al acusado, lo hicieron por unanimidad, impusieron una pena que es sólo un año menor a la que habíamos solicitado en nuestros alegatos, ordenaron la inmediata detención y rechazaron los planteos de nulidad de la Defensa”.

Broggi subrayó que “a raíz de diversos recursos presentados, el legajo atravesó un derrotero institucional que demoró el inicio del juicio oral”. En tal sentido, puntualizó que “la Defensa solicitaba que la víctima declarara en juicio porque en la actualidad ya es mayor de edad. Desde el MPA planteamos que hubiese sido revictimizante porque ya había declarado en cámara Gesell cuando era menor y, por lo tanto, no podía ser sometida a ninguna pericia ni obligada a relatar nuevamente sus padecimientos”.

El representante del MPA también recordó que “en el anterior sistema procesal penal se hizo una denuncia a raíz de los ataques sexuales que ya padecía la niña en 2011. Sin embargo, en aquel momento, el juez de instrucción entendió que correspondía dictar el sobreseimiento de quien hoy fue condenado”.

“Pasó el tiempo y el condenado volvió a abusar de su hija”, indicó Broggi. “Los hechos que investigamos en la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual del MPA fueron cometidos entre enero y junio de 2015, en la casa en la que el acusado vivía y en la que lo visitaban sus hijos”, precisó.

El fiscal del MPA manifestó que “el condenado también amenazó a su hija para que no contara nada de lo sucedido, aprovechando la situación de indefensión y temor”. “Al momento de estos abusos, la víctima era adolescente y producto de esos ataques sexuales quedó embarazada”, concluyó Broggi.

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